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A la caja del Estado ingresará durante los próximos meses un dinero extra, que debió haber llegado antes. La Dirección General Impositiva (DGI) y Cash acordaron que esta última pague en cuotas aproximadamente U$S 25 millones y, además, que se transforme en una sociedad anónima, perdiendo de esa forma las exoneraciones tributarias previstas para el régimen cooperativo que usufructuó desde su creación.
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El acuerdo fue suscrito en los primeros días de este mes y configurará la mayor reliquidación de impuestos en la historia uruguaya, dijeron a Búsqueda fuentes oficiales.
La DGI, cuyo director general es Pablo Ferreri, tiene puesta la lupa sobre otras financieras que operan bajo la figura jurídica de cooperativas de ahorro y crédito, pero que en los hechos no lo son, beneficiándose indebidamente de exoneraciones impositivas.
Una “cooperativa” peculiar.
Cash fue fundada el 27 de mayo de 1997 y operó inicialmente en un pequeño local del barrio de la Unión, en Montevideo. Según consta en su sitio web, cuenta con más de 200.000 socios, 17 sucursales en la capital y en el interior del país, y una plantilla que supera los 230 empleados. Para asociarse se requiere ser empleado de empresas públicas o privadas con seis meses de antigüedad, o pasivos de hasta 75 años de cualquier instituto previsional e ingresos mínimos de $ 5.000 líquidos.
Los estatutos disponen que la institución no persigue fines de lucro y que funciona de acuerdo con los principios de igualdad de derechos y obligaciones de sus miembros, y con libre adhesión.
El régimen cooperativo de ahorro y crédito regulado por la ley Nº 10.761 exonera del pago de todo tributo nacional —salvo los aportes previsionales y el Impuesto al Valor Agregado (IVA) sobre los intereses—, y establece que la prestación de los servicios a los socios debe financiarse utilizando recursos propios.
Ya en sus primeros años empezaron a advertirse indicios de que detrás de la figura de cooperativa de ahorro y crédito, Cash operaba más bien como una sociedad comercial: en 2001 unos pocos socios —23 de 19.000— controlaban 87% del capital social, éstos se sucedían en los órganos de conducción, había una distribución de excedentes que los beneficiaba y se otorgaban préstamos a personas que nunca llegaban a integrarse como asociados.
Años atrás la Auditoría Interna de la Nación (AIN) —que tiene entre sus cometidos controlar el funcionamiento y procesos formales de las cooperativas— promovió la intervención de Cash ante presuntas irregularidades, en especial la sospecha de que integraba un conjunto económico y la distribución de dinero excedente en beneficio exclusivo de los socios fundadores.
Teniendo en cuenta ese y otros indicios, mediante una resolución de octubre de 2007 la DGI le determinó a Cash obligaciones a pagar por concepto de impuestos a la Industria y Comercio, al Patrimonio y al Valor Agregado calculados para varios años de la década pasada, y le tipificó infracciones de mora y defraudación aplicándole multas y recargos. Para la Impositiva, se configuró un intento de defraudación para beneficiarse de las franquicias tributarias previstas para el régimen cooperativo.
La resolución de la DGI fue impugnada por Cash ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, que a mediados del año pasado desestimó el recurso. Ese órgano fundamentó su fallo en que “bajo la forma de una cooperativa que no tributa”, la financiera “realizó actividad mercantil en tanto prestadora de dinero en forma profesional”, en la inexistencia de convocatorias a asambleas con la adecuada información a los asociados y la “perpetuación de las mismas personas en los órganos de decisión”. Todo ello no permite “arribar a otra conclusión que la existencia (...) de un engaño con la clara finalidad de evadir impuestos”, afirma el Tribunal en su sentencia.
Acuerdo.
Cash aceptó pagar a la Impositiva unos U$S 25 millones en cuotas.
La DGI es la principal oficina recaudadora del Estado y en los primeros cuatro meses del año cobró unos U$S 3.000 millones en impuestos.
Como parte del arreglo con la Impositiva, Cash deberá modificar su estatus jurídico. Tanto el Instituto Nacional de Cooperativas como la AIN ya han autorizado la transformación de la cooperativa en sociedad anónima, dijeron las fuentes.
