Comisión de la OPP propone crear un “padrón demográfico”

La información que aportó ese censo —que siguió al realizado en 2004— y las proyecciones revisadas a largo plazo (publicadas en 2014) son las cifras disponibles, aunque, casi con certeza, perdieron vigencia a raíz de la oleada inmigratoria que está viviendo Uruguay.

El padrón

La iniciativa todavía tiene aspectos por definir para plasmarse en una propuesta, pero sus grandes líneas ya han sido discutidas en la subcomisión de trabajo en la que tienen participación en su comité ejecutivo varios ministerios, además del INE y la Secretaría Nacional del Deporte, mientras que en régimen de plenario asisten representantes de la sociedad civil vinculados a la temática.

A fines de mayo se efectuó, en la nueva sede del INE ubicada en el anexo de la Torre Ejecutiva, el taller titulado Hacia un sistema estadístico integrado basado en registros administrativos y donde expusieron jerarcas del gobierno junto con expertos de Suecia y Holanda, dos países que han recorrido ese camino. También habló una especialista colombiana acerca de la experiencia en la Comunidad Andina.

Hay básicamente dos modelos de recolección de la información de los registros. Uno en el cual la gente está obligada a reportar cualquier cambio de domicilio, por ejemplo, para poder acceder a determinados beneficios o servicios públicos; luego la oficina estadística recibe esos datos para su integración con otras fuentes que conforman un sistema integrado. Otra vía es a través de los registros administrativos ya disponibles en distintas reparticiones gubernamentales, que según Álvarez en Uruguay han mejorado, en general, y son de buena calidad. Mencionó el caso del certificado de nacido vivo, de Identificación Civil y el Registro Civil, que aporta datos sobre defunciones. También destacó el trabajo que realiza el Sistema de Información Integrado del Área Social del Mides recolectando información de otras fuentes y permite monitorear las prestaciones recibidas por la población, o el Registro Único de Cobertura de Asistencia Formal de prestadores de salud.

En un documento presentado en el seminario efectuado en mayo, la Comisión de Población explicó que los sistemas administrativos “generan continuamente datos sobre una variada gama de temas: eventos demográficos (nacimientos, muertes, migración, nupcialidad, etc.), educación, salud, actividades del mercado de trabajo, tributación, recepción de prestaciones y beneficios sociales, etc. Los registros relevados por las diferentes instituciones son producto de acciones que estas desarrollan a través de diferentes métodos, para consolidar bases de datos que permiten la ejecución efectiva de sus actividades y la gestión de sus políticas. A medida que más instituciones mejoran la calidad de sus registros y la oportunidad (timing) de la información, básicamente al adoptar el formato digital, la posibilidad de hacerlos interactuar expande la potencia de dichas bases de información, tanto para la mejora de la gestión como para su explotación estadística”. Por otro lado, por razones de escala, Uruguay es un país propicio para avanzar hacia una centralización de base de datos que le permita al Estado “planificar y ejecutar con eficiencia políticas públicas y servicios en el territorio” mediante este padrón demográfico, agrega.

La comisión enumera en el documento varias ventajas del uso de registros administrativos en la producción de estadísticas: baja costos (la información ya ha sido capturada por el Estado); una menor carga para los informantes de censos y encuestas; mayor cobertura; mayor tasa de respuesta, en general; mejora la calidad de la investigación al combinar varias fuentes; facilita la construcción de series temporales y los análisis longitudinales, entre otras.

También menciona algunas desventajas: puede haber diferencias en definiciones y conceptos; que los registros administrativos no son diseñados con propósitos estadísticos; o la posible falta de documentación y rigor metodológico, por ejemplo.

Censos

Siguiendo las recomendaciones internacionales, el INE hace los censos aproximadamente cada 10 años. El mayor gasto asociado es el salario de los encuestadores; en el último trabajaron unas 7.000 personas, incluidos los censistas, jefes de equipo y los referentes regionales. Si bien hubo ciertos retrasos en el relevamiento de los datos, los resultados estuvieron disponibles cuatro meses después.

La propuesta que elabora la Comisión de Población y Desarrollo apunta a disponer de un conteo anual de la población ubicada en el territorio basado en registros con una implementación en etapas y métodos mixtos (conteo complementado con encuestas por muestreo para completar la información que no aporten los registros).

En su documento aclara que los censos y encuestas por muestreo “no van a desaparecer” porque los sistemas integrados de registros no proveen toda la información necesaria para el país. Y apunta que, sobre todo las encuestas, deberían rediseñarse para “cubrir los huecos” que dejan dichos registros respecto a las variables, cobertura temática y universo. Como ejemplo señala los sectores informales.

Álvarez informó que tiempo atrás, en convenio con el Mides, el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad estatal evaluó el nivel de confianza de ciertos registros y halló que presentan “muy buena calidad” al aportar información similar a la obtenida mediante encuestas. Admitió, sin embargo, que en eso hay matices y que, por ejemplo, los registros referidos a la población de Montevideo son de mejor calidad que los del interior.

Según Álvarez, “técnica e instrumentalmente no se está lejos” de poder adoptar un padrón demográfico en Uruguay. En ese plano se ha trabajado con la Agencia de Gobierno Electrónico y Sociedad de la Información y del Conocimiento (Agesic).

Por otro lado, la transición de un sistema estadístico tradicional a uno nuevo apoyado en registros implica “un cambio de paradigma”, reconoció. Hay, por un lado, aspectos en los que “técnica e instrumentalmente no se está lejos”. Por otro, puede haber resistencias “culturales” y de sensibilidad por los datos personales que maneje el sistema. Sobre ese último punto, Álvarez explicó que, de implementarse, tendrán que disponerse normas específicas que den garantías a la población, si bien la información se utilizará de manera anónima. “Cualquiera sea la institucionalidad que se designe—puede ser el INE o una oficina nueva, pero esa es una discusión pendiente—, hay que establecer responsabilidades”, insistió. Según su visión, si hay temores son “irracionales” o por falta de comprensión de un sistema estadístico de este tipo: “La información ya está por ahí”.