Casi asfixiado, el sector cannábico recibe “oxígeno” del gobierno

El resultado de esa preocupación se concretó el lunes, mediante la aprobación de dos decretos firmados por todos los ministros de Estado. Las decisiones facilitan la exportación de la producción de cannabis ocasionada durante las zafras 2018, 2019 y 2020, con previa autorización del Ministerio de Salud Pública.

Y las inversiones llegaron, aunque un poco más lento de lo previsto. La Cámara de Empresas de Cannabis Medicinal tiene 42 miembros, algunas de capitales nacionales y otros, extranjeros.

Auxly Cannabis Group adquirió Inverell en 2018 por US$ 15 millones. El emprendimiento uruguayo tenía autorización para producir cannabis con poco tetrahidrocannabinol —el principal compuesto psicoactivo— y altos niveles de cannabidiol (CBD), el compuesto de la planta más codiciado por la industria médica y de los comestibles.

Las cosas no fueron del todo bien. En un informe divulgado en mayo, la compañía canadiense advirtió que, debido a la lentitud del “cambio regulatorio y político” en América Latina y las pocas oportunidades de venta de su producto surgidas en los meses anteriores, habían decidido no continuar con su plan de construir una planta de extracción de CBD en Uruguay.

Inverell cerró sus puertas en junio, relató Isoardi, quien desde marzo estaba en contacto con autoridades del Poder Ejecutivo para intentar conseguir “oxígeno” para el sector.

El asesor de la cámara sostuvo que si esto es una competencia de ciclismo, la ley que se aprobó en 2013 había puesto a Uruguay como el “malla oro” en el mundo cannábico. Pero ahora estaba otra vez mezclado en el pelotón. En los últimos siete años varios países habían aprobado algún tipo de regulación vinculada al sector, lo que le quitaba ventaja comparativa a Uruguay, mientras que las empresas locales casi no habían logrado colocar su producto en el exterior.

Los decretos apuntan a que las compañías puedan vender sus cosechas anteriores como materia prima, especialmente en el rubro comestibles, “un mercado que va más rápido”, afirmó Isoardi. Con la autorización del gobierno, “se van a exportar US$ 120 millones”, estimó.

Un decreto habilita la exportación de cannabis psicoactivo de uso medicinal y el otro para el cannabis no psicoactivo (cáñamo). El último es el que se utiliza, entre otros, para la producción de cosméticos, alimentos, aceites y medicamentos fitoterápicos.

“Hasta hace una semana, el sector no era atractivo, había inversiones que se estaban yendo; hoy vuelve a serlo”, evaluó el asesor. “El día que el primero exporte, esto explota”. En su opinión, una venta al exterior importante le mostrará a los inversores que el sistema funciona y Uruguay volverá a ser el “malla oro” de la competencia.

Consultado acerca de por qué cree que el nuevo gobierno aprobó los decretos, Isoardi sostuvo que el Poder Ejecutivo “se está aggiornando a los cambios en el mercado”. Ahora es tiempo de que ayude a abrir nuevos destinos a las exportaciones, mientras las empresas “aggiornan” sus fábricas para producir de acuerdo con los estándares internacionales.

El exsecretario de la JND Diego Olivera valoró como “muy positivo” el cambio dispuesto por los decretos del Poder Ejecutivo. Sin embargo, cuestionó que en su presentación el gobierno apeló a un discurso de impronta “refundacional”.

“Durante el período anterior (2019) se dieron las primeras exportaciones, algunas en volúmenes históricos para una actividad que aún se mantiene bajo un régimen internacional muy restrictivo”, escribió en Twitter. “Sobre estas bases institucionales y con la capacidad emprendedora, la inteligencia y el trabajo de tantas personas que conforman el sector, es que hoy se pueden dar nuevos pasos hacia delante”.