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El proyecto de ley de para regular los llamados “servicios VIP” de las mutualistas, impulsado por el diputado frenteamplista Luis Gallo, se encuentra desde la legislatura pasada en la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes. En este período se espera que tenga mejor suerte. En la sesión del martes 10 otro legislador del oficialismo, Federico Preve, pidió que se analice regular también la causa esgrimida para el surgimiento de estos servicios: los seguros privados.
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“Quizá correspondería priorizar una regulación sobre los seguros privados, si ustedes lo consideran pertinente, con un proyecto que venga después. Como ustedes saben, los seguros privados no tienen las mismas condiciones de ingreso de sus usuarios”, dijo Preve en esa sesión, según consta en la versión taquigráfica e informó El Observador.
En esa regulación prevé incluir su tasa de aporte, el ingreso de sus usuarios o la cápita Fonasa (Fondo Nacional de Salud) que les corresponde “en aras de equilibrar la competencia”, añadió.
Según datos oficiales del Sistema Nacional de Información Asistencial, que abarcan hasta junio de 2025, los seguros privados —Summum, Hospital Británico, Seguro Americano, Medicina Personalizada y Blue Cross & Blue Shield— tienen 125.174 afiliados. El 70,5% de ellos son socios del Fonasa (por lo tanto, reciben cápitas del Estado), más allá de que estos luego paguen una sobrecuota.
Las instituciones de asistencia médica colectiva (IAMC, las mutualistas) elaboraron un documento que indicaba que en una eventual reforma del Sistema Nacional Integrado de Salud (SNIS) los seguros privados queden por fuera, según publicó Búsqueda en setiembre pasado. En su opinión los seguros son un factor “distorsionante”: atendiendo a una población 10 veces menor, obtenían resultados operativos 17 veces superiores. Además, cuestionan que reciban financiación del Estado y apuntan a la “selectividad” de los seguros privados a la hora de aceptar afiliación al dirigirse a un público más joven y más sano, que causa menos gastos médicos.
La idea inicial de Preve no llega a ese extremo. Consultado por Búsqueda, el diputado, médico de profesión, dijo querer “una competencia justa, sin privilegios”. Lo ideal, afirmó, “sería que no recibieran cápitas Fonasa, o que no pusieran limitantes al ingreso a los usuarios”. En su defecto, si se limitaran los servicios VIP como está planteado en el proyecto presentado, “que su tasa de aporte por gastos administrativos pase de 6% a 18%; o sea, que los seguros privados reciban menos dinero del Fonasa”.
El proyecto de Gallo sobre los servicios VIP —que según expresó a la prensa el legislador no pudo salir en la legislatura pasada debido al lobby de las mutualistas— busca que no haya usuarios privilegiados a la hora de acceder a una consulta o a un estudio. “No queremos prohibir que las mutualistas ofrezcan servicios como una mejor hotelería, estar solos en las internaciones hospitalarias, el acceso a servicios médicos en el extranjero o el desayuno para el acompañante. Lo que sí queremos es que estos usuarios no tengan privilegios en la cartera del PIAS (Plan Integral de Atención en Salud), como menos tiempos de espera para especialistas, operaciones o estudios”, indicó Gallo a Búsqueda en diciembre de 2023. “Eso no puede depender de la capacidad de pago”, añadió .
Desde el lado de las mutualistas —que han pedido a los parlamentarios que todas tengan un trato “equitativo”, sobre todo considerando que este proyecto no afectaría a todas por igual— se entiende que esta norma apunta básicamente contra dos de ellas: la Asociación Española y el Casmu. En esta última, el servicio conocido como Medis Group comenzó a funcionar en 2020, según su entonces presidente Raúl Rodríguez, para evitar el “drenaje” de afiliados con alto poder adquisitivo hacia los seguros privados.
