Pese a que cuentan con decenas de abogados en sus servicios jurídicos, es cada vez más frecuente que los distintos organismos estatales contraten a especialistas en diversas ramas del Derecho, dijeron a Búsqueda letrados que trabajan dentro de los entes y otros que se desempeñan en el área privada pero que asesoran a menudo a las oficinas públicas.
Esta práctica genera un debate entre los propios abogados. Mientras algunos consideran que se trata de un hecho “natural” debido a la especialización que se registra en las ciencias jurídicas, otros entienden que puede estar reñido con la ética, ya que puede contratarse a abogados que luego actúan como contraparte del Estado en otros juicios.
El presidente José Mujica expresó una opinión crítica recientemente sobre este punto. En su audición en la Radio M24, el primer mandatario dijo que “una de las peores patologías” que existen en la administración pública son las “formas parásitas de picapleitos que viven escudriñándole los intestinos al Estado y terminan en muchos casos robándole suculentas sumas al Estado”.
“Lo peor es que después uno siente a estos picapleitos opinar de la democracia del Estado de derecho, de las garantías constitucionales. Engolan la voz y hablan en sesudos programas y no son otra cosa que parásitos del sistema jurídico que tratan de medrar con recursos no del Estado sino del pueblo que trabaja”, se quejó.
Ejemplos.
El caso más notorio de contratación de un abogado por un organismo público en las últimas semanas es el del penalista Gonzalo Fernández por parte del Banco República —por U$S 185.000— para que patrocine al presidente de esa institución, Fernando Calloia, y a otros jerarcas, en el juicio penal sobre presuntos delitos en el “caso Pluna”, pese a contar con una sala de abogados integrada por más de 20 profesionales.
El monto de esos honorarios incluyó el pago de U$S 136.688 más IVA por hacer efectivo el cobro del aval de U$S 13,6 millones que el banco estatal otorgó a la desconocida empresa Cosmo y que terminó pagando el empresario Juan Carlos López Mena.
A esa cifra se le debe sumar U$S 15.000 más IVA por la asistencia profesional a los jerarcas de esa institución, según un pedido de informes realizado por los senadores nacionalistas Carlos Moreira y Francisco Gallinal que fue publicado por el diario “El País”.
Además de este caso, en los últimos años hay muchos ejemplos de organismos públicos que acuden a los servicios de algún profesional destacado. Por ejemplo, Antel contrató al profesor titular de Derecho Civil Juan Andrés Ramírez para que se hiciera cargo del juicio que los guardahilos habían iniciado contra el ente por créditos laborales impagos. Este profesional acaba de ser contratado junto al procesalista Gabriel Valentín para representar al Estado en el juicio por más de U$S 1.000 millones que el empresario Fernando Barboni inició por la terminal de trenes General Artigas.
Más cerca en el tiempo, el Ministerio de Economía contrató a un abogado del estudio Guyer & Regules en el diferendo con el contratista de fútbol Francisco Casal. Ese caso ameritó una investigación penal por parte del juzgado de crimen organizado, que terminó en archivo.
En el famoso juicio que Argentina inició contra Uruguay en la Corte Internacional de La Haya el Estado contrató al ahora fallecido Héctor Gros Espiell y a un costoso bufete internacional, entre otros servicios.
Justificar.
Consultado por Búsqueda, el presidente del Colegio de Abogados del Uruguay, Bernardino Real, precisó que la gremial no ha discutido formalmente este tema. No obstante, señaló que en su opinión se trata de un hecho “natural”.
“Este tipo de contrataciones, a mi juicio, se pueden justificar por la creciente especialización. Hace 30 años eso no existía, pero hoy es un dato de la realidad. Ha habido un crecimiento enorme de la producción jurídica y no se puede saber de todo; ya no hay casi abogados que se sientan a esperar cualquier temática”, argumentó.
“Esa puede ser la explicación en asuntos de importancia o de cierta complejidad técnica; que el organismo estatal no cuente con especialistas y por eso deba recurrir a expertos externos”, agregó.
Para Real se trata de “un tema de buena o mala administración” en el que no hay en juego aspectos éticos, porque esa situación “no menoscaba la tarea de los abogados que están” en el servicio público.
“Si los que dirigen un ente consideran que deben obrar de ese modo se trata de una decisión político-administrativa”, concluyó.
En una línea similar se ubica Ramírez, quien ha sido contratado por el Estado en múltiples oportunidades.
“Al igual que sucede en otras profesiones universitarias, no todos los profesionales egresados tienen la misma especialidad. Por ejemplo, si uno tiene un problema de salud prefiere que lo vea un especialista a que lo vea el médico general”, expresó.
“Lo mismo pasa en materia jurídica. Hay diferentes especialidades que normalmente son académicas y coinciden con la docencia universitaria”, complementó.
Ramírez, quien es experto en Derecho Civil, dijo que el estudio que integra junto a otros socios funciona de una manera similar a como lo hace el Estado. “Si un cliente requiere asesoramiento en otra área además de la civil normalmente subcontratamos especialistas o les pedimos consultas”, ejemplificó.
“Tampoco hacemos defensas penales. En ese caso se pasa el tema directo a un penalista”, añadió.
“En el Estado sucede lo mismo. Normalmente, la administración tiene un staff que sirve para lo normal: responsabilidad usual del Estado o sumarios a funcionarios. Pero a veces surgen asuntos muy complejos en los que se requiere un especialista”, indicó.
“No voy a hacer un puente con alguien que solo construye casas”, manifestó.
Crítica.
En contraste, el director de Jurídica de UTE, José Alem, no concuerda “para nada” con esa opinión.
“No me parece bien que se contrate a un abogado de afuera, de un estudio, por ejemplo, con el que dentro de una semana me tengo que sentar a discutir un contrato millonario”, sostuvo.
Según Alem, los servicios jurídicos estatales deben trabajar mucho en la “abogacía preventiva” como forma de evitar que los diferendos se instalen. “Siempre es mejor y más barato prevenir que curar”.
El abogado sostuvo que en UTE aplica un método de trabajo similar al de los estudios privados y que por eso cuenta con especialistas en todas las áreas del Derecho. “No invento la pólvora, miro lo que hacen bien los estudios y copio lo bueno y que me sirve”, aseguró.
Esa metodología de trabajo ha llevado a que UTE gane más del 95% de los juicios que se le inician y que pague apenas un 3% o un 4% de los montos que se reclaman.
Manifestó Alem que en la historia reciente del ente no se ha contratado a ningún abogado externo. La excepción fue a comienzos de la década del 2000, cuando el entonces presidente contrató al penalista Juan Fagúndez porque un juez penal le había iniciado una denuncia por calumnia, luego que criticara a los magistrados por su actuación en el robo de energía.
