Una comisión multipartidaria trabajó durante el presente año y elaboró un proyecto de ley que, a la larga, no concitó la adhesión de los cuatro partidos con representación parlamentaria que lo elaboraron.
Así, surgieron tres proyectos diferentes: el del oficialismo, sostenido por el Frente Amplio, aunque con fuertes disidencias técnicas internas; el de los partidos Nacional y Colorado y, por último, el del Partido Independiente.
Las diferencias entre los tres son importantes y muestran que el país carece de un consenso sobre la forma que habría de adoptar una formación docente universitaria. A ello se suma el disenso de la Asamblea Técnico Docente de la formación docente, que discrepa con todos los proyectos partidarios en debate.
Si las leyes en educación deben recoger amplios consensos en la sociedad, estamos aquí en la situación exactamente opuesta: estos proyectos se insertan más bien en la línea de la ley vigente, aprobada en 2008 por mínima mayoría, con solo el apoyo —parcial— del Frente Amplio.
Ante la falta de consenso parlamentario, el sector hoy mayoritario del Partido Colorado inició conversaciones con el Frente, alejándose aparentemente del proyecto que firmaron los legisladores blancos y colorados.
Una propuesta colorada propone enmendar provisionalmente los peores defectos del proyecto oficialista (el corporativismo de su organismo directivo, al cual el oficialismo prevé integrar solo con delegados de los actuales órdenes no universitarios del Consejo de Formación en Educación). En consecuencia, se propone un período provisorio de tres años, en el que delegados del poder político —consejeros designados por el Poder Ejecutivo con venia del Senado— formarían parte del Consejo Directivo del nuevo ente.
Según lo ha fundamentado Robert Silva, el técnico colorado que participó de las negociaciones por el sector mayoritario de su partido, se espera que en las próximas elecciones se produzca un cambio en la composición del Parlamento, que permita modificar la ley. Además, se desea saldar una “deuda histórica” con la formación de los docentes, cuyo grado académico y título habilitante carecen de carácter universitario, aunque sí terciario.
Ambos argumentos parecen sumamente débiles: hacer depender una ley que crearía un ente autónomo a cargo de una función muy relevante para la sociedad, de eventuales y circunstanciales mayorías, no parece el mejor camino. Un cambio de esta naturaleza requiere sólidos apoyos y consensos firmemente expresados y no entregarse a una especie de apuesta riesgosa hacia el futuro. Por otra parte, aun en el caso de un cambio de coalición gobernante, seguramente las mayorías parlamentarias serán ajustadas, para un lado o para el otro, típico escenario de bloqueo, en el cual la negociación de los temas más inmediatos posterga el acuerdo sobre temas tal vez más estratégicos pero —se piensa— menos urgentes. La Ley Orgánica de Universidad de la República es un buen ejemplo de cómo algunas normas no se cambian fácilmente, ni siquiera con la voluntad de las jerarquías institucionales.
El oficialismo parece multiplicar los medios después de haber olvidado los fines. Quiere cumplir el programa, empantanado —en verdad, inviable—, de la ley vigente, sumando la creación de un nuevo organismo e intentar, en un contexto de desencuentro con los educadores, mostrar algún logro, aunque sea formal y en el papel.
El segundo argumento esgrimido sería un argumento de justicia. Entregar a los docentes algo que les es debido. Nuevamente, el método elegido no es idóneo para hacer operar esa justicia. La creación de un paquidermo burocrático, aunque le llamemos Universidad de Educación, no significa per se que la formación docente, tal como se la organiza e imparte hoy, o mañana mismo, tenga ese carácter.
Los nuevos egresados tal vez podrán recibir un diploma universitario, pero los antiguos egresados aún deberán esperar complejas negociaciones pues el proyecto de ley oficialista nada resuelve al respecto. Esa “justicia” no llegará tan rápidamente (18 meses luego de la constitución efectiva de un instituto universitario es el plazo que señalaba el artículo 86 de la ley vigente, para proceder a establecer un mecanismo para revalidar los títulos docentes ya emitidos). En nuestro país, ello significa dos o tal vez muchos más años.
Existen caminos mucho más directos para ofrecer a los docentes un grado académico de nivel universitario, como el de una ley de homologación de la formación docente como equivalente a la universitaria, mientras el país prepara con seriedad y visión de futuro una verdadera Universidad de Educación.
Así, por ejemplo, todos los egresados de carreras de formación docente de cuatro años de duración, o de los Centros Regionales de Profesores (CERP) y un título universitario de grado o de posgrado, podrían ser reconocidos por la ley como educadores universitarios. Así, como los egresados de carreras de formación docente de cuatro años, y de los CERP, sin título universitario, podrían demostrar, por medio de un curso de formación en investigación educativa, o de la presentación de una tesina o proyecto, su competencia universitaria. Para egresados de cursos de tres años (excluidos los CERP) se podría sumar el requisito de un diploma o especialización adicional.
Así se hizo en los años 2000 y 2001, reconociéndose el nivel equivalente a universitario con otros casos de formación terciaria pública no universitaria: la de los institutos militares y de la Escuela Nacional de Policía, que son institutos docentes del Poder Ejecutivo.
Más aún, el Consejo Directivo Central de ANEP es un Consejo Directivo Autónomo, como reza la Constitución, y por lo tanto apto para ofrecer educación pública superior, en especial si se trata de la formación de sus propios educadores. ¿Quién podría privarle del derecho a dictar verdaderas y buenas especializaciones, maestrías y doctorados en Educación? Nadie, salvo su propio paradigma que lo colocó, desde 2005, conceptualmente, bajo la tutela de la Universidad de la República, tutela que esta no desea ni debe ejercer, como lo expresó justamente el rector.
Pero más allá de coadyuvar a que los docentes obtengan un grado académico universitario o equivalente a tal en todos sus efectos —una propuesta que realizamos en el año 2000 desde la Dirección de Educación del MEC y que diversos proyectos de legisladores nacionalistas y colorados propusieron a lo largo de los años siguientes—, la creación de una Universidad de Educación no puede quedar reducida al debate de una norma legal. Ella puede ser el instrumento consensuado para dar viabilidad a un verdadero plan estratégico, pero no es ni agota la sustancia del asunto.
El problema es que la sustancia, el plan estratégico, no existe y ni siquiera el instrumento legal concita adhesiones de más de un partido. Tanto es así que, contra reloj, entre gallos y mediasnoches, se procura entre dos de esos partidos alcanzar una solución de compromiso, mala para ambos negociadores, el Frente Amplio y un sector de Partido Colorado, y en definitiva, pésima para el país.
Estamos convencidos acerca de la necesidad de que la formación docente se organice en nuestro país como educación universitaria, integrando el sistema de investigación, desarrollo e innovación del país, preparándonos para una sociedad del aprendizaje, en que los educadores —profesionales de alto nivel— sean tanto o más estratégicos que los profesionales liberales del pasado. Más aún, creemos en la necesidad de una verdadera universidad, una universidad-red, capaz de albergar y potenciar esa formación, sin perjuicio de los saberes que se encuentren en otras universidades.
Sin embargo, esa misma convicción nos lleva a alertar contra el grave riesgo que significaría para la educación nacional que el próximo martes 1º de octubre un pésimo proyecto de ley obtuviera, raspando, la mayoría especial requerida de 66 legisladores.
Será como congelar el actual estado de cosas, en el que una formación docente inicial no universitaria —ni en su ethos, ni en la formación de sus formadores, ni en sus resultados— sea declarada tal y dejada en manos de exactamente los mismos segmentos corporativos y fuerzas que han logrado llevarla a su actual estado.
Hoy la formación docente ha perdido ingresos, ha perdido egresos, tiene serios problemas para retener a sus alumnos y pese a la relativamente buena gestión de las autoridades del Consejo de ANEP que la administra, no ha podido ponerse en marcha hacia un verdadero proyecto universitario.
Lo que el país debería plantearse es un verdadero diálogo estratégico respecto a qué formación docente necesitamos, en el marco de qué política de reclutamiento de aspirantes, con qué aspiraciones de calidad en su proceso formativo, sobre cómo evaluaremos esa calidad, con qué estructura de incentivos estimularemos altos desempeños educativos, en qué carrera docente, en qué condiciones de trabajo ejercerán estos nuevos profesionales y cómo este tipo de formación será reconocida por la administración educativa y por las demás universidades.
Ninguno de estos puntos ha sido debatido y, en cambio, solo se cuenta con un proyecto oficialista, que no reúne el consenso del resto de los partidos ni de los profesores.
Parece ser el momento oportuno para postergar la creación de la Universidad de Educación para el próximo período de gobierno, cuando los partidos políticos debatan y expresen sus posiciones sustantivas respecto al tipo de formación docente que necesitamos.
Nos jugamos mucho. Sin una formación docente universitaria de verdad, con amplio respaldo ciudadano, no será posible transformar la crítica situación que enfrenta nuestra educación básica.
Es el momento de la responsabilidad de técnicos y de políticos.
Dr. Enrique Martínez Larrechea
CI 1.521.610-1
“La princesa y el presidente”
Sr. Director:
Quiero agradecer lo expresado en la columna titulada “La princesa y el presidente” firmada por Claudio Paolillo el jueves 19 de setiembre.
Suscribo cada palabra que dice y creo que este es el sentir de miles y miles de uruguayos que se ven identificados en ellas e indignados por lo sucedido.
Es verdad que a mí me une un lazo de profunda amistad-fraterna con D’Arenberg, por lo que pudieran parecer subjetivas mis observaciones, pero aun cuando no fuera así, no puedo más que encomiar la actitud y valentía del columnista (que tan poco se ven en estos días) al imponer y ¿por qué no? reclamar justicia y colocar las cosas en su lugar, para con esta gran mujer, que no hace más que dar al Uruguay y a su gente: en épocas buenas y malas.
No agregaría ni sacaría nada a lo escrito por Paolillo. No se podría hacer mejor.
¡Muchas gracias!
Le saluda con respeto,
Graciela Rompani de Pacheco
CI 877.548-9
Alternativa para Montevideo
Sr. Director:
531 convencionales nacionales del Partido Colorado votaron afirmativamente echar a andar un acuerdo político trascendente de cara a los comicios departamentales de Montevideo en 2015. La decisión fue contundente, ya que votaron 560 convencionales de 602, aunque lo más importante es la gran convocatoria de la consulta, que demuestra que el Partido Colorado está muy vivo, de pie y seguirá mirando unido al porvenir.
En esta generosa sección de Búsqueda ya he expresado tiempo atrás los porqués de mi opinión favorable.
Pero la pasada sesión de la Convención Nacional, que mereció una importante crónica de su semanario, me impulsa a sumar algunas reflexiones por esta vía.
Quienes legítimamente se opusieron confundieron o interpretaron mal el alcance del acuerdo. La enorme mayoría de quienes estamos a favor ni pensamos en generar un acuerdo a nivel nacional. Y mucho menos existe un intento de fusión como se ha manejado, ya que habrá simplemente una acumulación electoral de votos, tratándose de una iniciativa para desarrollar únicamente a nivel departamental, en la capital del país, donde hace casi un cuarto de siglo gobierna el Frente Amplio y donde el Partido Colorado no tiene otro horizonte, en el mediano plazo, si las cosas siguen como hasta ahora, que seguir siendo oposición.
Y este hecho no significa ni una resignación electoral, ni una claudicación de nuestra identidad histórica, ni dejar de lado principios políticos. Significa realizar una lectura de la realidad política y electoral montevideana sensata y actuar con sentido de responsabilidad política y visión estratégica hacia el futuro.
Los partidos políticos son organizaciones que cumplen muchas funciones en una sociedad. Pero uno de sus principales objetivos, si no el principal, es el ejercicio del poder, o sea gobernar. Y por eso, entre otras razones, muchos dirigentes han pensado en que es el momento adecuado para dar este paso. Y ha sido así, además, porque uno de los deberes básicos de los dirigentes políticos es interpretar a la gente y brindarle caminos que permitan contemplar sus demandas y colmar sus esperanzas.
Y vaya que es una demanda extendida y una esperanza compartida por muy buena parte de los montevideanos, contar con una alternativa electoral real que ponga en discusión la hegemonía frentista y abra las puertas para un nuevo gobierno que les devuelva vida y dignidad a la ciudad de Montevideo y a sus habitantes.
Por eso el acuerdo. Que está pensado para ganar el gobierno de Montevideo. Y esto no tiene nada de malo. Porque si estuviéramos en sintonía con lo que han sido los gobiernos frenteamplistas en la capital, nos sumaríamos y no haríamos oposición. Pero como no lo estamos, la hacemos. Y como somos oposición, buscamos las alternativas legítimas para volver a gobernar. Porque gobernar está en el ADN del Partido Colorado.
Así de claro. Queremos volver a ser gobierno y en función de que no existe el balotaje a nivel departamental, nos valdremos de un acuerdo electoral transparente para lograrlo si es que contamos con el respaldo de la ciudadanía. Votando a un candidato colorado, que pondrá su impronta y representará nuestros principios e identidad, pero con el objetivo de convocar más allá de nuestra colectividad. Para lo que presentaremos una propuesta programática genérica con los puntos principales que ya han sido aprobados en la pasada Convención Nacional.
Por primera vez en 25 años los montevideanos podrán tener una alternativa real de gobierno al Frente Amplio. Y esto ya de por sí es una buena noticia.
Pero me permito agregar otra noticia, no tan comentada —vaya uno a saber por qué— en los sesudos análisis históricos, politológicos o sociológicos: Montevideo, el principal bastión político, electoral y clientelar del Frente Amplio, será desafiado y le puede ser arrebatado.
No es políticamente correcto poner énfasis en este último aspecto que he mencionado; pero permítaseme hacerlo, porque puede ser un factor de una contundencia estratégica y psicológica sobre la realidad política, el peso electoral partidario y la configuración del sistema de partidos hacia el futuro, trascendental.
De darse el cambio de signo de gobierno en Montevideo en 2015, seguramente se iniciará una nueva era política en Uruguay.
Luis Hierro Freigedo
La asonada en la Corte
Sr. Director:
Zabalza y su paradoja. Zabalza comentó que es una “paradoja” el pedido de procesamiento que el fiscal (aparentemente hijo de un general durante la dictadura) hizo por su participación en la manifestación de intimidación (por llamarla de alguna manera) al Poder Judicial en la sede de la Suprema Corte de Justicia, particularmente considerando que él (Zabalza) fue uno de los rehenes de la dictadura militar (Búsqueda, Nº 1.731 del 19 al 25 setiembre del 2013).
Lo que el Sr. Zabalza convenientemente olvida es que antes de ser rehén, fue un terrorista y delincuente que formó parte de una organización que cometió toda clase de delitos comunes (robo a mano armada, asaltos, atentados, secuestros y asesinatos) además de tratar de imponer por la fuerza un gobierno dictatorial al estilo cubano. Todo esto atacando no a una dictadura, sino a uno de los gobiernos más liberales y democráticos del continente americano. Como dijo Vargas Llosa, hasta el Partido Comunista operaba legalmente siendo un brazo de la antigua Unión Soviética.
La paradoja más grande es que desde la cárcel los terroristas azuzaron a los militares a dar el golpe de Estado, con la esperanza de que estos establecieran un gobierno militar de izquierda al estilo peruano de la época y entonces, recién en plena dictadura militar, terminaron siendo rehenes de sus amigos antidemocráticos, nuestros militares golpistas.
Pero la madre de todas las paradojas, Sr. Zabalza, es que hoy tenemos en el gobierno a sus colegas terroristas y delincuentes comunes de los años 60 llevados a sus cargos actuales mediante el proceso democrático de elecciones libres que ustedes, los guerrilleros uruguayos, trataron de destruir en su momento. Es decir, hoy tenemos al “lobo” cuidando el “gallinero” y esto también explica por qué no avanzamos nada en el tema de la educación. Un pueblo educado no puede ser autodestructivo como aparentemente lo estamos siendo los uruguayos.
Como ve, Sr. Zabalza, no se sienta mal; vivimos en un mundo lleno de paradojas.
Juan Carlos Aguerre
Pobreza y asistencialismo
Sr. Director:
La pobreza no se arregla con plata. Durante mi adolescencia viví en Montevideo en un barrio de la periferia, que sale frecuentemente en noticieros con ejemplos a no imitar. Ahí vive gente trabajadora, que se relaciona con otras que no lo son tanto, generando un mosaico de realidades socio-económicas muy diversas.
El conocimiento de esta realidad y haber crecido entre limitaciones y privaciones, me llevó muchas veces a cuestionarme sobre la pobreza y de cuántos pesos hablamos para pertenecer a una u otra categoría, pobre-no pobre.
Reconozco que las privaciones pueden ser buenas, que enriquecen a la persona enseñándole a valorar lo que tiene, ayudándole a centrarse en lo que es y no en lo que posee.
En cuanto a las limitaciones es distinto, porque consiste en no tener la posibilidad de… No contar con la opción de elegir y esto empobrece.
¿Qué es ser pobre? ¿No llegar a pagar cuentas? Hay mucha gente que no llega a pagar sus cuentas y no los podemos considerar pobres por eso; tal vez solo significa que gastan demasiado. Alguna vez lo escuché de esta manera: “No tener las necesidades básicas cubiertas”. Pero esto, en cierta medida, es opinable. ¿Cuáles son estas necesidades básicas? Alimentación, vivienda y salud está más que claro que encabezarían la lista de prioridades, pero considero que va más allá.
Volviendo al caso de mi barrio, ahí hay personas que reciben los planes de asistencia económica que brinda el Estado por el simple hecho de ser “pobres”, sin exigir nada a cambio. En muchos casos, que sorprendería el porcentaje, este dinero les permite acceder a celulares de última generación, motos (chinas, pero nuevas), plasmas y conexión al cable. No es que esté mal hacer uso de estos bienes o servicios, pero están lejos de ser considerados necesidades básicas que aseguren la sobrevivencia individual. Se puede decir que esta asistencia no solo no saca de la pobreza, sino que en cierto sentido los mantiene en ella.
Esto me hizo preguntarme nuevamente: ¿qué es ser pobre? ¿Dónde está la diferencia? Ya que considero que es imposible resumirlo en un número frío de ingreso per cápita en un hogar, o por los bienes y servicios a los que un individuo o familia tenga acceso. ¿La pobreza está dentro o fuera de cada persona? ¿Cuál es la base para catalogar, como se hace habitualmente, que esta persona o familia es de condición humilde, o es pobre? Esta pregunta no se puede responder asignando un valor puramente monetario.
Una posible explicación que encontré a mis interrogantes es pensar que la pobreza radica no en el tener sino en el ser, y no lo digo en el sentido filosófico. Creo que la pobreza está dada en gran medida por no poder acceder a determinados bienes y servicios que se consideran necesarios; en definitiva, ser capaces de poder afrontar por los propios medios los costos que implica vivir e interactuar en una sociedad. Además es fundamental que estén dadas las condiciones para que estos recursos puedan ser autogenerados, por ejemplo por un trabajo y no por el hecho de pertenecer a un grupo (con algunas connotaciones negativas) “pobre”.
El conocido dicho “no hay que darle pescado a la gente, sino enseñarle a pescar” es poéticamente atractivo pero está ideológicamente distante de la actual política asistencialista, donde parece escucharse un “come pescado y cállate la boca”.
No pertenezco a ningún partido político, los voté a todos, analizando las propuestas concretas realizadas tanto a nivel local como nacional. Por lo que no considero que se pueda tomar lo antes dicho como una crítica al actual gobierno. Aclaro, para que no se tilde de sesgada la opinión y pueda ser por esto menos compartida.
Pero volviendo al hecho de ser pobre, ¿cómo sería enseñarle a la gente a pescar? No me considero un visionario al decir que esto se consigue con educación y la educación o preparación para desempeñarse en una sociedad se consigue entre otras cosas con horas de clase, tema complejo en la actualidad e históricamente recurrente. Siguiendo este punto de vista, resulta lícito preguntarse: ¿cómo se pretende enseñar a pescar si no se enseña, si no hay clases o si se promueven los pasajes de año sin evaluar a los interesados en cómo van adquiriendo el arte de la pesca?
Considero que la igualdad social no es algo que se pueda imponer y está más que demostrado que cuando se quiso hacer por la fuerza, terminó fracasando. Pienso que la igualdad social se consigue brindando a todos las herramientas necesarias para desarrollarse y conseguir esa igualdad. No es una igualdad de ingresos, sino de oportunidades de acceder a la educación y formación necesarias para afrontar las limitaciones que se traducen en menos posibilidades de valerse por uno mismo.
En fin, creo que es hora de preguntarnos como sociedad, ¿cuál es el futuro que nos espera? El esquema actual de enseñanza y asistencialismo se observa como un círculo vicioso respecto a la generación y mantenimiento en la pobreza. El sistema de enseñanza, que forma a los uruguayos del mañana, no solo demuestra bajos resultados en el exterior (pruebas Pisa), sino que en la interna aumenta el porcentaje de los jóvenes “ni-ni”. Por lo tanto, serán cada vez más los que necesiten de asistencia para asegurar la subsistencia que no se pueden garantizar ellos mismos.
R.J.H.
Seguridad pública
Sr. Director:
Los economistas antiguos creían que la seguridad era un bien público puro. Por eso recomendaron que el Estado la asumiera por completo y la dividiera entre la defensa del territorio y la defensa del ciudadano. En la Florencia renacentista había madurado la organización de la seguridad con base en razones económicas. El ejército podía ser contratado en forma permanente porque se podían cobrar impuestos a los ciudadanos para sufragarlo. Pero nadie quería pagar impuestos por seguridad dentro de la ciudad. De eso se ocupaba la guardia privada del Príncipe. De hecho, la policía adoptó muy diversas formas a lo largo del tiempo y los países. Las fuerzas armadas sufrieron menos cambios y su institucionalidad se cimentó.
Los economistas antiguos pensaban que la seguridad era un bien público puro porque todos la necesitaban pero nadie quería pagar por ella. Dado que no se podía excluir del beneficio de la seguridad a terceros, nadie la querría pagar. El mercado funciona con base en un principio de exclusión y si este no se cumple, el mercado no se genera. Los florentinos renacentistas habían llegado a la misma conclusión cuatro siglos antes. La complejidad de la institucionalidad militar y policial es el resultado de un aprendizaje de siglos respecto de sus normas, sus doctrinas, sus bases constitucionales y no deben cambiarse a la ligera.
Rara vez las razones económicas son tomadas en cuenta por una sociedad para decidir sobre cosas de importancia. Pero en ocasiones echan luz. Al menos para afirmar que en nuestro país parte de la seguridad se ha privatizado y ha surgido un mercado. La revolución en tecnologías de comunicación generó servicios de seguridad basados en componentes electrónicos para delimitar la zona asegurada y brindar el servicio, excluyendo toda área colindante. La tecnología permite aislar a otros del beneficio de la seguridad. Algunos pocos tienen los beneficios de la seguridad personalizada, muchos otros estamos a la intemperie. Con la irrupción del mercado de seguridad, esta se ha vuelto inequitativa en su distribución. Pero sigue siendo un bien público. Y la defensa del territorio nacional sigue siendo un bien público puro. En términos económicos.
Los economistas y los florentinos concluirían en que si bien la tecnología puede generar un servicio privado, sus compradores no necesariamente tendrán una idea precisa del alcance y la calidad del servicio. De allí habrían sugerido que el Estado debe garantizar la información sobre la calidad de la seguridad que se ofrece y el instrumento preferido hubiera sido fijar estándares mínimos de calidad a cumplir en forma obligatoria por las empresas de seguridad privada.
Si bien la tecnología afectó la pureza de la seguridad ciudadana como bien público, no fue así con la defensa del territorio confiado a las fuerzas armadas. Este ámbito mantiene inalteradas sus razones económicas de existencia y sigue siendo una función fundamental del Estado. Pero la seguridad pública como un todo debe convivir con una oferta de seguridad privada y la forma es la regulación. La regulación de todas las esferas de actuación de la seguridad privada, sin excepciones. Y su complementación con la seguridad pública para que esta pueda concentrarse en las funciones especializadas.
La amenaza actual a la seguridad ciudadana combina diversos grados de inteligencia, organización, tamaño, poder y modo de combate, y la respuesta de la sociedad a ella debe tener capacidades equivalentes de combinación de recursos. La inseguridad se ha apropiado del territorio nacional de tal manera, que no nos sentimos seguros en nuestras casas, en el barrio, ni en todo el país. La combinación de sus fuerzas militares y policiales es el recurso que tiene la sociedad para defenderse de la violencia que campea en el país. La especialización que se requiere debe ser al menos equivalente a la del delito. Se trata de fuerzas combinadas que durarán tanto en ejercicio como dure la figura delictiva que combaten, su acto de creación no establece un precedente para su permanencia.
Las adecuaciones parciales y apresuradas al nuevo contexto económico de la seguridad son muy peligrosas. El servicio 222 perforaba la seguridad pública. Se privatizaba la seguridad pública por un complemento salarial para el funcionario designado. Un joven policía y padre de familia fue masacrado en una agencia de cambios, buscando juntar el dinero para la Navidad de sus hijos. Fue en la Ciudad de la Costa. Uno entre muchos.
El país se encuentra en una perspectiva de fuerte apertura externa. Como se ha experimentado con el Mercosur, al abrirse las fronteras también entrarán nuevas bandas delictivas. Es un fenómeno global. La capacidad para enfrentar un incremento de la variedad y variabilidad delictiva reside en la gestión de fuerzas especializadas y flexibles en su combinación. La regulación de la seguridad privada para incrementar su complementariedad con la seguridad pública es el primer paso. Esta complementariedad deberá alcanzarse en el espacio del territorio nacional, en la distribución de figuras delictivas a enfrentar, simples y complejas, y en los estándares técnicos del servicio a brindar.
La trazabilidad completa de las personas en el espacio público, como se inicia en la Ciudad Vieja, aplica la tecnología a la seguridad ciudadana. El ojo de un hermano mayor orwelliano con sus pro y sus contra. Pero también este adelanto exigirá mayor agilidad y especialización en las respuestas de las fuerzas de seguridad frente a la ocurrencia de delitos. Dentro de las circunstancias que atravesamos, la conducción conjunta entre militares y policías de fuerzas combinadas y especializadas por figura delictiva, en la tradición de las policías metropolitanas, es la opción que la sociedad tiene a mano.
José Pedro Alberti
CI 1.306.958-8
