¿Para cuándo un sistema penal para personas? En Uruguay las bases de convivencia social han cambiado y ya se puede decir que se cumple íntegro el presagio de Discépolo, porque todo es igual y nada es mejor. Como vivimos en el Cambalache, ya sea aplicando una política neoliberal o una en la que “naides es más que naides”, los males que nos aquejan como sociedad se pretenden solucionar mediante castigos, haciendo honor a la figura hegeliana del palo amenazante que previene el mal comportamiento del perro. ¿En qué nos hemos convertido? ¿Es posible o racional que gobierno y oposición pretendan solucionarlo todo mediante el derecho penal? Y quienes esto proponen, ¿sabrán que el sistema procesal penal uruguayo fue diseñado durante la dictadura y que es el único proceso inquisitivo que queda en la región? ¿Sabrán que el proceso penal viola la Convención Americana de Derechos Humanos y que las cárceles han sido observadas por Naciones Unidas por violar los derechos humanos? ¿Se han preguntado si la ciudadanía aprueba el funcionamiento de la justicia penal? ¿Han hecho proyectos de investigación criminológica o, al menos, alguna encuesta?
El profesor Paul Robinson de la Universidad de Pennsylvania se ha ocupado recientemente de los sistemas penales que han perdido legitimidad en una comunidad. Y para entender esta resistencia o subversión de los ciudadanos se plantea algunas preguntas: “¿Denuncian los delitos las víctimas? ¿Se presentan los testigos potenciales para ayudar a la Policía y a los investigadores? Fiscales y jueces, ¿siguen las normas legales o se sienten libres para crear las suyas propias? ¿Aceptan los delincuentes su responsabilidad y sanción o por el contrario se centran en la injusticia que piensan que se está cometiendo con ellos?”.
Pensando en Uruguay, ¿cómo respondería la ciudadanía a estas preguntas? En mi opinión, el resultado de esta encuesta o de un proyecto de investigación no sería muy alentador. Pero (me temo) que de llevarse a cabo podría indicar —por un lado— que los ciudadanos desconocen y no se interesan por el sistema penal y sus instituciones (es decir, no recurren a él porque ya no le tienen confianza) y —por otro lado— que a pesar de esta ignorancia igual exigen más castigos, menos tolerancia y mucha mano dura (con la salvedad de que si el sistema no brinda esa protección, al menos admitirá la “justicia por mano propia” y las “autodefensas” por medio de “patrullas ciudadanas”, todo justificado por medio de la “legítima defensa”). Si mi temor fuera cierto, estaría demostrando —por un lado— que el sistema penal uruguayo es totalmente ineficaz y —por otro lado— un gran índice de incultura ciudadana (desconocimiento de la historia y de la situación de otros países que ya han fracasado con estos programas que solo derivan en mayores poderes inquisitivos para la Policía y los funcionarios de la administración de la justicia y en una pérdida de las libertades individuales) y dejaría las puertas abiertas para opciones no democráticas de gobierno (estadísticamente, durante las dictaduras se cometen menos delitos violentos entre los ciudadanos).
¿Cuál es la solución entonces? No sé cuál es la solución para Uruguay, pero todo indica que hay que recuperar la confianza en el sistema y, para ello, deberíamos utilizar formas alternativas para resolver los conflictos, aquellas que hacen hincapié en la asunción voluntaria de la responsabilidad y la reparación del daño, sin descuidar las finalidades de prevención en relación a los delincuentes más peligrosos. La prevención, que es lo que hoy más preocupa (a tal punto que se han formado auténticas “autodefensas civiles”), no se consigue solo con reprimir mediante castigos sino educando (incluso una nueva forma de resolver los conflictos sociales). Para ello hay que valorar (social y jurídicamente) cuando los ciudadanos asumen la responsabilidad por su mala conducta en el seno de una comunidad y compensan a las víctimas.
El sistema uruguayo tiene que cambiar la forma de pensar y entender que el delincuente no solo viola normas abstractas sino inmediata o mediatamente los derechos de otras personas y las relaciones interpersonales. Es verdad que el Uruguay ha bajado notoriamente el nivel educativo (superado ya por muchas naciones, incluso de Sudamérica) y que la incultura y el embrutecimiento impiden pensar soluciones a largo plazo. Pero si queremos mantener nuestros derechos y libertades ciudadanas tenemos que impedir que el derecho penal y las penas se lo traguen todo. La tarea es complicada porque educar y ser educado ha perdido valor y porque las elites (políticos, medios de comunicación y sindicatos) “hacen política” y se valen de símbolos para hacer creer que las soluciones las brinda el derecho penal y la pena de reclusión (que no previenen sino agravan el problema y, además, provocan una extraña ecuación en la que los fracasos nos cuestan mucho dinero a los que tributamos y poco esfuerzo al legislador y al gobernante que con una nueva ley penal dan por solucionado el problema).
Nadie se ha puesto a pensar que todo esto en Uruguay ya ha fracasado y que es hora de pensar en formas alternativas de resolver los conflictos. La mediación, la conciliación, la reparación a la víctima, los acuerdos entre autor y víctima, son medios totalmente desconocidos e ignorados en nuestro país. La cárcel y la estigmatización se han banalizado y no cumplen con su efecto preventivo, porque ellas tienen que estar reservadas para quienes han cometido delitos graves o para quienes no quieren asumir su responsabilidad (quienes la merezcan). Con los peligrosos hay que utilizar medidas de vigilancia electrónica y monitoreo.
El derecho penal fracasa cuando el ciudadano ya no cree en él, porque ya no cree en la justicia que de allí emana. Y ello sucede cuando el derecho penal pierde credibilidad moral porque se aplica para todos los casos (pero no para todos los delincuentes), cuando la estigmatización pierde sentido, cuando no hay alternativas a la cárcel. El derecho penal tiene que ganar credibilidad moral en la comunidad para que las normas y las decisiones judiciales gocen de legitimidad y acatamiento. Y la credibilidad moral no solo se consigue con penas cada vez más severas e implacables, sino también cuando se admiten otras formas de resolución de los conflictos que puedan llegar a ser aceptadas desde el punto de vista social, como son los acuerdos entre los involucrados por el delito. De esta forma, habrá un derecho penal fuerte (de monitoreo o encierro) para los peligrosos y un derecho penal más flexible para quienes no merecen ir a parar a la cárcel porque no es necesario (en casos en que el autor haya aceptado voluntariamente su responsabilidad y reparado a la víctima o a la comunidad, etc.). Esto es lo que se denomina fin preventivo del castigo, que se basa en el merecimiento y la necesidad del caso concreto, que a su vez se determina por la proporcionalidad, la oportunidad o el consenso.
Un pueblo inculto se contenta con “culpabilizar” a sus gobernantes por sus males y por todos los males y aunque no crea ya en el sistema penal exige “mano dura” otorgando más poder a policías y jueces. La incultura nos conduce a que aceptemos tratar y ser tratados como perros. Un pueblo culto lucharía con las armas constitucionales (plebiscito, referéndum) y la presión social para que rápidamente se apruebe un sistema penal propio de un Estado Democrático de Derecho.
Pero no solo se necesitan códigos de la democracia sino también funcionarios capacitados en todas las áreas relacionadas con la prevención y represión del delito. Un pueblo culto y democrático no recarga de trabajo a sus jueces penales, sino que acepta formas alternativas de resolución de los conflictos sociales. Sí, también de los más graves. ¿Seremos capaces de entender a tiempo el problema o seguiremos aceptando que se nos trate como si fuésemos perros?
Pablo Galain Palermo
Freiburg (Alemania)
Peñarol, Nacional y el CURCC
Sr. Director:
Quintana, Tarigo y el decanato. El escribano Daniel Quintana acaba de publicar un libro titulado “1891. La fundación”, en que sostiene con gran apasionamiento y convicción que el CURCC y Peñarol son una misma institución. Es sin duda un libro de gran interés para quien abrace la misma causa y pasión, e incluso para quienes no.
Pero, sin embargo, hay dos circunstancias que me obligan a formular algunas precisiones sobre su contenido. Una de ellas es que me nombra y menciona que he sido honesto intelectualmente (lo que agradezco) porque he reconocido públicamente que CURCC y Peñarol son una misma institución, aunque luego aclara que hice también consideraciones jurídicas que, agrego, en ello se basa mi verdadera posición.
Por eso es que preciso: no tengo ningún reparo en señalar que considero que sociológicamente fue el CURCC el antecedente de la formación de Peñarol y el iniciador de esa herencia intangible que sienten los peñalorenses. Y más de alguno me ha sentido decir (como lo oyó el Esc. Quintana) que estimo que hay una unidad sociológica pero no jurídica. Y es más: fui uno de los integrantes de la Comisión de Decanato del Club Nacional de Football y quien tuvo la iniciativa de estudiar el expediente sobre la personería jurídica de Peñarol.
Y el segundo elemento, que está vinculado a lo anterior, son los epítetos hacia la persona del Dr. Enrique Tarigo que constituye el núcleo del libro.Y es esto, más que nada, lo que me lleva a escribir estas líneas, no solo porque el Dr. Tarigo fue un eminente ciudadano al que la República le debe señalados servicios, sino también y, fundamentalmente, porque soy responsable junto con el Dr. Eduardo Rodríguez Ituño (autor de la iniciativa) que fuera el Dr. Tarigo, que no integró la Comisión del Decananto en su inicio, quien redactara el informe final sobre la base de los elementos reunidos por los integrantes de la Comisión, que era profusa, como lo demuestran las propias citas documentadas que hace Tarigo en su ahora famoso alegato.
No vamos a reproducir todos los calificativos del escribano Quintana sobre el Dr. Tarigo, bastando señalar que lo califica de “soberbio” y que utiliza “artificios deporables”, en una reacción propia de quien sin duda aquel documento mucho le ha molestado, y que ahora luego de veintidós años de su publicación sale a enfrentarlo, y que lo hace porque lo siente como un deber ineludible como peñalorense estudioso y colaborador de su club.
No obstante ello, el autor cae en los mismos errores en que han incurrido todos los sostenedores de la posición peñalorense sobre el decanato, que es dar por supuesto que esa unidad sociológica le da derecho de que todos tengan que tener como probada la continuidad jurídica. Y ello no es así, terminantemente no lo es, y Tarigo, de quien no hay dudas que su idoneidad jurídica lo demuestra fehacientemente, a tal grado que nadie que intente controvertirlo logra tener éxito cuando distingue, basándose en Coviello, en actos inexistentes, absolutamente nulos y relativamente nulos, que relaciona con las dos asambleas fundamentales para la consideración de esta cuestión: la del 2 de junio de 1912 del CURCC, en que se rechaza la reforma que pretendía agregarle la palabra Peñarol a la sigla del club, y la del 13 de diciembre de 1913 en que participan socios de segunda categoría (en esto se ofende el Esc. Quintana, pero esa mención figura en el libro de Mantrana Marín cuando hace referencia a la pretendida reforma de marzo de 1913, rechazada el 2 de junio) sin voz ni voto en la Administración del Club, más dos personas no socias.
Y esto es algo medular a resaltar, el prestar atención a este número de 33 presentes, porque si efectivamente estaban legitimados para actuar en una asamblea para modificar los estatutos del club, entonces el problema que tantos dolores de cabeza le ha costado a Peñarol, cuando le cerraron las puertas del CURCC no se habría presentado porque con ese número agregado a quienes votaron por la reforma del 12 de junio hubieran solucionado la valla normativa de los estatutos del CURCC y aprobada legítimamente la misma. En otras palabras, si estaban legitimados para actuar por el CURCC, ¿por qué no votaron en esa asamblea del 12 de junio? La respuesta es obvia: no lo estaban, salvo Maz y Nuñez.
Es aquí donde agrego por mi parte otro argumento jurídico, basándome en Santi Romano y su clasificación de ordenamientos normativos originarios y derivados. La asamblea del 13 de diciembre es originaria y no derivada, porque ella no se hizo en aplicación de los estatutos del CURCC sino al margen de ellos. Y, para que hubiera continuidad institucional en esa pretendida reforma de diciembre de 1913, tendría que haber consagrado un ordenamiento derivado, lo que no pudo ser porque no tenía su origen en los estatutos del CURCC. O sea, según la clasificación de Sayagués, fue un acto constituyente.
Y es por ello que adquiere total relevancia la constancia dejada por el oficial Varzi cuando se presentaron los estatutos de Peñarol, cuando advierte que en los mismos se hace referencia a que anteriormente el club se llamaba CURCC, y estampa: “no se acompañan estatutos del CURCC”. Esa constancia de un funcionario muy competente demuestra que Peñarol no podía justificar su pretendido ordenamiento originario, lo que llevó después al Dr. Clavijo a hacer la salvedad sobre que no implicaba lo dispuesto en el artículo 1º un reconocimiento oficial de esa pretendida continuidad. Y es aquí donde el Estatuto de Peñarol, a partir de la reforma del 27 de diciembre de 1939, al agregar a la sigla CURCC la palabra Peñarol, afirma algo que no es cierto, porque nunca el club se llamó CURCC-Peñarol sino tan solo CURCC, porque aquella pretensión de junio de 1912 fue rechazada, aparte de que mucho menos se llamó así desde su fundación el 28 de setiembre de 1891, en que se fundó un club de cricket siendo el fútbol una práctica incorporada después el 5 de mayo de 1892.
Muchos han dicho —y hasta con sorna también hacia Tarigo lo hizo el Dr. Maggi— que Nacional no tiene derecho a meterse en algo que compete a Peñarol. No, no es así, porque en las contiendas entre las instituciones y los procesos históricos, lo que se atribuye uno repercute en otro y ello forma parte de la pasión futbolística. En la misma medida también tenemos derecho a señalar que no es cierto que hayan conquistado el Campeonato Nº 49, atribuyéndose la Copa Héctor Gómez, fruto del laudo Serrato, que no lo fue, y el campeonato de la Federación de 1924, que tampoco lo fue, porque en ese año no hubo un doble campeón de la asociación, sino tan solo uno y que lo fue Nacional.
Tal como sostiene el Dr. Sanguinetti cuando exige rigurosidad histórica en el pasado reciente de nuestro país, también tenemos derecho a exigirla en la historia de las instituciones deportivas.
Y esa rigurosidad nos permite afirmar en lo personal que CURCC y Peñarol tienen una íntima relación, siendo el segundo un club sucesor del primero y que uno de los aciertos del Esc. Quintana es cuando incursiona en el terreno sociológico como potencial fuente de derecho, pero que en lo que tiene relación a su molestia con el Dr.Tarigo en el terreno jurídico, se podrá justificar por su pasión y por el lenguaje que a veces el destacado jurista y hombre público ha empleado, pero no porque en ese terreno no haya dado en el clavo, porque haberlo dado es lo que origina verdaderamente la molestia de los peñalorenses.
Nacional no tiene la culpa de que la entidad gremial le haya cerrado el paso a los criollos en aquella asamblea de marzo de 1912. Y los peñalorenses deben comprender que esta es la fuente de la discordia y no una caprichosa actitud de quienes controvierten su unidad jurídica. Si ellos mismos hablan sobre aquellos sucesos de transición y de emancipación política es porque algo importante ocurrió. Y si es así, ¿por qué no valorarlo a la luz de la sana crítica?
Por eso no hay que enojarse tanto con los nacionalófilos. El enojo debe ser con Mr. Byrne.
Hernán Navascués
Los hechos del pasado
Sr. Director:
Gracias por nada. Escuchando al “anciano” que todo lo sabe, filósofo de boliche, recordé una carta que le envié en el año 2008 con motivo del acto realizado en la ciudad de Durazno donde convocó a las FFAA.
Mientras se emitía la entrevista realizada por Daniel Castro no había fallecido aún el prisionero político Tte. Cnel. Alberto “Yaro” Gómez; una paradoja total ya que hacía exactamente 40 años que mientras el fallecido defendía, junto a otros tantos, las instituciones democráticas, los que hoy gobiernan atentaban contra ellas. Puedo afirmarlo ya que el “Yaro” fue uno de mis subalternos que tuve el honor de comandar.
Así que mientras muchos políticos, que en esa época no tenían ni 10 años, hacían encendidos discursos, el “anciano” inauguraba un salón de actos con el nombre de Erro diciendo alabanzas sobre su persona y el cuerpo del “Yaro” aún estaba tibio. Ni hablar de la actitud del PIT-CNT que, por si no lo recuerdan, apoyó los comunicados 4 y 7 al igual que el Partido Comunista y, como yapa, en ese momento la Plenaria Memoria y Justicia escrachaba al Centro Militar. Hechos que solo suceden en este país, pero es necesario aunque hayan pasado 40 años para seguir manteniendo encendida la llama del “verso” contra la dictadura. Todo sirve para desviar la atención de lo que importa hoy: mala gestión, inseguridad y déficit fiscal.
Ya lo dije en aquella carta y lo repito: su fuerza política carece de la grandeza suficiente como para lograr la conciliación nacional, en sus filas tiene gente que solo busca venganza y réditos políticos y económicos a costa de reparaciones y son tan obtusos que ni siquiera pueden respetar dos pronunciamientos del soberano en relación a la “ley de caducidad”.
También le vuelvo a repetir que usted, que se considera un viejo combatiente, se deje avasallar por algunos imberbes que jamás se enfrentaron a las balas, soportaron la cárcel o perdieron a un camarada y entre los motivos espurios que maneja no quiere que mueran viejos en la cárcel que luego serán mártires. Hoy le digo que eso ya es inevitable.
Los hechos son que luchamos y perdieron, así como la realidad echó por tierra el mito de que “los comunistas no hablan”; asúmanlo. Los festejos y algarabía de ayer considero que no se justifican: deberían hacer autocrítica.
Cuando falleció el Cnel. Calcagno se lamentaban que se había llevado consigo mucha información. Hoy se lamentarán de lo mismo con el Tte. Cnel. Gómez, quien se llevó otra parte de la historia, como me la llevaré yo el día que me vaya. Pero me la voy a llevar guardando el secreto militar por respeto a mis camaradas y superiores muertos y no amparándome en el secreto militar.
Así que, señor presidente, le reitero que le agradezco sus intenciones pero si algún día regreso a mi casa quiero hacerlo con la frente alta y el respeto de mi familia y mis camaradas, sin depender de las dádivas espurias o la connivencia política del gobierno de turno.
Finalmente, lo que son las vueltas de la vida: ustedes gobierno y nosotros presos. Para terminar, solo un recuerdo más en memoria del Cnel. Calcagno. ¿Podrá recordar quién lo entregó el día que lo detuvieron en San Martín e Instrucciones, cuando venía en bicicleta con un bolso donde traía una subametralladora, una flauta, medio litro de vino, una longaniza y una granada de mano? Pero no me haga caso; es una historia más de filósofo de boliche, que de eso sé mucho ya que me crié en uno de esos boliches, escuchando otras historias más humanas.
Cnel. (r) Ernesto Ramas
CI 707.695-5
