Un mail que llegó desde la Caja de Jubilaciones y Pensiones de Profesionales Universitarios (CJPPU) fue lo que encendió las alarmas de un grupo de afiliados, que se sintieron “afectados”, “disconformes” y “desamparados” con lo que leyeron en ese correo electrónico. Las autoridades informaban que presentarían un anteproyecto de reforma, ante una situación patrimonial del instituto que comenzó a “deteriorarse” a partir de 2010 y que “progresivamente empeora”, según el texto firmado por el directorio encabezado por Gonzalo Deleón.
El enojo de ese grupo de “profesionales independientes” se materializó y, en “pocos días”, recogieron 2.000 firmas de afiliados también disconformes. Una preocupación central de esta unión es la “situación de los cincuentones”, porque la reforma planteada establece un período de transición corto para aquellos que están cerca de la jubilación.
Lo que está previsto es una “reforma asesina” para los cincuentones, señaló Gustavo López Secchi, director de la caja designado por el Poder Ejecutivo, en una de las sesiones del directorio. Dijo que “la transición es muy corta” y que los cincuentones deben quedarse “el doble trabajando”, pero “por la misma plata”. Agregó: “Esto hay que explicarlo bien porque la gente se va a enojar, y se va a enojar mucho y va a tener razón”.
El anteproyecto —que ahora está a consideración de la Comisión de Expertos en Seguridad Social (CESS)— establece un aumento de la edad mínima de jubilación de 60 a 65 años, con un diseño de transición que contempla los años aportados a la caja a través de un sistema de puntos.
El grupo de profesionales independientes, integrado por 160 personas, planteó ante la CESS —que analiza una reforma que abarcará a los distintos subsistemas— su desacuerdo con que se “cambien las reglas de juego a personas cercanas a jubilarse” y con que no afecte “en absoluto” a los pasivos de su caja.
Para la contadora Alicia Palermo, en la propuesta de la CJPPU no existe un “proceso de adaptación” y “alguien que tiene 56 años en este momento y le quedan cuatro años para jubilarse, tiene que trabajar hasta los 65”, ejemplificó a Búsqueda.
El presidente de la caja reconoció que el “período de transición” es “corto”. Quienes diseñaron el proyecto “ensayaron múltiples escenarios” para estirarlo, pero no encontraron “un formato”, aseguró a Búsqueda.
Dijo que se sentiría “agradecido” si la CESS encuentra una mejor fórmula para que la transición sea más larga, sin “resentir la viabilidad” de la CJPPU. “La reforma no es la que queremos. Es lo mejor que se pudo lograr”, comentó. También aseguró que al diseño del anteproyecto se llegó a partir de un “consenso” entre los representantes de la caja.
Esa propuesta incluye el aumento —de tres a 12 años— gradual del período considerado para el cálculo de la jubilación; se aplicaría una tasa de reemplazo mínima de 50% a la nueva edad de retiro (y de 40% y 55% para prestaciones por edad avanzada e incapacidad, menores a las vigentes); “mejora” el diseño y el monto de los beneficios para profesionales activos; y cambia la escala de sueldos fictos para nuevos profesionales que se incorporen (se consideran 15 categorías en lugar de las 10 actuales).
Los escenarios
Consultado por Búsqueda, el presidente de la CESS, Rodolfo Saldain, no tiene una opinión formada sobre la transición de los “cincuentones” de la CJPPU y planteó diferencias con el diseño contenido en el anteproyecto: “Si lo que se busca es una solución perdurable en el tiempo, esta iniciativa no es una base suficientemente sólida”.
El subgrupo de la comisión que trata los temas de las cajas paraestatales resolvió el martes 8 invitar a las autoridades de la CJPPU para la próxima semana. Entre los integrantes de la CESS no hay un “criterio” sobre este tema y hay dos “posibilidades”, explicó Saldain. Un escenario de “mínima” es el diseño que presentó el instituto de los profesionales universitarios, que Saldain sintetizó: “Toco alguna cosa, tiro unos años más y después veo”, sin que sea una “solución”. El otro plano implica “ir hacia algo más de fondo”, que sería un proyecto “disidente” al presentado, evaluó.
Los números.
Sin cambios al régimen, la “viabilidad” de la caja de profesionales es de 10 años y el objetivo de la reforma propuesta fue “ampliar el horizonte”, según plantearon sus autoridades en el correo electrónico enviado a los afiliados. Aseguraron que la propuesta permitiría lograr entre 16 y 18 años de sostenibilidad, según las estimaciones hechas por la propia caja.
Actualmente, la CJPPU tiene cerca de 60.000 profesionales activos, 12.500 jubilados y 5.000 pensionistas. La edad promedio de jubilación es de 64 años y el monto promedio de la prestación es de $ 67.095. La media de aporte de cada afiliado es de $ 10.495, informaron a las autoridades de la CESS.
En la última década, los ingresos crecieron menos que los egresos y pese a la “buena relación” activo/pasivo, la situación de la CJPPU se “deteriora con los años”, señalaron en el mail. Las palabras elegidas en ese correo electrónico fueron cuestionadas en el directorio. Luis González, uno de sus integrantes, comentó que la “crudeza” de algunas frases provocó “preocupación en muchos que no la tenían”. Y comentó: “Desde el punto de vista del marketing, se han pegado un tiro en el pie”.
“Irregularidades”
El grupo de “profesionales independientes” que está oponiéndose al anteproyecto de reforma reconoce que, antes de recibir la iniciativa, no estaba al tanto de lo que sucedía en la interna de la institución. Pero ese documento que recibieron fue un punto de quiebre, a partir del que comenzaron a “investigar” situaciones en la CJPPU, aseguran sus voceros.
Señalaron que encontraron “irregularidades” y, en uno de los documentos difundidos por el grupo, las detallan: hubo “aumento de sueldos” a funcionarios del instituto que consideran “vergonzosos”; consultoras “con oficinas” que contrataron y despidieron empleados, debiéndose pagar “sumas millonarias”; y falta de auditorías. También mencionan el sueldo del gerente general, que a enero del 2020 ascendía a $ 715.900 y excedía los topes legales vigentes. Varios de esos aspectos ya han motivado polémicas en la CJPPU.
Consultado acerca de esas denuncias, Deleón comentó que la CJPPU por primera vez firmó un convenio colectivo con sus empleados y que este directorio resolvió una baja de 22% en el salario de sus integrantes (que se aplicará a partir de que asuman las próximas autoridades). A su vez, sostuvo que “nunca” vio una “consultora dentro de la caja”.
Otra de las “irregularidades” advertidas refiere a la compra de “urgencia” de un generador eléctrico por el que la CJPPU pagó US$ 25.000. En la sesión del directorio del 29 de abril pasado, el director Oscar Castro planteó que ese equipo está “sin conectar” hace más de un año y “sin hacer el mantenimiento mensual” recomendado para que no “quede arruinado”. Sobre este punto, Deleón contestó que hay un informe elaborado por la Gerencia General que explica las “dos razones” por las que el generador no se instaló. El texto dice que la red eléctrica del instituto está “desaconsejada” y que instalarlo implicaría que empiece a regir la garantía. Ahora está previsto un trabajo de “adecuación de las tierras” y, una vez finalizado, se “retomarían” las “tareas de instalación”.
La Asociación de Afiliados de la CJPPU también consideró que la gestión de la caja “merece muchas críticas” y la definió como “deficiente” en los siguientes aspectos: el “manejo” de inversiones, el “control” de los profesionales que declaran no ejercicio, la “gestión” de los deudores y el acceso a la información. Además, sostuvieron que hace “falta” un “comité de inversión” y una “política de préstamos”.
Por su lado, el Orden Profesional, otro grupo de afiliados, planteó “serios problemas de gestión”, pidió un “manejo más austero y profesional” y un “mayor compromiso” de los administradores del sistema. También criticó las inversiones hechas por la caja, que “son menos convenientes” que las de las AFAP.
Para Deleón, “no hubo” problemas de gestión durante su administración y para demostrarlo menciona que las inversiones tuvieron una rentabilidad del 12,96%, una cifra “igual o mayor” a los resultados de administradoras de fondos previsionales privadas.
