Fabricantes e importadores vuelcan en el mercado interno millones de kilos de PET, PVC, vidrio, papel, cartón, tetrabrik —entre otros residuos— en el envase de los productos que comercializan al consumidor final y, de acuerdo a la normativa vigente desde 2007, deben financiar su tratamiento, reciclado y/o disposición final. La policía del sistema es el Ministerio de Vivienda Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Mvotma), que hace un seguimiento de los planes de gestión de envases a través de un registro y multa a las empresas incumplidoras, a la vez que el Ministerio de Desarrollo Social interviene en los aspectos sociales.
Uno de los programas que tiene más adhesión es el de la Cámara de Industrias (CIU), un fideicomiso en el que participan más de 2.300 empresas de diversos rubros de actividad y que funciona en seis departamentos. Ese sistema de gestión de envases se financia con aportes de las firmas según los costos de administración y seguimiento, y la cantidad y tipo de material vertido. Por estatuto, los montos no son públicos. Los envases no retornables se clasifican en cuatro plantas ubicadas en Montevideo y otras en el interior del país.
También existen planes particulares por empresa y en sectores como el farmacéutico, de neumáticos, repuestos y agroquímicos, entre otros.
Pero el gobierno planteó a mediados de este año la “decisión de promover una ley nacional de residuos” a través de la cual el plan de envases pasaría a estar bajo el “paraguas del Estado”, cobrando “impuestos y tasas” que aumentarían “exponencialmente” el costo para las empresas, dijo a Búsqueda el presidente de la Comisión de Medio Ambiente de la CIU, Maurizio Rista. Aseguró que el Poder Ejecutivo apunta a expandir el sistema a todo el país y a incluir a “todos los clasificadores”. Actualmente el programa de gestión que lleva adelante esa gremial emplea en forma directa a 300 personas.
“Por más buena intención que exista, los industriales no están dispuestos a asumir costos sin conocer dónde va ese dinero, o cuando hay objetivos difusos. Las empresas están muy preocupadas”, señaló el dirigente industrial.
El jueves 17, el presidente de la CIU, Washington Corallo, dejó planteada la inquietud en la celebración del Día de la Industria en presencia de la ministra del ramo, Carolina Cosse, y otras autoridades, a la vez que defendió la gestión realizada por la gremial en los últimos nueve años. “Si algo no está descompuesto ¿para qué arreglarlo? Si tiene problemas, ¿por qué no los analizamos y buscamos la mejor solución, no solo la políticamente correcta? Si buscamos la participación público privada, ¿por qué cuando hemos demostrado a lo largo del tiempo que somos un socio confiable, se piensa en desandar el camino que tanto costó construir?”, cuestionó el empresario.
La Cámara Nacional de Comercio y Servicios (CNCS) también elevó por escrito sus reparos al Mvotma. El asesor de la gremial en estos asuntos, Juan Abdala, dijo a Búsqueda que la gestión de residuos tiene que ser “libre a públicos y privados”, además de enfocarse en el concepto de “responsabilidad compartida entre el importador, fabricante, distribuidor, comerciante y consumidor”. Agregó que la inclusión social de los clasificadores debe ser regulada aparte, en una norma específica que refiera a ese rol, por ejemplo, como una categoría laboral.
Abdala informó que del intercambio que se viene dando en el marco de la Comisión Técnica Asesora de la Protección del Medio Ambiente (Cotama) surgió que el gobierno aspira a recaudar con la nueva ley proyectada entre U$S 30 y U$S 40 millones anuales, pero cuestionó que no se divulgue el presupuesto destinado actualmente a la gestión de residuos ni cuánto más se necesitaría para instrumentar el cambio.
“La tasa (de reciclaje) propuesta no es aplicada de forma gradual (según el anteproyecto de ley). No hay economía que resista que un impuesto o tasa pase de 1 a 10 de un día para el otro sin impactar en la inflación y consecuentemente retraer el consumo”, aseguró la CNCS en un análisis sobre el nuevo sistema.
Tanto esa gremial como la CIU sostienen, además, que antes de crear impuestos deberían desarrollarse acciones para incentivar, capacitar u otros propósitos, y por esa vía procurar disminuir el impacto en el medio ambiente.
Impuestos e inclusión.
El anteproyecto de ley que se discute en la Cotama, en su versión de fin de octubre, plantea la regulación a nivel nacional y departamental de la prevención, minimización de la generación, recolección, transporte, almacenamiento, comercialización, reciclado y otras formas de valorización, tratamiento y disposición final de los residuos sólidos. En ese marco, indica que se derogará la ley de envases, reglamentada en 2007 y se establecerá un “proceso de transición”.
Para promover la adecuada gestión de los residuos el texto prevé la creación de varios “instrumentos económicos financieros”: un impuesto a la disposición final de residuos; una tasa para brindar el servicio de recolección selectiva y valorización de residuos especiales, e impuestos a materias primas y productos con el fin de promover el uso racional de recursos y el consumo de materiales reciclados.
Al respecto, Rista planteó la “preocupación” de todo el sector industrial y también de los importadores —mencionó específicamente a las empresas Cousa, Salus, Danone, Pernod-Ricard y también a otras pequeñas— por el “crecimiento exponencial en el esquema de costos” si éste sistema de gestión de envases aplicara estos instrumentos.
La inquietud radica además en el riesgo que enfrentan en el nivel de actividad las fábricas de plástico locales, puesto que la regulación que promueve el Ejecutivo prevé que algunos materiales que hoy se usan en la fabricación de, por ejemplo, bandejas y vasos descartables se prohíban cumplido un año de la entrada en vigor de la nueva norma. Para promover el uso de materiales reciclados la CIU propone la “exención de impuestos” a aquellas materias primas y productos que cumplan con el objetivo ambiental.
Rista agregó que al prohibir algunos procesos productivos y materias primas “peligra la fuente laboral de muchas personas” de la industria del plástico.
Opinó que debería plantearse una “gradualidad” en ese tipo de medidas y pidió que se “defiendan todos los puestos de trabajo, de los clasificadores y también de las empresas industriales”.
Haciendo una “lectura integral” de la regulación que se redacta, la CIU cuestiona que el Estado absorba el servicio de gestión y valorización de los residuos, y que limite la acción de los privados. Así lo planteó en un documento donde analiza el anteproyecto: “Si el Estado crea una tasa por el servicio, (…) ¿quién contrataría a un privado?”, alegó.
En lo laboral, la nueva regulación que está siendo redactada establece como “directriz” para la gestión de residuos que los procesos deberán contemplar la inclusión social de los clasificadores y “tender” a su formalización. Las gremiales rechazan tal exigencia porque, dicen, “no debe transformarse en el objetivo de una norma general” de índole ambiental. La CIU afirma que la obligación que asumirían las empresas al respecto “estaría coartando la libertad de empresa, de industria y comercio” consagrada en la Constitución.
“Actualmente trabajan unas 300 personas; sin duda la cantidad de clasificadores es mayor, pero lo que creemos que no se puede hacer es penalizar con una tasa a las empresas para incluir a un número muy superior de trabajadores”, sostuvo Rista.
