Esa propuesta está incluida en el proyecto de ley de Rendición de Cuentas del Poder Ejecutivo, en los artículos 133 y 134, referidos a la Dirección Nacional de Recursos Acuáticos (Dinara), que estipula mecanismos de “refinanciación”, remisión “parcial” de deuda, intereses “reducidos” y condiciones específicas de “caducidad” ante incumplimientos.
Por una parte, las deudas acumuladas por ese tipo de situaciones ascienden a aproximadamente 10.000 UR, lo que equivale a $ 19.226.800, según información del Departamento Financiero Contable de la Dinara correspondiente a 2026.
La “acumulación de obligaciones impagas” causó “dificultades en la gestión administrativa del régimen de permisos” de pesca, lo que afectó la regularización de situaciones pendientes y limitó el normal desarrollo de la actividad productiva de los operadores del sector.
Igualmente, el contexto económico del sector se caracteriza por “altos” costos operativos, “variabilidad” en los ingresos y “limitaciones en la capacidad de pago” de las empresas y los titulares de permisos, lo que contribuyó a la “persistencia y el crecimiento del endeudamiento”.
De enero a junio de este año el monto de las exportaciones de pescados y productos del mar llegó a US$ 61 millones, lo que es un 2% menos que en igual período de 2025, según datos del instituto Uruguay XXI
En la actualidad, figuran unos 45 permisos de pesca comercial, tanto industrial como artesanal, que están vigentes o que vencieron en 2026, además de cinco vencidos en los últimos dos años, según el listado publicado por la Dinara el 17 de julio pasado en su sitio web. En esa lista se encuentran permisos de tres categorías: el A, que es para buques que tienen el objetivo de capturar merluza y especies acompañantes; el B, que es para la captura de corvina, pescadilla y especies acompañantes; y el C, que es para la pesca de calamar, anchoíta, cangrejo rojo y especies que viven cerca o en el fondo del mar.
Si bien el MGAP en un informe técnico de fines de 2025 advirtió que el estado de la merluza muestra un estadio biológico preocupante, por el bajo nivel histórico de la biomasa reproductiva, la captura industrial de esta especie aumentó de 12.000 a 19.700 toneladas entre 2024 y 2025.
Además, hay una docena de permisos de pesca del tipo A que este año siguen vigentes y se enfocan en la captura de la merluza, según datos de esa secretaría de Estado.
De enero a junio de este año el monto de las exportaciones de pescados y productos del mar llegó a US$ 61 millones, lo que es un 2% menos que en igual período de 2025, según datos del instituto Uruguay XXI. Dichos datos muestran que en 2024 las exportaciones totalizaron US$ 109 millones y en 2025 alcanzaron los US$ 122 millones.
Entre los principales mercados para las exportaciones de pescados de Uruguay figuran China, Estados Unidos y países africanos, como Camerún y Gabón, conforme con datos del MGAP.
Sostenibilidad económica
En la justificación de las acciones previstas para el tratamiento de las deudas, el MGAP manifiesta la intención de promover “soluciones administrativas efectivas”, “facilitar la reinserción productiva y formal” de los operadores del sector, y “favorecer la sostenibilidad económica y administrativa” de la pesca.
La Dinara mantiene un volumen “significativo” de multas “impagas” derivadas de “infracciones” a la normativa pesquera y acuícola, correspondientes sobre todo a titulares de permisos de pesca comercial industrial y operadores vinculados al sector, según el proyecto en cuestión.
Se indica además que el endeudamiento estimado por concepto de multas de personas físicas y jurídicas titulares o vinculadas a embarcaciones pesqueras industriales asciende a unas 20.000 UR ($ 38.453.600), según información del Departamento Financiero Contable de la Dinara correspondiente a 2026.
A esa situación se le suma que “numerosas sanciones y créditos adeudados presentan dificultades para su cobro efectivo, debido al transcurso del tiempo, la acumulación de intereses y recargos y las limitaciones económicas” de diversos operadores del sector, señala.
El MGAP reconoce que la situación descripta “afecta la eficacia del régimen sancionatorio” vigente, “dificultando la regularización administrativa de operadores pesqueros”, que mantienen “restricciones o impedimentos asociados a permisos y autorizaciones administrativas debido a la existencia de deudas acumuladas”.
La Dinara mantiene un volumen “significativo” de multas “impagas” derivadas de “infracciones” a la normativa pesquera y acuícola, correspondientes sobre todo a titulares de permisos de pesca comercial industrial y operadores vinculados al sector, según el proyecto en cuestión
La situación de endeudamiento y las dificultades de cumplimiento por parte de los operadores del sector pesquero también se agravaron en los últimos años por diversas situaciones de “crisis”, que impactaron directamente en la “continuidad” y la rentabilidad de esta actividad.
Entre ellas, la Dinara destacó períodos “prolongados” de inactividad derivados de “conflictos sindicales, interrupciones de zafras pesqueras, afectaciones operativas vinculadas a campañas de prospección sísmica” y otras circunstancias que “impactaron directamente” en el sector.
Estas situaciones derivaron en una disminución “sustancial” de ingresos en determinados segmentos de la actividad, lo que afectó “la capacidad económica y financiera” de empresas y operadores para “afrontar oportunamente las obligaciones” derivadas del “régimen sancionatorio y administrativo vigente”, argumenta.
Y en ese sentido, el MGAP propone establecer un régimen “excepcional y transitorio” de facilidades de pago que permita promover la “regularización voluntaria” de deudas derivadas de infracciones a la normativa pesquera y acuícola.
La propuesta resulta “oportuna” en atención al “importante volumen de multas” actualmente impagas y a las dificultades existentes para su “recuperación efectiva” por parte del Estado, situación que “debilita la eficacia del sistema sancionatorio” y “limita la normalización administrativa de operadores” del sector, sostiene el MGAP.
A modo de justificación, la secretaría de Estado plantea que la implementación de un “régimen especial de facilidades” de pago permitirá “incrementar los incentivos para cancelar obligaciones” pendientes, “mejorar los niveles de cumplimiento administrativo y “fortalecer la recuperación de créditos públicos” asociados al régimen sancionatorio pesquero y acuícola.
Esta iniciativa se encuentra “alineada” con los objetivos de fortalecimiento institucional, eficiencia administrativa y sostenibilidad del sector pesquero, en procura de “equilibrar” el interés fiscal y sancionatorio, señala el documento.
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