El próximo 04/05/2016 se realizarán elecciones en la Universidad de la República por los tres órdenes: estudiantes, docentes y egresados. Por cada orden se votan los representantes de la Asamblea General del Claustro, la Asamblea del Claustro de cada Facultad, y por el orden estudiantil en todas las Facultades los representantes al Consejo (excepto en Facultad de Información y Comunicación, que en los tres órdenes se designan los Consejeros). Ante esta importante instancia electoral, destinada a legitimar democráticamente el cogobierno, como estudiantes de la Facultad de Derecho consideramos oportuno realizar reflexiones y planteamientos atinentes al orden al que pertenecemos en dicha casa de estudio, y al orden estudiantil de la Universidad en general.
El Estatuto del CED, aprobado en el mes de agosto de 1950 y actualmente vigente, prescribe en el Capítulo III artículo 32 que “la Asamblea General Ordinaria será el órgano soberano del Centro Estudiantes de Derecho, que funcionará durante el período de vacaciones de la Facultad de Derecho, y se integrará con todos los socios que concurran a sus reuniones, siendo su quórum el 2% de los socios del Centro.” Y así, el Capítulo IV artículo 35 establece: “La Asamblea General Extraordinaria podrá ser convocada con el voto conforme de cinco miembros de la Secretaría Coordinadora o por moción aprobada por la mayoría absoluta de los integrantes de las Asambleas de Clase existentes.”
En la calidad de socios en categoría de cotizante (acorde al artículo 8 del citado estatuto), y habiendo ingresado a Facultad en el año 2011 y 2012, no hemos tenido la oportunidad de participar ni ver en funcionamiento una Asamblea General Ordinaria ni Extraordinaria; tampoco, conocemos a compañeros que lo hayan hecho durante este período. Pues bien, ¿por qué el Centro de Estudiantes de Derecho no cumple con su propio Estatuto y convoca a Asamblea General Ordinaria (AGO), y eventualmente Extraordinaria? Aparte de la violación flagrante a su norma jurídica fundacional y teniendo en cuenta que esta establece que la AGO es el “órgano soberano”, habría que pensar: ¿qué sucede con una institución cuando no tiene en cuenta a su comunidad política?, ¿qué sucede cuando el CED no les da “voz ni voto” al menos una vez al año a los estudiantes socios?, ¿qué legitimidad tienen los representantes del CED y por consiguiente, sus decisiones?, ¿de qué tipo de democracia estamos hablando?
La enunciación de preguntas, de fuerte contenido teórico y filosófico podría seguir, pero debemos ocuparnos de otros asuntos que son del caso y que revisten una importante gravedad.
3. El CED, la administración y la transparencia
En el contexto institucional recién descrito, es decir, dada la ausencia del funcionamiento del órgano soberano del CED, hay que poner el foco en la gestión administrativa de este para llamar la atención sobre algunas prácticas que apenas salen a la luz de una manera un tanto vaga y que deben ser de conocimiento de todos los estudiantes.
Por panfletos recientes nos hemos enterado de que el CED tiene un convenio con el Ministerio de Desarrollo Social (Mides), por el cual recibe dinero para el funcionamiento de los consultorios jurídicos barriales, distribuidos en una red que se extiende desde Montevideo hasta el interior del país, cubriendo todos los departamentos. El funcionamiento y administración de estos depende directamente del CED (por lo tanto no responde a las pautas institucionales de la Facultad de Derecho), y opera con estudiantes y abogados contratados. De nuevo, hemos de formular un par de preguntas: ¿cuánto dinero recibe el CED del Mides?¿Cómo se gasta?¿Quién lleva el control del mismo?¿Tiene el CED otro(s) convenio(s) con Institución(es)?¿Qué se hace con la cuota de los socios?¿Cuál es el dinero que maneja el CED para su funcionamiento y cómo lo obtiene?
Como estudiantes no recibimos ningún tipo de rendición de cuentas por la gestión del CED en lo relativo al dinero, es una suerte de asunto “tabú”, sobre el cual si uno interroga a los dirigentes gremiales (de todas las agrupaciones, ya se trate de las mayoritarias, minoritarias y sin representación), obtiene respuestas evasivas, genera incómodos desconciertos y silencios pesados. De esta forma, lo mismo acontece con el convenio del CED y el Mides; los dirigentes no están dispuestos a revelar el contenido del mismo, pero al tratarse de un documento público, basta un poco de destreza (o ‘’viveza criolla’’ dirán algunos) para ubicar la información.
De la lectura del convenio, se extraen un par de datos relevantes, a saber: 1) el convenio del CED y el Mides “tiene como objeto la formación de un equipo de trabajo para la realización de tareas tendientes al fortalecimiento del Programa Centros de Ciudadanía Juvenil (CCJ) desarrollado por el INJU, en especial la instalación en cada uno de los CCJ de un Consultorio Jurídico Gratuito, para la evacuación de consultas, patrocinio legal y promoción de derechos” (cita del segundo punto del convenio, suscrito el 30 de setiembre de 2011), pactándose luego las obligaciones respectivas para las partes; 2) el convenio, de carácter anual, se viene renovando sucesivamente hasta la fecha (2016); el dinero en moneda nacional recibido por el CED fue: en 2011 la suma de $ 2.428.000; en 2012 se suscribió una prórroga por el mismo monto; 2013 la suma de $ 2.100.000; 2014 la suma de $ 3.801.240; 2015 la suma de $ 5.019.836; 3) en el punto tercero literal g) que refiere a las “obligaciones de las partes”, la Asociación (CED) se compromete a “presentar una evaluación contable y rendir cuentas” trimestralmente.
El día 27/04/2016 a través de la página de Presidencia se hizo pública la renovación del Convenio Mides-CED (https://www.presidencia.gub.uy/comunicacion/comunicacionnoticias/mides-facultad-derechoconvenio- asesoramiento-juridico-personas-vulnerabilidad-social-); y claro está, no se aclara el monto del convenio.
También en la nota de la página se menciona al Dr. Juan Pablo Pío, presentado como Coordinador del Programa de Consultorios (cargo remunerado según el punto tercero literal a) de los convenios 2011-2015), que a su vez, se desempeña como Consejero de Frezelmi Egresados, miembro de la Junta Directiva Honoraria de la Fundación de Cultura Universitaria, y Asesor de la Prosecretaría de la Presidencia de la República. Es de conocimiento de todos los que pertenecemos a la comunidad académica de la Facultad de Derecho que el Dr. Pío publicó en diciembre del año pasado un libro con el pomposo título “Financiamiento de Partidos Políticos en Uruguay. Aportes críticos para un debate más democrático en clave jurídica”. Esto nos lleva a incurrir de nuevo en preguntas, ya perplejos, dada la gravedad que acarrean: ¿son compatibles los cargos que desempeña actualmente el Dr. Pío?, ¿no implican un par de intereses en conflicto?, ¿no son los asesores de la Prosecretaría de Presidencia cargos políticos del gobierno de turno?, ¿el gobierno de turno y su partido pueden acaso inmiscuirse en la política universitaria?, ¿acaso no estamos ante una violación a la Autonomía de la Universidad según el tenor del artículo 5 de la Ley 12.549?
4. Por una solución
Este panorama al que hemos podido acceder, sin duda parcial, y apremiados por la urgencia de una reflexión y diálogo a efectos de que se haga de público conocimiento de los estudiantes la situación del CED en su totalidad, exigimos:
i) Darnos como cuerpo soberano del orden estudiantil auto-convocados Asamblea Extraordinaria antes de las elecciones del 04/05/2016 en virtud de la inminente situación.
ii) Explicación por la violación del Estatuto del CED en los Capítulos III y IV a sus actuales dirigentes.
iii) Rendición de cuentas claras y precisas, fundada en documentación y de modo inmediato, sobre: a) de la gestión del dinero del convenio con el Mides desde el 2011 a la fecha; b) de la gestión del CED y todas sus dependencias desde el año siguiente a la última Asamblea.
iv) La discusión sobre la creación de una Comisión de Transparencia Económica, integrada por miembros de todas las agrupaciones estudiantiles representativas con funcionamiento permanente y con potestades de contralor independientes de las decisiones del CED; a efectos de colocarla al Estatuto mediante el procedimiento de reforma pertinente.
v) La renuncia inmediata del Dr. Juan Pablo Pío de sus cargos de Coordinador del Programa de Consultorios, de miembro de la Junta Directiva Honoraria de la Fundación de Cultura Universitaria, y como Consejero de Frezelmi Egresados; así como de cualquier cargo que desempeñe asociado a la Facultad de Derecho, y de cualquier otra persona directamente vinculada con estos sucesos.
En definitiva exigimos un CED transparente, al servicio de los estudiantes, administrado únicamente por estos, y libre de cualquier tipo de influencia, presión e injerencia de intereses ajenos a nuestro orden.
5. Por fin la democracia y las reglas
Nos mueve la preocupación por lograr una Facultad democrática, participativa y abierta al diálogo sincero y horizontal de los tres órdenes, comprometida con la construcción de conocimiento y la extensión de calidad al servicio de la comunidad, así como la voluntad de dejar un mensaje claro y contundente a las generaciones recién iniciadas y venideras de la importancia del ejercicio del ser universitario con responsabilidad, marcando el ejemplo en el seguimiento de las reglas, reglas que nosotros nos hemos dado y hemos de seguir dándonos reflexivamente en el marco de la legalidad y el Estado de derecho.
Matías Calero y Roberto Soria
Nota de redacción. Esta carta fue recibida por Búsqueda el día 30 de abril, antes de que se verificaran las elecciones en la Universidad de la República.
