Su discurso ocurrió al tiempo que los líderes mundiales reunidos en la ONU adoptaban la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, con 17 objetivos definidos para atender a los más necesitados y cuidar el planeta.
El Papa sostuvo que los pobres “son descartados por la sociedad, son al mismo tiempo obligados a vivir del descarte y deben injustamente sufrir las consecuencias del abuso del ambiente”.
“Estos fenómenos conforman la hoy tan difundida e inconscientemente consolidada ‘cultura del descarte’”, añadió Jorge Mario Bergoglio, cuya oratoria fue interrumpida varias veces con aplausos.
Además, se refirió a los organismos financieros internacionales (sostuvo que deben “velar por el desarrollo sostenible de los países y la no sumisión asfixiante de estos a sistemas crediticios” que generan más pobreza y dependencia) y a la manipulación de la Carta de la ONU para avalar guerras según la conveniencia, lo que calificó como “fraude”.
Sin embargo, lejos de endosar el objetivo de garantizar acceso universal a servicios de salud reproductiva, contemplado en la Agenda 2030, el Papa aludió al rechazo de la Iglesia al aborto y al cambio de sexo.
Para eso pidió reconocimiento a “una ley moral inscrita en la propia naturaleza humana, que comprende la distinción natural entre hombre y mujer, y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones”.
Fue otro discurso para alimentar el debate sobre cuán reformista o progresista es el papa argentino.
La guerra o la paz colombiana
“Vengo a ratificar ante el mundo que, entre los más de 20 conflictos armados que subsisten en el planeta (…) hay uno, el de mi país, el de Colombia, que está en el camino final de una solución real”. (Juan Manuel Santos, martes 29)
Fue el único presidente latinoamericano que habló este año ante la Asamblea de la ONU en nombre de una nación en guerra. Pero el colombiano Juan Manuel Santos se mostró confiado en que será la última vez que eso ocurra.
El optimismo de Santos radica en un pacto que él mismo anunció en Cuba la semana pasada con el máximo comandante de la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC), Rodrigo Londoño Echeverri, alias “Timochenko”.
El compromiso —sellado con un apretón de manos entre ambos delante del presidente anfitrión, Raúl Castro— fijó el 23 de marzo de 2016 como plazo máximo para firmar un acuerdo de paz que termine con un conflicto interno que lleva más de medio siglo y causó más de 220.000 muertes y seis millones de desplazados.
Incluye un mecanismo de justicia especial para los crímenes cometidos en esa guerra, con penas diferenciadas para quienes ofrezcan verdad y admitan responsabilidad tempranamente, quienes demoren en hacerlo y quienes lo eviten.
Santos aseguró en la ONU que el pacto respeta las normas y principios del derecho internacional.
Sin embargo, el acuerdo ya enfrenta enormes retos, no solo por las críticas que ha recibido del ex presidente colombiano Álvaro Uribe, quien lo calificó de “golpe de Estado a la democracia”.
Las propias FARC negaron públicamente en un comunicado emitido esta semana que el acuerdo contemple lugares de prisión “para quienes brinden verdad plena y exhaustiva”.
Los negociadores del gobierno han admitido que resta definir algunos aspectos del acuerdo, cuyo contenido íntegro se mantiene en reserva, aunque el procurador general colombiano, Alejandro Ordóñez Maldonado, reclama que se conozca.
Con este panorama, Santos aprovechó su discurso ante la ONU para buscar apoyo internacional al acuerdo, reclamando que “todos los relojes del mundo se sincronicen” con el de Colombia.
Y se atrevió a prometer a la Asamblea que el año que viene regresará “como presidente de una Colombia en paz, de una Colombia reconciliada”.
El tiempo corre.
La acusación a Venezuela
“Venezuela está perturbando una frontera establecida. Está desestabilizando una región estable del mundo mediante el uso de la fuerza armada contra un Estado pacífico, pequeño”. (David Granger, martes 29)
El presidente de Guyana, David Granger, hizo ante la Asamblea de la ONU lo que su par colombiano evitó: referirse a la crisis fronteriza entre su país y Venezuela. Y usó palabras fuertes.
En su discurso, Granger acusó a Venezuela de “intimidación y agresión” con acciones presidenciales que datan de 1968 y siguen hasta hoy con un decreto de su actual mandatario, Nicolás Maduro.
El decreto de mayo creó una área de “defensa integral” para Venezuela en las costas del Esequibo, una zona de 160.000 kilómetros cuadrados que administra Georgetown, reclama Caracas y está bajo mediación de la ONU desde hace décadas.
Las disputas por la zona resurgieron este año tras el descubrimiento de un yacimiento de petróleo en sus aguas, cuya explotación podría ayudar a la débil economía guyanesa pero es rechazada por Venezuela.
En 2013, la Armada venezolana llegó a detener brevemente un barco de prospección petrolera que estaba en la zona, acusándolo de violar sus aguas, aunque Guyana afirma que estaba en su territorio.
“Venezuela”, dijo Granger en la ONU, “consciente de su mayor riqueza y poderío militar, e inconsciente de su obligación como Estado miembro de la ONU, la Unasur y la OEA, adoptó el camino de la intimidación y la agresión”.
Este discurso fue pronunciado apenas dos días después de que Granger y Maduro acordaran restablecer lazos diplomáticos y en paralelo a otra crisis en la frontera entre Venezuela y Colombia, cerrada por Caracas tras un incidente que atribuyó a paramilitares colombianos.
Maduro evitó la polémica con sus vecinos en la Asamblea de la ONU y atribuyó sus disputas fronterizas a una supuesta acción orquestada por otros.
“Hemos tenido que despejar amenazas, una operación tenaza que pretende llenar de conflictos nuestra frontera con Colombia y Guyana”, dijo.
Pero las palabras de Granger —un militar retirado que llegó a comandar la Fuerza de Defensa de Guyana— sonaron como una advertencia sobre los riesgos del vecindario.
Cuba y EEUU
“Quedaron restablecidas las relaciones diplomáticas y las embajadas en las respectivas capitales. Ahora se inicia un largo y complejo proceso hacia la normalización de las relaciones”. (Raúl Castro, lunes 28)
El presidente cubano, Raúl Castro, pronunció su primer discurso ante la Asamblea de la ONU tras el reciente deshielo entre su país y Estados Unidos. Pero lejos de conformarse con eso, leyó una larga lista de reclamos pendientes a Washington para que las relaciones se encaucen completamente.
Entre otras cosas pidió el fin del embargo económico y comercial a Cuba, una compensación por los “daños humanos y económicos” que haya causado y la devolución del territorio de la isla donde funciona la base naval estadounidense de Guantánamo.
El presidente estadounidense, Barack Obama, se mostró confiado sobre el fin del embargo a Cuba, durante un discurso que pronunció ese mismo día ante la Asamblea de la ONU.
“Estoy convencido de que nuestro Congreso acabará de forma inevitable levantando el embargo que no tiene más sentido”, sostuvo. Y advirtió que su país “seguirá defendiendo los derechos humanos” en Cuba.
Obama y Castro mantuvieron un encuentro cordial de 35 minutos, el segundo entre ambos desde que decidieran acabar con la hostilidad de más de medio siglo entre sus países.
En Washington se habla hasta de un eventual viaje de Obama a Cuba al fin de su mandato. Pero los analistas advierten que eso —al igual que un levantamiento del embargo por parte del Congreso— dependerá de que en la isla haya una verdadera e indiscutible apertura política.
Por eso, ambas cosas son consideradas por ahora como difíciles.
La crisis en Brasil
“Durante seis años buscamos evitar que los efectos de la crisis mundial que estalló en 2008 en el mundo desarrollado se abatieran sobre nuestra economía y sociedad (…). Ese esfuerzo alcanzó un límite, tanto por razones fiscales internas como por las relacionadas con el marco externo”. (Dilma Rousseff, lunes 28)
La presidenta brasileña, Dilma Rousseff, pronunció ante la Asamblea de la ONU uno de sus reconocimientos más claros sobre el agotamiento del modelo de crecimiento que su país tuvo en los últimos años. Y admitió que los problemas domésticos también han alimentado la crisis actual.
Las medidas adoptadas por Brasil en los últimos seis años incluyeron reducciones de impuestos, ampliación de créditos y ayudas para el consumo de las familias, en medio de una gran expansión del gasto público y ausencia de reformas estructurales.
Ahora Brasil se encuentra en una recesión que ya es vista como la más dura de las últimas décadas: la contracción de su PIB podría llegar hasta 3% este año y extenderse durante 2016.
El desempleo sigue en aumento y alcanzó 8,6% en el trimestre cerrado en julio, la inflación acumuló en agosto un alza de 9,53% en 12 meses, y el dólar se apreció más de 9% ante el real durante setiembre, cuando cotizó por primera vez encima de los 4 reales.
“La desvalorización cambiaria y las presiones recesivas produjeron inflación y una fuerte caída de la recaudación, causando restricciones en las cuentas públicas”, admitió Rousseff en la ONU.
También destacó las medidas de ajuste fiscal que envió al Congreso, con aumento de impuestos y recortes de gastos para generar un superávit primario en 2016, y sostuvo que Brasil está en “un momento de transición hacia otro ciclo de expansión”.
Pero los brasileños parecen darle cada vez menos crédito. Una encuesta del instituto Ibope indicó ayer miércoles que 69% de la población desaprueba su gobierno, y solo 10% lo aprueba.
Por ahora, la crisis que não tem fim.