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Estamos en un tiempo de mucho debate sobre la necesidad de buscar más recursos, a los efectos de paliar el angustiante estado de la infraestructura vial del país.
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El gobierno llevó adelante el Impuesto a la Concentración de Inmuebles Rurales (ICIR) a los efectos de obtener una recaudación que se manejó en el orden de los 60 millones de dólares, para volcarlos a las intendencias con el objetivo de mejorar la caminería rural.
Este impuesto fue declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia y ahora se está buscando cómo se puede sustituir dicho impuesto para cumplir con el objetivo referido.
Nosotros entendemos, y así lo hemos manifestado en el estudio de la ley de Presupuesto (quinquenio 2010-2015) y en las sucesivas leyes de Rendición de Cuentas, que es imperioso dotar al país de una adecuada infraestructura vial que acompañe el crecimiento del país.
El país tiene desde hace años un viento de cola que es la causa del crecimiento económico, debido al aumento de los precios de los bienes que exportamos. Solo en materia agrícola pasamos de 700.000 hectáreas dedicadas a cultivos en el año 2000 a 2.000.000 de hectáreas en el año 2011. Este crecimiento, que mucho beneficia al país desde el punto de vista económico, lleva necesariamente a un deterioro de las rutas por el desgaste natural del flujo de mercadería.
Por lo tanto, nos encontramos con una red carretera saturada, con un alto costo de mantenimiento y no se logra revertir la situación.
Esto preocupa al gobierno, al Congreso de Intendentes, a las gremiales agropecuarias y a cualquier buen observador que entienda que es un tema esencial para el funcionamiento del país.
Pero para analizar este tema, necesariamente tenemos que partir de los objetivos y pautas que el gobierno se plantea y plasma legislativamente en la ley de Presupuesto quinquenal, para cumplir con sus metas y objetivos.
Hoy, el gobierno quiere buscar recursos para la red vial de los gobiernos departamentales pero en sus objetivos y metas la inversión en infraestructura vial fue muy pobre, diríamos extremadamente pobre en relación al acaudalado presupuesto de 11.000 millones de dólares anuales que se dispuso para el 2011.
Gobernar es optar y el gobierno no vio como prioridad la inversión en un parque carretero que ha tenido un marcado deterioro. A los efectos de graficar el análisis, vemos que en la Rendición de Cuentas ejercicio 2011, el dinero dispuesto para cumplir con este objetivo es de un poco más de 200 millones de dólares. Para ser más claro, 100 millones para ejecución directa de la Dirección Nacional de Vialidad, 26 millones son las transferencias a las intendencias y 88 millones a las concesiones manejadas por la Corporación Nacional para el Desarrollo y a los privados.
De un presupuesto de 11.000 millones de dólares se dedican algo más de 200 millones para las carreteras, un poco menos del 2% del total, para algo que es clave y fundamental para acompasar el desarrollo del país productivo.
Un período donde el gasto público ha crecido de manera considerable, pero se privilegió otros rubros.
Dejamos sin analizar la red ferroviaria que no ha sido restaurada como se prometió, donde en declaraciones del propio presidente de AFE dijo que con los recursos otorgados “AFE está condenada a la ‘parálisis’ y deja de ser una prioridad oficial”.
Los mecanismos de inversión denominados PPP (participación público privado) sólo quedaron en buenas intenciones, ya que hay muy poca inversión y ha sido muy lenta su ejecución.
Por lo expuesto, gobernar es optar y está bien que se busquen soluciones a un problema medular, no solo de los gobiernos departamentales sino del país, pero para tener un correcto análisis tenemos que ver cuáles han sido las metas y objetivos del gobierno, y por lo visto la prioridad no estuvo puesta en este tema.
La solución al deterioro de la caminería vial no admite demoras y para ello se tiene que entender que son necesarios más recursos que los dispuestos; con “parches” no abordamos el problema de fondo.
