Gobierno analiza en el exterior modelos de cárceles de máxima seguridad, impulsadas por Negro para reducir la violencia en las calles

La decisión se tomó tras un diagnóstico del Ministerio del Interior, liderado por Carlos Negro, sobre el sistema penitenciario y su impacto en la seguridad pública. Algunas de esas conclusiones, identificadas por integrantes de Interior y de la Policía Nacional, fueron compartidas por otras agencias del Estado y discutidas en la elaboración del Plan Nacional de Seguridad Pública que se presentará en las próximas semanas.

Un módulo carcelario en Santiago Vázquez. Foto: Javier Calvelo / adhocFOTOS

Las cárceles, el punto cero de la violencia

“Existe un consenso absoluto en que el sistema penitenciario es el principal reproductor de violencia y reincidencia”, dice un documento publicado en enero por el Ministerio del Interior.

Se trata de un informe de síntesis sobre los encuentros realizados en 2025 entre distintos actores públicos y privados para discutir las medidas que integrarán el Plan Nacional de Seguridad Pública. “Se identificó al sistema penitenciario como el ‘punto cero’ de la reproducción de la violencia. Este diagnóstico fue articulado con unanimidad por la academia, que lo calificó como una ‘vergüenza nacional’; por las organizaciones sociales, que denunciaron que las cárceles son espacios de ‘sobrevivencia’ que funcionan como incubadoras de criminalidad; y por los partidos políticos, que reconocieron su ‘peso gravitante’ en la inseguridad nacional”, señala el documento.

En ese diagnóstico se funda la decisión del gobierno de construir las cárceles de máxima seguridad, que a su vez coincide con la mirada que tenía el ministro Negro cuando asumió el cargo, una posición apalancada en su trayectoria previa como fiscal.

La intención es que las dos nuevas prisiones alojen a delincuentes con “perfiles de alto riesgo criminal”. Entrevistado el domingo 8 por El Observador, Negro señaló que la estrategia apunta a “los pesos pesados” del crimen organizado, aquellos que pueden incidir en el afuera incluso estando presos. “Muchas veces son los que lideran organizaciones criminales y las condiciones actuales no bastan para evitar”, aseguró el ministro, que agregó que se necesitan cerca de 100 plazas específicas, por lo que se prevé que ambas cárceles tengan espacio para 50 personas cada una.

La construcción de una cárcel para los privados de libertad más peligrosos fue una de las propuestas incluidas en el programa de gobierno de Luis Lacalle Pou (2020-2025). De allí surgió, durante el primer año de la administración pasada, un viaje a Brasil de integrantes del Ministerio del Interior para observar prisiones de máxima seguridad que sirvieran de referencia para Uruguay. Sin embargo, debido a restricciones presupuestales, finalmente se descartó construir una cárcel desde cero y se eligió adecuar una unidad especial dentro de un módulo abandonado que se ubica dentro del complejo de la Unidad N° 4 de Santiago Vázquez (el antiguo Comcar) y se denominó Unidad Nº 25.

En la Unidad N° 25 actualmente se encuentra, entre otros, Luis Alberto Suárez, señalado por la Policía y el ministro Negro como uno de los narcotraficantes más importantes del país. Debido a que la cárcel no fue diseñada específicamente como un centro de máxima seguridad y a que se volvieron habituales las críticas sobre excesos en el control y la vigilancia de los reclusos, el Poder Ejecutivo se propuso instalar dos nuevas prisiones que la reemplacen.

El objetivo es reducir la inseguridad externa al evitar que los presos mantengan operaciones desde las cárceles, con un fortalecimiento de la inteligencia penitenciaria, mientras que se procura garantizar la seguridad interna, asegurándose que los privados de libertad no generen problemas y tensiones en el sistema penitenciario en protesta por malas condiciones y tratos. Por ejemplo, la huelga de hambre que realizó el narcotraficante Luis Fernando Fernández Albín por sus condiciones de reclusión en la cárcel de Punta de Rieles, donde se encuentra aislado, una queja a la que se sumaron otros reclusos del Penal de Libertad.

“La comunicación en el adentro genera esas alianzas, esas sindicalizaciones”, dijo el ministro Negro en Canal 5, y señaló que muchas veces las medidas que toman dentro de la cárcel “repercuten en las decisiones que se toman afuera”.

El presidente del Sindicato de Trabajadores Penitenciarios, Germán Gutiérrez, dijo a Búsqueda que desde el gremio ven con buenos ojos el anuncio del gobierno porque Uruguay “no tiene cárceles de seguridad como tal” y “no hay protocolos o estándares que cataloguen a ciencia cierta” qué es un establecimiento de máxima seguridad, de media o de mínima. “Lo que hay es la Unidad N° 25, que es un módulo reacondicionado y se encuentra en el Comcar”, por lo cual “un narco está a pocos metros de contacto de otros 5.000 reclusos y las comunicaciones son fáciles de suceder”.

Según Gutiérrez, aunque los presos de la Unidad N° 25 están aislados casi las 24 horas, reciben visitas de sus abogados que no son monitoreadas por ninguna autoridad. “Es importante que existan cárceles diseñadas desde cero como máxima seguridad y ubicadas en puntos estratégicos, para que la geografía funcione como una barrera de seguridad”, dijo.

Por su parte, el presidente de la Organización de Funcionarios Civiles Penitenciarios, Jonathan Perdomo, planteó que están “preocupados” por el anuncio de la construcción de dos cárceles de máxima seguridad, que se suman a otras que ya están en construcción: en el terreno del Penal de Libertad se están haciendo tres unidades penitenciarias (27, 28 y 29) con capacidad total de 1.430 plazas, mientras que en Punta de Rieles está bajo construcción una nueva prisión para mujeres con 846 lugares.

“No hay personal”, criticó Perdono. “Crean cárceles sin presupuestar gente”, añadió.

Santiago-Vazquez

Riesgo por aislamiento en solitario

El informe anual de 2024 del entonces comisionado penitenciario para las cárceles, Juan Miguel Petit, planteó como preocupante que el régimen de la actual Unidad N° 25 de máxima seguridad “bordea la línea amarilla de aislamiento en solitario” y las reglas penitenciarias nacionales e internacionales, en lo que refiere al contacto humano mínimo. El documento agrega que el centro “sigue sin plasmar” que máxima seguridad o máximo control no significan mínimo o nulo tratamiento socioeducativo y nula socialización. “No se ha concretado un modelo que, aún teniendo en cuenta los complejos perfiles de estos internos, asegure la finalidad rehabilitadora de la prisión”. Para Petit, los internos están sometidos a un régimen muy duro que no puede extenderse en el tiempo.

La Unidad Nº 25 —que era originalmente el módulo 12 del antiguo Comcar, hasta que en 2018 fue destruido en un motín y se clausuró— tiene cuatro alas con 12 celdas cada una, por lo cual su capacidad es limitada a 48 personas. Allí las personas privadas de libertad —que en 2022 en promedio eran 12, en 2023 fueron 23 y al año siguiente 28— están en celdas individuales donde permanecen 22 horas por día, salen al patio de manera individual entre una y dos horas diarias, y se encuentran incomunicados entre ellos. Este último punto “es comprensible por el tipo de delitos que han cometido y la necesidad de evitar la conexión con otros internos dentro del sistema que podrían generar violencia”, dice el informe de 2024 del comisionado, pero “eso no justifica que se descarte la atención penitenciaria general que debe existir: educación, patio, deporte, salud, salud mental, contacto familiar”.

Antes de la creación de la Unidad Nº 25, los autores de delitos de extrema gravedad eran alojados en el quinto piso de la Jefatura de Policía de Montevideo.