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“Yo tengo una tarea y tengo que enfrentar esa tarea, que además supone hasta un cambio de forma de vida, familiar, en el plano personal. Tengo hasta que empezar a ver el tema de la custodia, de analizar la preocupación por la propia familia”. A fines de enero, cuando todavía faltaba más de un mes para que asumiera como ministro del Interior, Jorge Larrañaga tenía claro que su nuevo cargo implicaba modificaciones a su rutina. La primera muestra llegó días después, cuando recibió una amenaza explícita de muerte a través de Facebook por parte de una persona con antecedentes por estafa, falsificaciones, lesiones y copamientos.
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La amenaza a quienes lideran el combate contra la delincuencia no es nueva en Uruguay, pero ha ido en aumento con la profesionalización y el crecimiento de grupos criminales locales e internacionales. El problema llevó a Larrañaga a ordenar que dos funcionarios policiales protejan a su antecesor Eduardo Bonomi —luego de negarse a hacerlo en un inicio— ante el latente peligro de las enemistades que desarrolló con nueve años de exposición al frente de la seguridad. Larrañaga aclaró que fue una decisión propia, ya que legalmente no hay nada establecido al respecto, lo que evidencia una situación casi totalmente voluntaria y aleatoria que abarca a autoridades de organismos públicos, jueces y fiscales tanto actuales como pasados.
Por ahora la normativa, a través de leyes y decretos, solamente comprende a distintos cuerpos de vigilancia. Uno es el Servicio de Seguridad Presidencial (SSP), dependiente de la Prosecretaría de la Presidencia de la República, con enlace directo al Ministerio del Interior y cuyo personal puede tener estado policial o civil, designado directamente por el presidente. Es el único servicio que brinda custodia personal, tanto al presidente como al vicepresidente.
Otro es el Cuerpo de Seguridad Legislativa, dependiente de la Comisión Administrativa del Poder Legislativo, formado por funcionarios nombrados por el ministerio para la custodia interna y perimetral de los edificios del Parlamento. Algo similar sucede con el Cuerpo de Seguridad Diplomática, encargado de controlar las embajadas y sedes de organismos internacionales, con la diferencia de que depende de la Jefatura de Policía de Montevideo. Esta Jefatura también controla al Cuerpo de Seguridad Judicial, responsable de vigilar los edificios del Poder Judicial.
El resto de las custodias, todas de tipo personal, están sujetas a la disposición del ministro. Entre estas se encuentran la suya propia, la del subsecretario y la del director nacional de la Policía. De solicitarlo, el presidente de la Junta Nacional de Drogas también puede acceder a vigilancia. Es el caso de Alberto Scavarelli, quien al día de hoy mantiene una custodia luego de ocupar ese cargo entre 1995 y 2000, así como la presidencia de la Comisión de Estupefacientes y Delito Organizado de Naciones Unidas y de la Comisión Interamericana para el Control del Abuso de Drogas.
Ante el aumento en el país de la operación y el encarcelamiento de narcotraficantes extranjeros, durante la administración de Bonomi el ministerio creó la Unidad de Protección Especial (UPE), al mando del subsecretario Jorge Vázquez, para la protección de jueces y fiscales de Crimen Organizado. Este grupo, pensado en principio como de élite y entrenado en rescates y enfrentamientos de armas de fuego de alto calibre, se enmarcó bajo el artículo 51 de la ley de Rendición de Cuentas de 2008 y el decreto 305 del 2009, según los cuales el personal destacado a tareas relativas a la lucha contra el narcotráfico y el lavado de activos recibirá una protección de carácter permanente que no caducará por el cese de actividades, jubilación, retiro o asignación de otras funciones del personal que las desempeña.
El paso del tiempo obligó a extender esta protección a más jueces y fiscales, al fiscal de Corte y a otras autoridades, de forma esporádica o continua, sin una norma específica ni protocolo que lo sustentara. El ministro es quien determina quién accede a la custodia basándose en informaciones de inteligencia que indican el índice de amenaza y el nivel de riesgo al cual están expuestos los funcionarios, que en algunos casos denuncian directamente la situación ante el ministerio.
Dentro del Poder Judicial, las tres juezas especializadas en Crimen Organizado cuentan con custodia. Sin embargo, los criterios se han ido flexibilizando debido a situaciones puntuales y algunos jueces de otras materias también tienen protección. En determinados casos porque trabajaron antes en Crimen Organizado, o porque han sufrido amenazas. La jueza Julia Staricco, por ejemplo, que hoy trabaja en Familia Especializada y antes estuvo en Penal, tiene custodia desde que trabajó en Florida, hace unos 10 años. Posteriores amenazas y disparos a uno de sus guardaespaldas hicieron que la protección se mantuviera.
Según señalaron fuentes oficiales a Búsqueda, antes de abandonar el gobierno Jorge Vázquez dio la orden de crear un protocolo para la UPE ante el desarrollo desordenado que había tenido. El documento fue elaborado por la Dirección de Planificación y Estrategia Policial y elevado a consideración del Poder Judicial. Entre otras cosas contempla mantener un mínimo de custodios, un chofer y un vehículo blindado para el presidente, el vicepresidente, los ministros de la Suprema Corte de Justicia, el fiscal de Corte y todos los demás casos en donde existe una denuncia por amenazas y una evaluación de riesgo que obliga a la protección de un funcionario a causa del trabajo que desempeña.
El protocolo fue analizado por la Suprema Corte, que lo estudió y realizó sugerencias al ministerio, dijeron fuentes judiciales. Desde entonces, con el cambio de gobierno mediante, la iniciativa quedó en stand by. El ministerio también transmitió a la Fiscalía General su interés de revisar la distribución de las custodias. Hoy cuentan con protección, por ejemplo, los especializados en Crimen Organizado, Homicidios y Estupefacientes. De igual modo que sucede con los jueces, fiscales de otras materias mantienen vigilancia porque fueron amenazados o porque trabajaron antes en Crimen Organizado, como es el caso de Gilberto Rodríguez. Sin embargo, no todos los que trabajaron en esa materia hoy tienen protección, por lo cual también se revisarán la razonabilidad de los casos excepcionales.
