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El Comité Paralímpico Internacional (IPC, por su sigla en inglés) le quitó el respaldo a la ex presidenta del Comité Paralímpico Uruguayo (CPU), Graciela Nario, desplazada de su cargo en diciembre pasado, y apoyó la intervención del Ministerio de Educación y Cultura (MEC) por considerar que “ha incumplido con su responsabilidad de gobernar de acuerdo a los estatutos”.
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En una carta enviada a Nario el 20 de octubre por Xavier González, delegado del IPC, el organismo internacional le agradece “el apoyo que brindó a la delegación uruguaya” previo a los Juegos Paralímpicos de Río de Janeiro. Luego menciona que está al tanto de que el CPU está intervenido por el Ministerio de Cultura y Educación desde el 10 de diciembre de 2015.
“Después de evaluar toda la información disponible, el IPC ha concluido que las razones presentadas por el MEC para llevar a cabo la intervención del CPU demuestran que las autoridades del CPU han incumplido con su responsabilidad de gobernar de acuerdo a lo establecido en los estatutos”, dice la carta.
Y agrega que “los estatutos y la estructura de membresía del CPU no cumplen con los requerimientos” internacionales y que la intervención “permitirá la reestructuración que urgentemente necesita”.
En diciembre el MEC decidió intervenir el CPU con desplazamiento de sus autoridades. La abogada Margot Abril fue la interventora designada y tras meses de estudio decidió en junio pasado denunciar penalmente a la ex presidenta del organismo, tras detectar, entre otras irregularidades, que se habían retirado U$S 7.512 de la Caja de Ahorros de la Asociación, con un destino desconocido.
La situación del CPU es aún más compleja, ya que hace meses no recibe fondos. El Poder Ejecutivo da las ayudas económicas condicionadas a la presentación de los estados contables, y como este requisito no se ha cumplido, la asociación no recibe las partidas.
Por ello la interventora acusa a Nario como responsable de la complicada situación del Comité. “Desde 2012 no cumplió con las intimaciones” del MEC, “violó flagrantemente los estatutos designando en forma antiestatutaria integrantes de la comisión directiva” y “obstaculiza la labor de las autoridades designadas desacatando un mandato legítimo, en actitud por demás llamativa que debe ser investigada”, dice la denuncia penal.
A esta denuncia se sumó la del competidor de tiro Carmelo Milán, quien denunció a Nario por un faltante de $ 40.000 que el gobierno destinó al competidor y la ex presidenta del CPU no le entregó.