En efecto, en un reportaje realizado al “Pepe”, éste expresó textualmente: “Es como me dice Lucía: ‘Andá a los programas bobos, que esos son los que ve la gente, los programas buenos los vemos nosotros. La gente normal, la que vota, ve los programas bobos’”.
Ergo, el matrimonio presidencial considera que ellos son los “inteligentes” y que los votantes son “bobos”. Y a nuestro parecer, sería un grave error el creer que ése fue tan sólo un desliz verbal. Por el contrario, es lo que Freud denomina un lapsus linguae. Según el psicoanálisis, cuando cometemos este tipo de errores, es el inconsciente que se está manifestando, dando a conocer una parte oculta de nuestros deseos y tendencias.
Otro dato a tener en cuenta con respecto a esos dichos es que Lucía Topolansky aspira a subirse al vagón tirado por la locomotora Tabaré Vázquez. Su intención es ser en las próximas elecciones su compañera en la fórmula presidencial del Frente Amplio. Con las maniobras que está realizando para lograr ese objetivo, está dando muestras cabales que de tonta no tiene un pelo. Tiene muy claro cuáles son sus posibilidades reales de salir electa en forma individual. Por eso, tanto énfasis cuando habla de “equilibrio” entre las diferentes tendencias frentistas. Asimismo, demuestra que al maquinar, estaría contando con la “bobera” de los votantes.
El pensamiento que el presidente dio a conocer en forma tan explícita es una variación del “como te digo una cosa, te digo la otra”. Tras esa frase en apariencia ingenua, se escondería una actitud que no es para nada inocente: el burlarse de los demás en la cara y tomarlos por tontos. El decir una cosa y hacer exactamente lo contrario con total cinismo.
Vamos a mencionar uno de los últimos ejemplos de esa regla moral.
Como es sabido, José Mujica es uno de los mayores impulsores de la legalización de la comercialización de la marihuana. En la exposición de motivos del proyecto de ley que mandó al Parlamento expresa, entre otras, las siguientes reflexiones: “En la práctica, la escala global del mercado de las drogas ilegales —ampliamente controlados por el crimen organizado— ha crecido de modo espectacular (...). Debe quedar muy claro que Uruguay se ha destacado internacionalmente en su lucha contra el consumo de drogas legales e ilegales. Para el caso del tabaco, el gobierno anterior definió una drástica política aceptada por la población y continuada por este gobierno. Debido a ello nuestro país enfrenta en estos momentos juicios internacionales multimillonarios por parte de la poderosa empresa tabacalera Philip Morris. Sin embargo no abatiremos nuestras posiciones al respecto. Importa señalar que no abandonaremos nuestras políticas de combate a las drogas por esas tan previsibles consecuencias (...). Pero, además de la ya citada, hemos pagado el error con durísimas consecuencias sociales. Entre ellas la inundación de las cárceles y el desborde de los sistemas judiciales como así también la doble moral y la perversión que acompañan forzosamente a todo comercio ilícito. El consumidor es denigrado obligatoriamente al quedar sometido a ese tipo de comercio si quiere acceder a lo que desea: esto, la doble moral y la anomia, no le sale ni le saldrá gratis a ninguna sociedad porque también abre puertas hacia otras calamidades (...). Son conocidas desde hace mucho (desde las guerras imperiales del opio y desde mucho antes) las íntimas conexiones del narcotráfico con el sistema financiero, la venta ilegal de armas y el tráfico de oro y diamantes indispensable para el lavado de tanto dinero. Tanta concentración de poder tiene muy facilitado su camino hacia la corrupción en cualquier nivel y actividad de la sociedad. Es asunto comprobado, conocido y, ahora mismo, lo seguimos sufriendo. La prensa de todo el mundo y en todas sus formas, lo detalla: políticos, periodistas, jueces, fiscales, militares, policías. Hasta lograr imponer presidentes en campañas electorales (...). En muchos lugares y momentos, el Estado queda sustituido o anulado; la sociedad desestabilizada y a merced de bandas criminales, y la democracia destruida. No se trata de amenazas: lo podemos observar. Salir de ello o intentar impedirlo cuando llega a cierto grado, cuesta mares de sangre y sufrimiento”.
A juzgar por los juicios expresados en el citado proyecto de ley, no hay duda que en el Poder Ejecutivo hay clara conciencia de los males que entraña el narcotráfico. También es posible apreciar una condena moral hacia los actores involucrados en esas actividades. Es por esa razón que es difícil encontrar justificación a la actitud recientemente asumida por el canciller Luis Almagro, en la VII Cumbre ordinaria de jefes de Estado y de Gobierno de la Unión de Naciones Suramericanas (Unasur), realizada el 30 de agosto pasado en Paramaribo, capital de Surinam.
Antes de señalar la actitud que nuestro canciller asumió en dicha cumbre, es bueno refrescar qué es la Unasur. Ella es una organización internacional creada por Hugo Chávez en 2008. Según expresa su página oficial, “todas las acciones de la Unasur se dirigen a la construcción de una identidad regional, apoyada en una historia compartida y bajo los principios del multilateralismo, vigencia del derecho en las relaciones internacionales y el absoluto respeto de los derechos humanos y los procesos democráticos”.
Durante la VII Cumbre mencionada, los mandatarios de los países que integran la Unasur nombraron como presidente pro témpore (un año) al presidente de Surinam, Dési Bouterse. Mujica no asistió a dicho evento. En su lugar y en representación de Uruguay, lo hizo el canciller Almagro. Con respecto a este punto creemos oportuno recordar que entre 1989 y 1991 Almagro se desempeñó como presidente del Comité de Cooperación Internacional de la Junta Nacional de Prevención del Tráfico Ilícito y Uso Abusivo de Drogas.
Bueno, ¿pero qué tiene de raro la actuación de Almagro —en representación del presidente Mujica— en dichas circunstancias?
La razón por la cual señalamos la votación a favor de Dési Bouterse, como lo que vendría a ser un ejemplo de la moral sustentada por Mujica y Cía., se fundamenta en la aprobación de Bouterse como presidente pro témpore de la Unasur.
¿Quién es Desiré Delano Bouterse?
Según la información brindada por “The Economist”, Bouterse dio en dos ocasiones golpes de Estado. El que encabezó en 1980 fue dado contra John Ferrier, héroe de la independencia de su país y el primer presidente democrático que Surinam tuvo. Mediante esos actos de fuerza, se convirtió en dictador (de orientación marxista) de Surinam entre 1980-1988, y luego nuevamente en el período 1990-1991. Está acusado de violaciones reiteradas a los derechos humanos, fundamentalmente de asesinar frecuentemente a los opositores. Entre ellas se destaca la tortura y posterior asesinato de 15 jóvenes oponentes políticos. En 2010 fue nombrado presidente de su nación mediante el voto indirecto: fue electo por el Parlamento.
Aparte de su “carrera política”, hay fuertes indicios que sugieren que estaría involucrado en el tráfico de drogas. En 1999 Holanda lo juzgó en ausencia por tráfico de cocaína, hallándole culpable. Por ese motivo, hay una orden de captura internacional. Es por esa razón que Bouterse sólo puede viajar a países “amigos”, porque corre serio riesgo de que le ocurra lo mismo que a Augusto Pinochet. Asimismo, se le acusa de vender armas a las FARC. En síntesis, tiene órdenes de captura de la Interpol de varios países por supuesto tráfico de drogas y armas.
Según informa “O Globo”, en la década de 1980 Bouterse fue uno de los pioneros de la organización de las rutas de tráfico de cocaína colombiana desde Brasil para Europa y los Estados Unidos, vía Surinam. Con sus “socios” brasileños, hizo una fortuna mediante los lucrativos negocios que hacían con las FARC. Junto con sus cómplices brasileños, son los creadores de “una oscura red financiera en expansión en Brasil, especializada en legalizar dinero obtenido con actividades ilícitas (desde narcotráfico hasta corrupción)”.
Pocas horas después de que Bouterse asumiera como presidente pro témpore de la Unasur, su hijo Dino —quien ocupa un alto cargo en el gobierno de su padre— fue detenido en Panamá portando 10 kg de cocaína y un lanza granadas. Ante todo lo mencionado anteriormente, una publicación brasileña expresa que “el Brasil podría haberse evitado el vejamen protagonizado por Bouterse, si su gobierno no estuviese ideológicamente atado a compromisos que hacen de la Unasur una palanca bolivariana”.
Con respecto a la postura de nuestros gobernantes, la cosa es clara: los votantes son “bobos” y “como te digo una cosa, te digo la otra”.
Hana Fischer
Del Dr. Daniel Gutiérrez
Sr. Director:
Ante la publicación en la edición de ese semanario Nº 1.731 de fecha 19 de setiembre de una carta de lector firmada por el Dr. Gonzalo Aguirre titulada “Los jueces durante la dictadura” (pág. 46) y de un artículo sin firma sobre el tema, publicado en la página 5 de esa edición, en que, respectivamente, se me alude sin nombrarme y se me menciona, debo formular las siguientes precisiones, que serán las únicas manifestaciones que realizaré sobre el punto.
En primer término y en lo que me concierne, señalo que el Dr. Tarigo no fue procesado por haber cometido un “delito de opinión” sino bajo la imputación de un delito de “Revelación de secretos” (art. 163 Código Penal) por su participación en la revelación de hechos reservados, si no recuerdo mal en el año 1978, esto es, mucho antes de que siquiera existiera el semanario “Opinar” y por hechos sin vinculación alguna con su valiosa prédica en pro del restablecimiento de nuestra abolida democracia.
En segundo término, dicho procesamiento no supuso la privación siquiera transitoria de su libertad, por cuanto fue dispuesto sin prisión al amparo de lo dispuesto en la ley 12.688 entonces vigente.
En tercer término y fundamentalmente, apunto que la resolución respectiva no fue impugnada por el Dr. Tarigo, ilustrado profesor de Derecho que contaba, además, con el patrocinio en la causa de otro distinguido profesor, el Dr. José Arlas, quienes consintieron la imputación que, no obstante, fue recurrida por el Ministerio Público (que había postulado una calificación más severa y la privación de libertad, por mí desestimadas), y, en definitiva, resultó confirmada en segunda instancia por el superior interviniente.
Todo ello surge del respectivo expediente judicial, que se encuentra archivado según mi conocimiento en los legajos del antiguo Juzgado Letrado de Instrucción de Cuarto Turno.
Nada tengo que agregar a tales precisiones pues no me corresponde a mí juzgar mi actuación como magistrado; simplemente señalo que mi venia para ascender a ministro del Tribunal de Apelaciones fue concedida en 1988 por el Senado que a la sazón presidía el Dr. Tarigo e integraba el Dr. Aguirre y que mi designación para integrar la Suprema Corte de Justicia fue votada en el año 2002 por los 118 legisladores miembros de la Asamblea General del Poder Legislativo entonces en Sala.
Sin otro particular, saludo el Sr. Director con mi mayor consideración,
Dr. Daniel Gutiérrez
CI 790.561-3
Licitaciones en la Armada
Sr. Director:
Soy el capitán de Navío, retirado, Alex Lebel.
He leído con atención en Búsqueda algunos comentarios de un ex encargado de despacho del Comando General de la Armada.
Ante todo debo decir que por mucho tiempo fui y sentí ser su amigo... pero, como muchas cosas, esto cambió.
Mi ex amigo hoy se manifiesta agraviado porque otro colega (Danilo Damonte) aportó información a la Justicia penal para aclarar datos de corrupción.
¿Es posible que esto sea verdad? ¡Sería de no creeer!
Es decir que lo importante es “proteger la imagen de la institución, la Armada”... ¿no importa cómo?
Sería bueno recordar que en este Estado de derecho que hoy disfrutamos, no por mucho gritar se demostrará la inocencia y que nos guste, más o menos, la Justicia es un poder independiente y a su veredicto debemos atenernos.
Me dan mucha vergüenza las expresiones de mi ex colega; también me da mucha pena que me haya amenazado cuando le informé que volvería a hacer las denuncias penales sobre actos delictivos de los que había tenido conocimiento.
No solo me amenazó groseramente, sino que promovió un acto administrativo para que fuera sometido a los Tribunales de Honor.
Obviamente, mi respuesta fue la denuncia penal en la Seccional 1a. de Policía (que ingresara en el Juzgado Penal de 8º turno). Así está dispuesto en forma expresa en nuestros reglamentos. ¡Es delito este tipo de coacción!
Para terminar, creerse que se es almirante y casi dios de los mares del mundo pero nunca haber sido ni estado a cargo de un buque —¡nunca fuiste comandante!— es, y con todo respeto lo digo, opinar de incendios de alta magnitud en el cargo máximo de la escala institucional y tener como experiencia previa el haber soplado la velas del cumple de mi hija de 15.
Atentamente,
Alex Lebel
Capitán de Navío
“Canal lateral argentino”
Sr. Director:
Bajo el título “Canal lateral argentino” me responde el Dr. Edison González Lapeyre en la última edición de Búsqueda.
Solo quiero agregar unos pocos comentarios al respecto.
En efecto, tal como indiqué en mi carta anterior, los países a través de sus capacidades nacionales y la propia CARP han venido ocupándose con toda normalidad del mantenimiento (vital para los intereses del Uruguay) del canal Martín García a partir de la finalización de tareas de la empresa Riovía SA y de las notas reversales de 18.01.13.
La negociación oportunamente mantenida con la República Argentina llevó a que durante la primera etapa de los trabajos fuese nuestro país (a través de la ANP y el Servicio de Balizamiento de la Armada Nacional) quien comenzara a hacerse cargo de las tareas. Esta fue la posición que Uruguay llevó a la negociación y la República Argentina prestó su acuerdo. No obstante ello, a partir del mes de octubre se prevé que las tareas de dragado pasen a ser ejecutadas por la Draga 258 de la Subsecretaría de Puertos y Vías Navegables de la República Argentina. Y si alguna situación superviniente no lo hiciere posible, vale recordar que dichas tareas son rentadas y que, por ende, tanto la ANP como el Serba reciben las correspondientes retribuciones por dichos trabajos por parte de la República Argentina y de nuestro país, lo cual no genera un esfuerzo sin contrapartida para las capacidades nacionales.
Por lo tanto no solo no hay contradicción, sino que me reafirmo en lo expresado en mi carta anterior a este respecto.
En cuanto al presunto consentimiento de la Delegación del Uruguay ante la CARP para la modificación del trazado del canal Punta Indio desde El Codillo a la zona Beta, le reitero que no existe tal autorización por parte de nuestro país a la República Argentina. Sabrá entender el Dr. González Lapeyre que la dinámica de la negociación me impida ser mucho más explícito a este respecto pero me reafirmo nuevamente en lo expresado en mi nota anterior y descarto cualquier tipo de contradicción entre esto y las expresiones del Sr. Canciller Dr. Luis Almagro.
Posteriormente, en su carta el citado jurista dice: “No es correcta la afirmación que me atribuye el embajador Koncke, que pudo generar el equívoco del Canciller. Nunca he sostenido que se puede prescindir del proceso y los plazos previstos en los arts. 7 a 12 del Estatuto del Río Uruguay del cual fui uno de los negociadores… siempre he pensado lo mismo y desafío al citado diplomático para que pruebe lo contrario presentando un trabajo de mi autoría con el criterio que me adjudica”.
Cumplo en aceptar su desafío y copio a continuación las conclusiones del informe que el Dr. González Lapeyre cursó a la Dirección General para Asuntos Políticos del Ministerio de Relaciones Exteriores con fecha 8.10.2003 titulado “Artículos 7 y 13 del Estatuto del Río Uruguay”:
“En el caso específico del emprendimiento del complejo portuario-industrial de M’bopicuá, si se han (sic) cumplido con todos los requerimientos exigidos por la DINAMA respecto a las obras que pueden causar impacto ambiental y se han tomado todos los recaudos para determinar que las mismas no puedan causar perjuicio sensible, parece no corresponder la consulta, precisamente, por esa circunstancia. Sin perjuicio de ello, una vez que comience a operar ese emprendimiento, la CARU debe mantenerse particularmente atenta a las consecuencias que en el régimen del Río y la calidad de sus aguas puede acarrear su operativa. Ello puede monitorearse perfectamente, a través de las campañas que desde hace largos años viene realizando, en forma estacional y sistemática, esta comisión binacional para determinar el estado y la calidad de las aguas del Río, incluso con muestreos e investigaciones que hagan especial hincapié en la zona de ese curso fluvial que puede ser afectada por ese emprendimiento. En el caso de que se detecte, que la operativa de la referencia causa perjuicio sensible, en los términos del Estatuto del Río Uruguay, nuestro país, en el seno de la CARU, debería asumir el compromiso de suspender preventivamente esa actividad industrial hasta tanto se adopten las medidas de prevención necesarias y satisfactorias para ambas Partes”.
Más claro imposible y asunto terminado. Seguramente, el Dr. González Lapeyre no tuviera presente haber redactado el presente informe hace algunos años y tal vez haya cambiado legítimamente de opinión con el paso del tiempo, pero ahí están los archivos para recordarlo.
Dos párrafos más para concluir. El jurista compatriota me acusa de asesoramiento erróneo al Sr. Canciller Almagro. No se me ocurre más claro ejemplo de mal asesoramiento que el del Dr. González Lapeyre al canciller de la época al sostener lo expresado en el informe transcripto más arriba.
Y como prueba terminante de ello no está de más recordar nuevamente el propio fallo de la Corte Internacional de Justicia que echa por tierra definitivamente los argumentos del citado jurista: “En consecuencia, la Corte concluye de lo anterior que el Uruguay, al no informar a la CARU de los trabajos proyectados antes del otorgamiento de la autorización ambiental inicial para cada planta y de la autorización de construcción de la terminal portuaria adyacente a la planta Orion (Botnia), no ha cumplido con la obligación que le impone el Artículo 7, párrafo primero del Estatuto de 1975”.
Saludo al Sr. Director atentamente,
Embajador Gonzalo Koncke
Director General de Secretaría
Ministerio de Relaciones Exteriores
Presidente de la Delegación del Uruguay ante
la Comisión Administradora del Río de la Plata
