Cableros defienden que Ursec pueda bloquear sitios web “piratas”, mientras organizaciones advierten riesgos a la libertad de expresión

Con el objetivo de aumentar el control de estas actividades, el artículo 672 del proyecto de ley de Presupuesto, a estudio de la Cámara de Senadores, propone otorgar a la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones (Ursec) las facultades necesarias para bloquear los sitios web y las direcciones IP donde se transmitan contenidos ilegales sin contar con una orden judicial, algo que ha provocado opiniones diversas y reacciones en contra.

“Se piratean todas las señales y luego las venden a distribuidores en distintos países que cobran US$ 1 por suscripción. Después, ese distribuidor vende a los consumidores de su localidad un abono de cable por $ 400 ofreciéndole un contenido ilimitado. Es imposible competir con alguien que no tiene costos”, afirmó. Por eso entienden necesario mejorar la capacidad de acción de la Ursec, ya que hoy el procedimiento de denuncia es largo, costoso y poco efectivo.

“Encima a la persona la procesan sin prisión y al otro día comienza a vender desde otro sitio web. Queremos algo que permita que la Ursec o Antel corten el contenido de forma que se vea resentido el servicio, que al que paga ese contenido pirata se le corte la señal habitualmente y vea que ahí hay algo raro. Es la única forma que vemos para combatirlo eficazmente”, indicó el abogado.

Consultado respecto a la nota presentada por las organizaciones, Orticochea sostuvo que la normativa “no es desproporcionada de ningún modo”, ya que busca combatir un daño real a la industria formal que afecta a toda la cadena de producción. Además, aseguró que la solución que se propone es que la Ursec aplique una medida provisoria y revocable, bloqueando una señal ilegal en forma preventiva hasta por 30 días, hasta que la Justicia resuelva una medida definitiva. Afirmó que el regulador sería la entidad independiente que controlaría la validez y legitimación de la denuncia.

El articulo 672 ya fue aprobado en Diputados, sin los votos del Frente Amplio. Según el abogado, la oposición votó en contra “sin tener muy claro por qué”, y por eso buscarán explicarles cómo esta normativa permitiría frenar el problema del IPTV.

Para Orticochea, “la libertad de expresión y los contenidos libres en Internet tienen que estar totalmente garantizados”, pero lo que no puede pasar es que alguien lucre con el trabajo de otro. “Ese es el justo equilibrio. Para regular estos temas hay que ser precavidos y la Ursec en su momento deberá analizar detenidamente las denuncias que se presenten. Pero creemos que su intervención garantiza que no se cometan atropellos, y en todo, casi siempre serán cosas provisorias y preventivas”, agregó.

Discusión.

El 6 de noviembre, representantes de la CUTA asisitieron al Senado y el presidente de la institución, Washington Melo, sostuvo que las empresas “están sufriendo un daño gravísimo” por la piratería en Internet. Incluso, aseguró que algo que puede parecer inocente, en ocasiones es orquestado por organizaciones internacionales que operan como “verdaderas mafias”.

Melo reconoció que el artículo 672 podría ser considerado un poco amplio, por lo que desde la CUTA prevén acercar a la comisión de Presupuesto una propuesta para restringir su aplicación a las señales de TV para abonados que sean difundidas ilegalmente a través de Internet.

En tanto, el director del Observatorio Latinoamericano de Regulación, Medios y Convergencia, Gustavo Gómez, quien compareció el mismo día ante el Senado, sostuvo que “la herramienta puesta a consideración hoy está totalmente alejada” del objetivo que dice perseguir.

Según opinó, la Ursec actualmente “no está preparada ni tiene idoneidad” para aplicar la Ley de Derechos de Autor en cualquier plataforma, en tanto se presente una denuncia de cualquier persona que se sienta afectada, “sin el debido proceso garantizado por la ley y sin pasar por autorización judicial previa”.

“El hecho de que sea provisorio no termina de ser un problema para la afectación de derechos personalísimos como el derecho a la libertad de expresión; (…) la formulación, además, está hecha de manera tan amplia y vaga y sin especificación alguna sobre cuáles son las garantías, derivando todo a la reglamentación del Poder Ejecutivo, lo que tampoco parece ser una herramienta que dé certidumbre jurídica”, afirmó.

“Además de ser un despropósito en el sentido literal, porque la herramienta es un matamoscas para matar un mosquito y esto es una batería antitanque que se puede llevar todo puesto, desde el punto de vista de la redacción consideramos que dejar una legislación que puede afectar derechos fundamentales de manera tan laxa y dejar todo sujeto a la reglamentación, no parece ser una medida adecuada”, cuestionó.