Cárcel de gestión privada con buenos resultados en equipamiento, alimentación y limpieza, aunque se investigan denuncias por golpizas

Basado en informaciones que se solicitan periódicamente a la sociedad, el documento evalúa el primer semestre de “operación” y “explotación” de la prisión, que comenzó el 24 de enero y culminó en julio con una población de 907 personas privadas de libertad, 1.053 menos de la capacidad que tiene la prisión.

Respecto al servicio de alimentación, asegura que se realizó de acuerdo con los programas de operación presentados y en cumplimiento de la normativa vigente en cuanto a calidad e higiene. Lo mismo concluye sobre el servicio de aseo y control de plagas, que comprendió fumigaciones necesarias y controles para evitar focos de fauna nociva. Tampoco menciona dificultades en el servicio de lavandería de ropa personal, toallas y ropa de cama.

Firmado en junio de 2015, el contrato encargó al sector privado el financiamiento, diseño, construcción, equipamiento y mantenimiento de la prisión, además de la prestación de los servicios de alimentación, lavandería, limpieza, control de plagas y economato tanto para los internos como para los funcionarios. En contraparte, el Estado, a través del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) del Ministerio del Interior, tiene a su cargo la seguridad, salud e intervención socioeducativa.

Según establece el propio contrato, la justificación del gobierno para abocarse a un régimen de PPP en una prisión fue “mejorar el suministro y la calidad de los servicios brindados a las personas privadas de libertad”, ya que le permite “destinar mayores esfuerzos para promover hábitos de trabajo, educación, cultura y salud”, y la implementación de prácticas con enfoque en derechos humanos.

Sin embargo, en su primer semestre de funcionamiento la unidad de Punta de Rieles ha tenido problemas de seguridad similares a los de prisiones como la de Canelones, el Comcar y el Penal de Libertad, cuyas condiciones han sido cuestionadas públicamente por organismos internacionales. Más allá de que el inspector del contrato advirtió en su informe “hechos de vandalismo en algunos módulos”, en la nueva cárcel ya hubo dos muertes violentas, una por homicidio y otra por suicidio (Búsqueda Nº 1.976). Además, en julio El País informó de severos castigos físicos por parte de policías a internos.

Con relación a esos hechos la Fiscalía investiga tres denuncias presentadas por el comisionado parlamentario penitenciario que refieren a requisas ilegales, golpes y maltratos sistemáticos por parte de los policías a cargo de la seguridad de la cárcel. Las denuncias incluyen el testimonio de más de 30 prisioneros. Como consecuencia se citó a declarar a funcionarios e internos, y el INR decidió vaciar un sector de la prisión que albergaba a casi 70 prisioneros, en su mayoría sancionados por mala conducta y amenazados por otros internos.

Fuentes de la Fiscalía informaron a Búsqueda que en el marco de la investigación se visitaron las instalaciones de la cárcel en al menos dos ocasiones y que se están analizando las imágenes de las cámaras de la prisión para determinar si hubo un uso desproporcionado de la fuerza contra los internos. Además, se citará a más funcionarios en las próximas semanas. Las denuncias están siendo investigadas por la fiscal especializada en Estupefacientes, Mónica Ferrero, y por el fiscal de Flagrancia Rodrigo Morosoli.

Preocupación por Abengoa. 

En su último capítulo, el informe explica cuál es la situación financiera actual de la multinacional española Abengoa, casa matriz de la uruguaya Teyma. Menciona que pese a que ambas firmaron acuerdos de refinanciación de sus deudas, perdura “una incertidumbre material que puede generar dudas significativas sobre la capacidad de la sociedad para continuar como empresa en marcha”. Sin embargo, refiere a un informe de abril de la calificadora de riesgo FIX SCR, que “aumentó la perspectiva positiva” de Teyma debido a la puesta en servicio definitiva y el inicio de las operaciones en la prisión de Punta de Rieles.

El acuerdo con UPR S.A. obliga al Ministerio del Interior a pagarle al contratista trimestralmente por la disponibilidad de plazas existentes en la prisión, tomando en cuenta el nivel de disponibilidad y la calidad efectivamente brindada en los servicios. En su rendimiento óptimo el pago equivale a 200 Unidades Indexadas (UI) por plaza por día. De enero a junio el ministerio abonó al consorcio 56.745.684 UI, lo que equivale aproximadamente a US$ 7 millones tomando en cuenta el valor de la unidad indexada y el tipo de cambio a principios de julio.