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Representantes del Sindicato Único del Transporte de Carga y Ramas Afines (Sutcra) y la Intergremial de Transporte Profesional de Carga Terrestre (ITPC) denunciaron irregularidades y “represión sindical” ante representantes del Poder Ejecutivo.
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El encuentro se realizó el martes 9 en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), donde empresarios y trabajadores dijeron al director Nacional de Transporte, Felipe Martín, y al director Nacional de Trabajo, Luis Romero, que hay una “escalada” de la informalidad en el sector y repetidos casos de “persecución sindical”.
Ambos grupos resaltaron ante el gobierno que ya no son “pequeños transportistas” los que incurren en este tipo de prácticas sino “grandes empresas”, con flotas de hasta 200 camiones, informaron a Búsqueda fuentes que participaron de la reunión.
Los trabajadores manifestaron su voluntad de “hacer uso de su derecho a huelga”, que están demorando porque saben que puede ser “muy sensible” para el país.
“Estamos parando a nuestro gremio y aguantándolo. La gente entiende que no se puede seguir quedando quieta si estas cosas persisten”, advirió el secretario general del Sutcra, Juan Llopart, en la reunión, según los informantes.
Los trabajadores recordaron sus denuncias ante incumplimientos de las empresas en distintos organismos pero, aseguraron, “no visualizan resultados”. Por el contrario ven una “escalada” en “desatender los requerimientos de los trabajadores” y quienes intervinieron en las denuncias sufren “represión sindical”.
“Más claro imposible”.
Los empresarios apuntaron directamente al gobierno como responsable. El gerente de la ITPC, Humberto Perrone, contó que cuando detectaron empresas que trabajaban con sobrepeso pidieron información de esas compañías en el Banco de Previsión Social (BPS) y la Dirección General Impositiva (DGI), para constatar si había más irregularidades pero les fue negada.
“No encontramos eco en las autoridades”, dijo.
Según indicaron las fuentes, Perrone dijo que la informalidad era del 36% en 2010 y estimó que hoy “debe ser mucho más”.
“Las cosas más claras imposible. Los laudos más claros, imposible. Las denuncias se hicieron por doquier, se les dio toda la información, los nombres de las empresas. Se ha dado todo, y resulta que la cosa está cada vez peor”, criticó el integrante de la gremial de empresarios Ernesto Toledo.
“Asumimos”.
Luego de escuchar los planteos de trabajadores y empresarios, el director de Trabajo habló fuerte y golpeando la mesa dijo que asumía “la responsabilidad” de todo los reclamos.
Luego de un cuarto intermedio, Romero se comprometió a citar en el plazo de 15 días al BPS, la DGI y la Inspección de Trabajo.
El jerarca expresó su deseo de prevenir “un conflicto que puede ser grave” pero a la vez enfatizó: “Jamás (nos) enojamos porque alguien luche por sus derechos”.
Pese al compromiso de Romero, Llopart dijo ayer a Búsqueda que no esperarán la asistencia del BPS, la DGI y la Inspección de Trabajo para aprobar medidas de lucha. El dirigente anunció que estaban terminando de debatirlo a la interna pero que “seguramente” aprueben medidas en el correr la semana. En principio planean un paro de 24 horas.
