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“A este ritmo no llegan al 50% y la reforma no sale”. Eso pensó un operador judicial vinculado a la situación de los adolescentes infractores cuando conoció la semana pasada una encuesta, difundida en Canal 12, que marcaba un descenso de 6% en las opiniones a favor de bajar la edad de imputabilidad de 18 a 16 años.
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El plebiscito para reformar la Constitución, que se votará junto con las elecciones nacionales de octubre y es impulsado por el precandidato presidencial colorado Pedro Bordaberry, aún mantiene un amplio respaldo: 58% dice que votaría a favor, según la encuesta de la empresa Cifra.
Los integrantes de la comisión “No a la Baja” atribuyen la caída en las encuestas a los argumentos en contra que han planteado públicamente Tabaré Vázquez, como precandidato del Frente Amplio, y el nuevo arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla.
Pese a que muchos frenteamplistas están a favor de la medida (un 40% según Cifra), el hecho de que el partido de gobierno no ensobre la papeleta con las listas que se presentarán en octubre, es un factor clave para que dentro de la comisión estén confiados en que la reforma no será sancionada por la ciudadanía, comentaron a Búsqueda integrantes de la comisión.
La población deberá resolver el último domingo de octubre si agrega en el artículo 43 de la Constitución un inciso que establezca que las personas mayores de 16 años y menores de 18 serán “penalmente responsables y serán castigados” por la comisión “intencional de los delitos de homicidio, homicidio especialmente agravado, homicidio muy especialmente agravado, lesiones graves, lesiones gravísimas, rapiña, rapiña con privación de libertad (copamiento), extorsión, secuestro y violación”. Además, la modificación plantea que los antecedentes de los adolescentes no se destruirán y serán “considerados en los procesos penales a los que puedan ser sometidos después de cumplir” 16 años. Asimismo propone crear un Instituto de Rehabilitación independiente del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) que se encargue de la atención de los menores infractores.
Los opositores a la medida sostienen que el Código de la Niñez y Adolescencia establece sanciones penales para los menores entre 13 y 18 años que cometan delitos, y que en la actualidad existe el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa), que atiende a los menores infractores y funciona como una comisión delegada del Directorio del INAU.
La encuestadora Cifra presentó la semana pasada un relevamiento sobre la intención de votar la reforma constitucional. En la encuesta —realizada entre el 13 y 23 de marzo— 58% dijo que votaría a favor de bajar la edad de imputabilidad, 33% anunció que lo hará en contra y 9% aún no sabe qué votará.
“Votarían a favor de bajar la edad de imputabilidad el grueso de la oposición (el 71% de los blancos, el 82% de los colorados) y una robusta minoría de los frentistas, 40%. Pero la mayoría de los frentistas (51%) votaría en contra, junto con minorías de los votantes blancos (20%) y colorados (13%)”, dijo el director de Cifra, Luis Eduardo González.
En el informe, González afirmó que “desde el principio, cuando se comenzaron a recolectar las firmas que habilitaron este plebiscito, las opiniones de los votantes frentistas han estado más divididas que las de la oposición, y además han oscilado: a veces a favor, a veces en contra, como ahora. A grandes rasgos, sin embargo, el resultado general de estas oscilaciones ha sido una ligera tendencia a disminuir la intención de voto favorable a la baja de la edad de imputabilidad: 65% en junio de 2011, 64% en noviembre de 2012, y 58% ahora. En estos tres años la intención de votar la baja de la edad de imputabilidad cayó 7 puntos porcentuales. La disposición a votar en contra, en cambio, aumentó menos, de 28 a 33% (5 puntos porcentuales), y la indecisión ha aumentado muy ligeramente, de 7 a 9%”.
“Aun si se mantiene el clima actual de la opinión, favorable a la baja de la edad de imputabilidad, eso no garantiza que la baja finalmente se apruebe”, sostuvo el director de Cifra. “Aquí influye lo que hagan los partidos con los sobres en los que reparten sus listas, que usualmente son los que la mayoría de la población usa para votar. Estas costumbres arraigadas requieren cierta motivación para cambiar el ‘ensobrado’ de la lista que los votantes eligieron”.
Los precandidatos Bordaberry y Luis Lacalle Pou (Partido Nacional) son los dos principales dirigentes que apoyan bajar la edad de imputabilidad.
Conciliar.
Federico Barreto, integrante de la comisión “No a la Baja”, opinó que la disminución del apoyo a la reforma constitucional se debe, en parte, al trabajo de este grupo, que ha servido para que la población se “plantee y discuta” el tema. A esto sumó los pronunciamientos del ex presidente Vázquez y del arzobispo Sturla.
En todos los actos de campaña, Vázquez se refiere al tema y pide no votar bajar la edad de imputabilidad. “No queramos hacer un exorcismo bajando la edad de imputabilidad para señalar y condenar a los jóvenes a vivir para siempre en el seno del delito”, dijo en una ocasión.
El arzobispo Sturla también rechazó la idea. “Entiendo la postura de quienes la defienden, pero yo soy salesiano, he trabajado con chicos muy difíciles, de sectores complejos, marginados, y hay que estar muy en la piel de esas situaciones”, afirmó Sturla. Por ello, “no creo que la baja de edad sea positiva”, dijo en TNU a comienzos de marzo.
Barreto destacó los acuerdos que se han logrado dentro de la comisión pese a que la integran grupos diferentes: organizaciones como Serpaj, Proderechos, Ielsur, Cotidiano Mujer y Techo. Desde el punto de vista partidario, son parte de la comisión el Frente Amplio, el Partido Independiente, la lista 4040 de Santiago Caramés —que apoya a Lacalle Pou— y militantes del Partido Colorado.
