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La Cámara de Agentes Pesqueros Extranjeros advirtió en el Parlamento “preocupación” por cuatro artículos en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas que, sostienen esos empresarios, crearán “barreras comerciales y burocráticas” que desalentarán la operación de esos buques en el puerto de Montevideo.
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Esa gremial representa a agentes marítimos y operadores portuarios que prestan servicio a las naves de bandera extranjera que operan en aguas internacionales o de terceros países. Su presidente, Aldo Braida, junto con otros dirigentes, alertaron que los artículos 133, 135, 136 y 137 incluidos en la iniciativa legislativa “están llenos de errores e inconsistencias” al comparecer el 30 de julio ante la Comisión de Presupuestos integrada con Hacienda de la Cámara de Diputados. Responsabilizaron directamente al director de la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), Jaime Coronel.
Para Braida, en la redacción dada por Coronel hay “errores jurídicos y conceptuales que dejan en evidencia una gran ignorancia y una incompetencia”, lo que a su juicio es “grave”.
Explicó a los legisladores el marco jurídico vigente. Dijo que la ley nacional de pesca (19.175) se aplica a buques de bandera nacional, mientras que la 19.017 refiere a la aprobación de un acuerdo internacional sobre las medidas del Estado rector del puerto destinadas a prevenir y desalentar la pesca ilegal, y que refiere a la entrada de buques que operan más allá de la zona económica exclusiva y que son de bandera extranjera.
“Los ámbitos de aplicación de cada norma son muy claros, pero, en su afán de controlar y sancionar, (…) Coronel se toma la libertad de modificar la aplicación” del acuerdo internacional en Uruguay y establecer que en lugar de expulsar al barco del puerto en caso de detectarse pesca ilegal, como lo establece dicha norma, se sancione a los operadores, aseguró el presidente de la cámara.
A su juicio, el artículo 133 plantea la “responsabilidad solidaria” del agente para que el buque pueda recibir los servicios para su operación (aprovisionamiento, descarga, combustible, movimiento de tripulantes, etcétera). Y ante ello, aclaró que el agente marítimo es un prestador de servicio, sin “poder” sobre el buque, la carga ni su personal. Al mismo tiempo, cuestionó que Coronel afirmara días antes en su comparecencia ante la comisión legislativa que como no se podía sancionar a una empresa extranjera (que pudo haber hecho pesca ilegal en aguas internacionales) había que “sancionar a alguien”. Para Braida, con eso “queda en evidencia que el señor Coronel lo que quiere es aumentar su poder de sancionar sin importar si las actuales normas se cumplen o no. Es increíble”.
Recordó que la sanción que ya prevé el acuerdo internacional es de por sí “sumamente grave y dura ante la constatación de pesca ilegal”, y es la denegación de la entrada al puerto o la expulsión del buque si se tiene prueba suficiente.
Alertó que ese artículo “discrimina y viola” el acuerdo internacional y crea “barreras legales, burocráticas y comerciales” a los buques que operan legalmente y cuya actividad crea empleo y derrame económico en el puerto uruguayo.
Informó que en 2020 ingresaron al puerto más de 300 embarcaciones pesqueras de bandera extranjera y que esa actividad es generadora de unos US$ 150 millones anuales.
Sobre el resto de los artículos referidos a su sector incluidos en la Rendición de Cuentas, Braida señaló, entre otras cosas, que se plantean inconsistencias con el acuerdo internacional al que adhiere Uruguay. Eso —dijo— puede causar “problemas diplomáticos graves”, además de dar lugar a que ocurran “arbitrariedades y abusos”.
La gremial solicitó la eliminación de los cuatro artículos del proyecto.
