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Con la idea de agilizar las solicitudes de residencia en Uruguay por parte de ciudadanos del Mercosur, éste trámite dejará de ser competencia exclusiva del Ministerio del Interior para estar en la órbita del Ministerio de Relaciones Exteriores y se podrá iniciar desde el exterior en las distintas oficinas consulares uruguayas en la región. Así lo establece un proyecto de ley que le entregó el canciller Luis Almagro al presidente José Mujica la semana pasada, y que busca acortar los tiempos de espera para completar un procedimiento que registra numerosos atrasos.
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Fuentes de Cancillería informaron a Búsqueda que hay más de 5.000 solicitudes pendientes. “Nuestra idea es que el trámite no demore. Hay gente que desistió de vivir en el Uruguay por esta razón”, explicó uno de los informantes. En el año 2012 hubo 5.346 solicitudes de residencia, una cifra récord. De ese total, aún quedan pendientes de resolución 2.920, que se suman a unas 2.193 que están en trámite al cierre de este año.
Para aceitar el mecanismo y sacudir las trabas burocráticas que demoran las autorizaciones, el proyecto prevé que exista un plazo de 15 días hábiles para que el Ministerio del Interior se expida sobre posibles antecedentes penales del solicitante; si en ese período no hay respuesta de la cartera, se entenderá como favorable. Cancillería tendrá entonces 30 días corridos para resolver el procedimiento y autorizar la residencia.
El proyecto, que fue entregado con el correspondiente decreto reglamentario ya redactado, está a estudio de la división jurídica de Presidencia y aguarda por la firma de Mujica para ser enviado al Parlamento.
Cambios.
El proyecto modifica los artículos 27 y 33 de la Ley de Migraciones. El artículo 27, que en el apartado B establece las atribuciones en materia migratoria, le da potestad al Ministerio de Relaciones Exteriores para “otorgar y cancelar, a las personas extranjeras, la residencia definitiva”. El artículo 33, en tanto, establece que los cónyuges, concubinos, padres y nietos de uruguayos deberán acreditar dicho vínculo ante Cancillería para obtener la categoría de residentes permanentes. En ambos casos se excluye al Ministerio del Interior del procedimiento.
Más trabajo.
La idea de trasladar la competencia de este tipo de solicitudes desde la Dirección Nacional de Migraciones hasta el Ministerio de Relaciones Exteriores, implicará necesariamente un aumento en la estructura de trabajo de la Cancillería. Fuentes de esa cartera señalaron sin embargo, que el aumento de los recursos humanos ya está planificado. Lo único que resta es que el presidente Mujica autorice con su firma el ingreso de administrativos que ya completaron el concurso y están listos para entrar en el Ministerio.
También cambiará el volumen de trabajo en los consulados de Uruguay en la región, algo que se viene corroborando desde que se firmó un acuerdo con el Registro Civil para expedición y registro de partidas en el exterior. “El trabajo consular ha pasado a ser más intenso. Hay que fortalecerlo con recursos humanos nuevos, porque pasó a ser un trabajo de primera categoría”, dijeron las fuentes de Cancillería.
Atraer empresarios.
La idea de apurar los trámites de migración partió de Mujica. Hace cerca de un año, en uno de los primeros Consejos de Ministros de enero, el presidente encomendó la conformación de un grupo de trabajo integrado por los Ministerios del Interior, Relaciones Exteriores y Desarrollo Social y representantes de la Secretaría de Presidencia para que se dedicara a este tema.
Uno de los principales argumentos que manejó en esa reunión era la atracción de empresarios de la región, sobre todo argentinos, para que se instalen e inviertan en el país. En ese momento, Mujica había puesto como ejemplo al magnate petrolero argentino Alejandro Bulgheroni, que tiene inversiones en energía eólica y producción agropecuaria en Maldonado y Durazno. Almagro, por su parte, había dicho que con la promoción de las residencias en el país se buscaba “cambiar la concepción de que el inmigrante que llega al Uruguay es viejo, rico y jubilado”, por una propuesta que “atraiga a jóvenes con capacidad de trabajo, aun cuando no dispongan de recursos económicos relevantes”.
