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La Asociación de Magistrados del Uruguay (AMU) atraviesa su etapa más oscura desde 1994, cuando se fusionaron organizaciones de jueces del interior y Montevideo. En las últimas semanas el gremio acentuó su confrontación con la Suprema Corte de Justicia para exigirle concursos y ascensos con más transparencia, aunque el organismo estableció un sistema con el que discrepan. Al mismo tiempo se profundizan las diferencias internas debido a las reacciones radicales del gremio.
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Esta situación sin precedentes la originó la Ley 19.830 de setiembre de 2019. Plasmó una larga aspiración de la AMU: estableció concursos obligatorios para el ingreso y el ascenso de los jueces. El sistema vigente dispone elaborar una lista para ascender creada cada dos años por una Comisión Asesora. Están representados la Corte, ministros de los tribunales, la AMU, el Colegio de Abogados y la estatal Facultad de Derecho. La Corte buscó limar asperezas y en marzo creó un nuevo sistema que regirá a partir del 1º de febrero. Amplía la comisión asesora al incorporar a las universidades privadas, precisa más detalles sobre los postulantes, establece concursos de presentación voluntaria y valorará los cursos de capacitación pero también los deméritos. Las nuevas normas tampoco fueron del agrado de la AMU, que pretendió más puntaje sobre la antigüedad que para la prueba de conocimientos o la capacitación.
La Corte votó la inconstitucionalidad de la ley a través de cinco ministros de tribunales que subrogaron a los titulares, impedidos de intervenir por ser accionantes del recurso. No se oponen a los concursos, sino que defienden las potestades de la Corte para reglamentarlos y que no lo haga el Poder Legislativo. Dijeron que la nueva Ley 19.830 invadía la “soberanía” del Poder Judicial al legislar sobre su organización interna. Implica una politización del sistema y una pérdida de garantías para la independencia: la ley no puede recortar una potestad constitucional. Los ministros subrogantes fueron Álvaro Messere, Alicia Álvarez, Claudia Kelland, Loreley Pera y Edgardo Ettlin.
La ley había sido promovida durante la presidencia de la AMU de Alberto Reyes mediante gestiones con el senador Charles Carrera (MPP), uno de los redactores. El gobierno de Tabaré Vázquez logró el apoyo legislativo unánime para votarla y los abogados blancos y colorados estaban distraídos.
Tras la sentencia Carrera reaccionó con dureza. La consideró un retroceso y en una carta a Búsqueda (Nº 2.184) la calificó de “infamia”. Remarcó que no se le ocurría otra forma de calificarla. Según la RAE ese vocablo define una “acción malvada y vil”. Insólito insulto a los jueces de un senador de la República, que además es abogado. Utiliza ese vocablo mientras sus pares lo investigan por abusar de su cargo en el Hospital Policial cuando fue director general del Ministerio del Interior. Durante dos años le proporcionó asistencia médica a quien era su esposa y durante tres años y medio habilitó la internación de un herido por una bala de la policía, que quedó lisiado. También le pagó partidas de alimentación. Todo con su plata y la mía. ¿Infamia dijo?
En el programa En perspectiva Carrera propuso crear un Ministerio de Justicia para zanjar conflictos entre el gremio y el Poder Judicial. Algunos valoran que puede apuntar a quitarle poderes a la Corte. Comenzó con la Ley 19.830 para avanzar con un ministerio y terminar con la creación de un Consejo General del Poder Judicial. Blancos y colorados se la comieron en dos panes.
Antes de la asamblea algunos jueces realizaron consultas entre sus pares buscando desafiliar a los firmantes de la inconstitucionalidad. Esa intención —filosóficamente afín con las destituciones de jueces durante la dictadura— no se concretó por consejos legales. La probable declaración como servicio esencial los llevó a desistir.
Lo ocurrido provocó renuncias en cascada al gremio de varios ministros de los tribunales de apelaciones: Mónica Bortoli, Cristina Cabrera, Marta Gómez Haedo, Loreley Pera, Cecilia Schroeder, Edgardo Ettlin, Álvaro França, María del Carmen Díaz y la jueza de paz Yanir Pérez. A los ministros no se les puede atribuir intenciones laborales ocultas: los cargos que ocupan son definitivos sin posibilidad de ascender mediante calificaciones.
El primer paso digno en esa dirección lo había dado Cabrera en marzo de 2021. Presidía el gremio y renunció por “discrepancias de carácter jurídico con las decisiones gremiales”. En El Observador argumentó: “Cuando uno llega a un límite de considerar que sus principios no condicen con las decisiones gremiales es mejor hacerse a un lado”.
A partir de ese momento se agudizaron las diferencias internas, que se acentuaron ante la inminencia de la entrada en vigor del nuevo sistema de ascensos dentro de dos meses. En agosto la lista opositora 1994, encabezada por Leonardo Méndez, ganó las elecciones de la AMU al derrotar por una diferencia de solo tres votos a la oficialista Lista 1. En Desayunos informales, de Teledoce, Méndez dijo que durante su gestión se pondrá énfasis en una actividad gremial “más firme”. Insistió en la necesidad de los concursos y en reglamentar los ascensos.
Algunos jueces a los que consulté esta cuestión me señalaron la contradicción moral de que varios de quienes reclaman transparencia aceptaron ascensos mediante el sistema que ahora cuestionan: “Mantener los principios habría significado rechazar los ascensos”.
Advirtieron que Méndez fue asesor técnico del exministro de la Corte Jorge Larrieux y cuando cesó en 2016 fue designado a dedo juez letrado de Las Piedras, a 23 kilómetros de Montevideo. En 2021, habiendo integrado la lista de ascensos, fue promovido a juez de concurso. Méndez aspiraba a la materia civil, de la que se considera un especialista. En su currículum no figura ningún curso de posgrado en esa materia ni en otras.
Una jueza recordó una frase atribuida al humorista Groucho Marx: “Estos son mis principios, y si no le gustan, tengo otros”. Varios años antes un diario de Nueva Zelanda había publicado una frase de autor anónimo más precisa para este caso: “Estos son mis principios, pero, si no les gustan, los cambio”.
