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    Como hace diez años, Vázquez asume como presidente con una fuerte apuesta a obtener datos sobre lo ocurrido durante la dictadura militar

    Su nueva fórmula es una comisión integrada por familiares de las víctimas, figuras de colectividades religiosas y afrodescendientes; uno de ellos tuvo un duro enfrentamiento con Sanguinetti por el pasado reciente

    “Yo estaba ahí en el pasto, al lado de la cancha de fútbol de la que había oído hablar tantas veces, que había visto las fotos y los planos… Y estaba mirando hacia los galpones de materiales y armamentos, porque ahí había estado mi viejo. Fue inevitable asociar la figura de él a ese espacio físico”. Así narró a Búsqueda Javier Miranda, en 2005, su recorrida el viernes 3 de junio por el Batallón de Infantería Nº13 junto a familiares de ciudadanos detenidos desaparecidos durante la dictadura (1973-1985).

    Seis meses después los restos de su padre, Fernando Miranda, fueron encontrados en esa zona por el grupo de antropólogos que —autorizados por el flamante presidente de la República, Tabaré Vázquez— ingresó al predio militar.

    Macarena Gelman

    Ese fue el segundo descubrimiento durante el primer gobierno de Vázquez. En noviembre de 2005 el equipo de antropólogos había desenterrado los restos óseos de Ubagesner Chaves Sosa. El tercero, ya en el gobierno de José Mujica, fue Julio Castro, en octubre de 2011, y después aparecieron los restos de Ricardo Blanco, en marzo de 2012.

    Sin embargo, para los familiares de detenidos desparecidos los esfuerzos por esclarecer los hechos aún son escasos y se está lejos de “cerrar las heridas”. Consideran que todavía no es tiempo de “dar vuelta la página” sobre las violaciones a los derechos humanos cometidas en al última dictadura militar.

    Por eso, a dos semanas de volver a asumir como presidente, Vázquez anunció la creación del “grupo de trabajo por verdad y justicia”. Pero esta vez la fórmula elegida es distinta. La comisión estará integrada por algunos familiares de desaparecidos y por figuras representativas de colectividades “perseguidas y que tienen una larga experiencia de trabajo y lucha contra la discriminación” y los derechos humanos, explicó el viernes 13 el futuro mandatario.

    El objetivo central del grupo de trabajo será buscar datos y ordenar los materiales existentes sobre ciudadanos desaparecidos en Uruguay y de quienes desaparecieron fuera de fronteras. En conferencia de prensa, Vázquez aclaró que la idea responde a un compromiso formal asumido en la última campaña electoral, pero también a razones éticas y morales personales. El equipo de trabajo será oficializado el 1º de marzo en el primer Consejo de Ministros a través de un decreto. Dependerá de Presidencia de la República, pero el futuro mandatario prometió trabajar para otorgarle “la mayor independencia del sistema político” para que puedan cumplir la tarea.

    Al presentar su idea, Vázquez hizo hincapié en las razones por las cuales eligió a los miembros, ya que es una integración reducida. “El criterio que tuvimos en cuenta para generar este grupo de trabajo fue el de la exclusividad”, dijo, y argumentó que el motivo fue para dotarlo de mayor “efectividad”. El futuro presidente explicó que hay una cantidad de organizaciones y organismos que han trabajado en el tema y tienen aportes para hacer, pero si todos formaran parte de esta comisión “seguramente” se transformaría “en una gran asamblea que haría perder la efectividad de trabajo”, apuntó. “Realmente queremos ser ejecutivos, queremos ver cómo podemos avanzar más de lo que se ha avanzado hasta el momento”.

    Vázquez dijo que la consigna es “verdad y justicia” y también “memoria”. De ese modo, desechó la idea de trabajar sobre la base de “verdad y perdón”, una propuesta defendida por algunos actores en los últimos meses al ver que no se había logrado obtener nuevos datos.

    El líder frenteamplista sostuvo que “no se puede bajar los brazos” y que es necesario continuar trabajando “denodadamente para conseguir” más datos. Y añadió: “Falta información. En algún lado está y hay que buscarla. Tengo una enorme esperanza de que podamos avanzar sustancialmente en el tema”.

    Como adelantó Búsqueda en su edición anterior, la comisión estará integrada por Macarena Gelman y Felipe Michelini, hijos de víctimas de la dictadura militar, Emilia Carlevaro de la organización Familiares, el pastor metodista Ademar Olivera, el integrante de la comunidad judía Pedro Sclofsky, el historiador católico Mario Cayota y la mae Susana Andrade en representación de la colectividad afrodescendiente. Vázquez aclaró que cada uno de ellos trabajará de forma honoraria.

    Religión y desaparecidos.

    No es la primera vez que se invita a la comunidad judía a integrar un grupo de trabajo de estas características. En 1996, el senador Rafael Michelini propuso la creación de una “Comisión de la Verdad” con el fin de encontrar el paradero de los detenidos desaparecidos durante la última dictadura. El legislador transmitió su idea al Comité Central Israelita del Uruguay (CCIU), pero la organización declinó la invitación. El presidente de turno de esa institución, Israel Buskaniek, argumentó que no se podía tomar una posición unánime por parte de la comunidad judía uruguaya, en un tema donde existían diferentes posturas.

    En mayo de ese año, el ex obispo de San José Pablo Galimberti propuso que la Iglesia Católica mediara para obtener datos que lograran ubicar el paradero de los desaparecidos. Como garantía por la información recibida, Galimberti ofrecía “reserva absoluta”, una suerte de “secreto de confesión”.

    La propuesta logró apoyo de varias colectividades religiosas, incluso la judía, pero no se llevó a la práctica. Tiempo después, en diciembre de 1997, el entonces presidente del CCIU, Pedro Sclofsky, pronunció un discurso en favor de la idea de aportar, desde esa organización, para buscar datos de detenidos desaparecidos.

    El hecho ocurrió en el agasajo a la prensa local que la institución celebra cada fin de año. En el cierre de su discurso, Sclofsky se pronunció a favor de encontrar el lugar de sepultura de los desparecidos. Su postura fue destacada por los medios como el primer pronunciamiento oficial de la institución judía en Uruguay. La crónica de “El Observador” del viernes 5 de diciembre de 1997 — citada en el libro “Mandato de sangre”, del diputado colorado Fernando Amado— destaca la molestia de los jerarcas colorados. “‘Lo saludo pero no lo felicito’, le dijo a Sclofsky, apenas terminado el discurso, el primer senador del Foro Batllista, y secretario general del Partido Colorado, Hugo Fernandez Faingold”.

    El pronunciamiento molestó al presidente Julio María Sanguinetti, quien presionó para que Sclofsky renunciara al Comité Central. El enojo del gobierno de Sanguinetti se hizo oficial cuando el Ministerio de Relaciones Exteriores, comandado por el canciller interino Carlos Pérez del Castillo, convocó al embajador de Israel Yosef Arad, a una reunión en el Palacio Santos. Allí el Poder Ejecutivo pidió explicaciones por el eventual “involucramiento” de la representación diplomática israelí con el discurso Sclofsky.

    El viernes pasado, en la conferencia de prensa, Vázquez destacó el aporte de Sclofsky en su discurso de 1997. “En el caso de la colectividad judía, estará don Pedro Sclofsky, que siendo presidente del Comité Central hizo un formidable discurso”, dijo el próximo presidente de la República.

    ¿Comisión?

    Desde la gestación de la idea, la intención de los integrantes del futuro gobierno y de quienes trabajarán en el tema era dejar claro que se trata de un “grupo de trabajo” y no de una “comisión”. El motivo es evitar que se asocie este nuevo intento con la Comisión Para la Paz creada en el gobierno del colorado Jorge Batlle (2000-2005). Para los participantes no es un tema menor, ya que el objetivo es superar los errores cometidos en el anterior intento.

    Sin embargo, Vázquez ha destacado en varias ocasiones los logros de la Comisión Para la Paz. Incluso resaltó sus aportes en el discurso del 1º de marzo de 2005, cuando asumió como presidente por primera vez. Después de anunciar que ingresarían a predios militares para buscar desparecidos, Vázquez remarcó lo “mucho que había hecho la Comisión para la Paz en estos últimos años para llevar adelante averiguaciones, las que ha llevado con éxito”.

    En ese discurso, Vázquez prometió que la información recabada sería publicada “no con el fin de alimentar odios. (...) No con el fin de llevar a nadie frente a la Justicia, fuera de lo que establece la ‘ley de caducidad’, sino para que lo que pasó, nunca más en el Uruguay, nunca más, nunca más hermanos contra hermanos, uruguayas y uruguayos”, dijo. Luego aclaró que, para su gobierno, no se comprendía dentro de la “ley de caducidad” el caso de la nuera del poeta Juan Gelman, ni las muertes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz.

    “Queremos saber qué pasó, qué pasó con estos ciudadanos, si están o no enterrados allí; si están serán recuperados, serán identificados, sus restos serán entregados a sus familiares y si no están, tendremos que saber por qué no están y dónde están, qué pasó con ellos”, expresó en el acto sobre las escalinatas del Palacio Legislativo.

    Durante el primer gobierno de Vázquez las relaciones con las Fuerzas Armadas comenzaron en buenos términos. El líder frenteamplista pidió colaboración y datos para detectar el paradero de los desparecidos. Allí jugó un papel fundamental el comandante en jefe del Ejército, Angel Bertolotti. Un grupo de generales promovió una investigación interna a comienzos de 2005 para obtener información precisa, ante la falta de datos que dieran con paraderos de restos.

    El 2 de mayo de 2005, el presidente se reunió con un grupo de generales en el Comando del Ejército, y, según las fuentes citadas por Búsqueda (Nº 1.309), el mandatario les garantizó que ningún militar iría preso. Además, les aseguró que se encargaría personalmente de los embates de sectores que aspiraban a encarcelamientos.

    La falta de descubrimientos a partir de esa información tensó la relación entre el gobierno y las fuerzas castrenses. Desde el Ejército se observó una transformación en la actitud por parte de Vázquez, ya que los militares veían “un cambio en las reglas de juego”. Además, la acumulación de causas judiciales por violación de derechos humanos, y la cantidad de casos que quedaron excluidos de la “ley de caducidad” generó molestias en la interna militar.

    Ahora, a pocos meses de asumir por segunda vez, Vázquez se muestra confiado ante la posibilidad de “avanzar mucho más”. Los nuevos comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas anunciaron que colaborarán todo lo posible. Sin embargo, el flamante comandante en jefe del Ejército, Guido Manini Ríos, admitió que es poco optimista en conseguir nuevos datos que no obturen sus antecesores. Por eso planteó que es tiempo de dar vuelta la página.

    Información Nacional
    2015-02-19T00:00:00

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