Por fuera de la arena política, donde parte de la oposición ya adelantó su rechazo en general, el proyecto de Rendición de Cuentas está recibiendo comentarios técnicos con tono de advertencia, el más reciente por parte de Moody's.
La calificadora ve “mayores riesgos de desviación fiscal en 2027” y duda del éxito del “paquete de ingresos” previsto por el gobierno, por lo cual la “consolidación de mediano plazo supeditada a una disciplina sostenida del gasto”
Por fuera de la arena política, donde parte de la oposición ya adelantó su rechazo en general, el proyecto de Rendición de Cuentas está recibiendo comentarios técnicos con tono de advertencia, el más reciente por parte de Moody's.
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEsa calificadora de riesgo publicó este lunes 13 un análisis titulado Un panorama de crecimiento más débil aumenta la dependencia de la consolidación fiscal a medida que aumenta la deuda, que tiene similitudes con el mensaje que dio la semana pasada el Consejo Fiscal Autónomo, un órgano técnico asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).
Observa que, “a pesar del menor crecimiento” económico proyectado en la Rendición de Cuentas (1,6% en lugar de 2,6% para 2026), el MEF “mantiene la trayectoria original del balance fiscal global y estructural hasta 2030, compensando los menores ingresos con recortes en el gasto operativo y en transferencias discrecionales en 2026. Aun así, la senda de consolidación delineada en la revisión de mitad de año es insuficiente para estabilizar la deuda bruta del gobierno que, en línea con las proyecciones oficiales, esperamos supere el 65% del Producto Interno Bruto (PIB) para 2030, desde 59,8% en 2025”.
La calificadora acota que esa trayectoria “seguiría siendo consistente con la regla fiscal del gobierno, que ancla la deuda neta (excluyendo activos líquidos de 3%-4% del PIB en el horizonte de proyección) en 65%. Sin embargo, la rígida estructura del gasto, que incluye salarios indexados, transferencias sociales y pensiones —que en conjunto representan el 86% del gasto primario— deja un margen limitado de ajuste ante shocks, lo que agrava las vulnerabilidades fiscales a medida que aumenta la carga de la deuda”.
Luego profundiza en el análisis fiscal. Señala que las autoridades ahora proyectan que los ingresos de 2026 sean equivalentes a 27,4% del PIB, frente a 27% en 2025, “una pequeña desviación en comparación con 27,9% en el presupuesto (quinquenal) original. Sin embargo, observamos mayores riesgos de desviación fiscal en 2027, cuando el presupuesto proyecta que los ingresos aumentarán en 0,9 puntos porcentuales hasta 28,3% del PIB”.
Agrega que ese incremento “se sustenta en el paquete de ingresos a cinco años de 1,5 puntos porcentuales aprobado con el presupuesto 2025-2029, que depende principalmente de mejoras administrativas y de la ampliación de la base imponible en lugar de aumentos de tasas”.
Este paquete se apoya en “tres pilares: ganancias de eficiencia administrativa (alrededor de 0,75 puntos del PIB), que históricamente se materializan lentamente; medidas de localización, incluido el Impuesto Complementario Mínimo Doméstico y la tributación de dividendos de no residentes (alrededor de 0,60 puntos del PIB), cuyo rendimiento y calendario de implementación dependen de la coordinación fiscal internacional; y ajustes técnicos sobre ganancias de capital (alrededor de 0,15 puntos del PIB)”. La reducción del gasto tributario en vehículos eléctricos e híbridos a partir de 2027 “aporta apoyo adicional”, añade.
Para Moody´s, este “enfoque en medidas administrativas ayuda a preservar la competitividad, pero aumenta la incertidumbre sobre la recaudación efectiva, dejando la consolidación de mediano plazo supeditada a una disciplina sostenida del gasto”.
Por el lado del gasto, la revisión de las proyecciones que hizo el Ejecutivo en la Rendición confirma niveles “estructuralmente elevados de 31%-32% del PIB en 2026-2030, impulsados por mayores transferencias sociales (que aumentan a 8,7% del PIB desde 2027, desde 8,3% en 2024), gastos en pensiones en torno al 10% del PIB en 2025, y un mayor gasto de capital (hasta un aún modesto 1,5% del PIB desde 2025, frente a 1,2% previamente)”.
Además, según la agencia, la opción de jubilación anticipada a los 60 años en lugar de 65 (sujeta a menores beneficios y a un suplemento solidario para jubilados de menores ingresos), actualmente en consideración del gobierno tras la consulta del Diálogo Social, podría “aumentar el gasto en pensiones dependiendo de su diseño final, aunque el Banco de Previsión Social (BPS) estima el costo incremental en solo alrededor de 0,15 puntos porcentuales del PIB hacia 2040”.
En el frente de financiamiento, el fortalecimiento del régimen de metas de inflación del Banco Central desde 2023 “sigue respaldando dos tendencias positivas: la expansión gradual de la deuda en moneda local hasta 56% de la deuda total en 2025, lo que reduce el riesgo cambiario; y el desplazamiento hacia emisiones en pesos a tasa fija no indexada, lo cual disminuye el traspaso de la inflación y de la dinámica salarial a los costos del servicio de la deuda”. Esto “fortalece el control del gobierno sobre su trayectoria fiscal de mediano plazo”.
Por otro lado, Moody´s señala que espera “mayor claridad sobre la administración del ahorro previsional privado derivado de los cambios institucionales propuestos en el informe del Diálogo Social” convocado por el gobierno, una vez que concluyan las conversaciones instaladas por el MEF con las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP). Ese ámbito fue convocado en mayo, por 60 días, por lo que en breve debería haber novedades.
“Representando alrededor del 30% del PIB, los fondos de pensiones privados constituyen una base clave de inversionistas institucionales, esencial para el desarrollo y la profundidad de los mercados locales”, afirma el análisis de la calificadora como contexto para lo que surja respecto al futuro rol de las AFAP y el manejo de los ahorros.