Nº 2161 - 10 al 16 de Febrero de 2022
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En caso de que tengas dudas o consultas podés escribir a [email protected] contactarte por WhatsApp acáEste asunto es mucho más que una avalancha de nombres y fechas. Se trata de una especie de mapa para incursionar en el futuro de las cúpulas judiciales. Admito que cuando se superponen fechas es complejo seguir su desarrollo, pero para eso están (como antes de las computadoras) bolígrafo y papel. Para esto, otra cosa no sirve.
Imagino que con excepción de miles de abogados, jueces, fiscales y algunos gobernantes, no son muchos los interesados en las sucesiones de los máximos organismos jurisdiccionales, aunque generen vacantes en los cargos inferiores, especialmente en los tribunales de apelaciones que dirimen la mayoría de los conflictos. Pero la cuestión es de primer orden porque en algún momento de la vida todas las controversias se deben someter al escrutinio de los jueces. Por esa razón, saber quiénes nos juzgarán es de primer orden; en sus fallos estarán en juego la libertad, cuestiones familiares, laborales y comerciales. Nuestras vidas en sociedad.
A la vista de los ceses y las prelaciones, en el próximo gobierno será complicado concretar acuerdos partidarios para designar a los nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia que desde 2025 cesarán constitucionalmente al cumplir 70 años o 10 en el cargo. La primera, Elena Martínez, cesa el 19 de setiembre de ese año, cuando cumple 70. Bernadette Minvielle cesa por los 10 años el 9 de agosto de 2027.
Las restantes jubilaciones por edad serán: Tabaré Sosa, el 10 de marzo de 2026, John Pérez el 4 de marzo de 2027 y la reciente ministra, Doris Morales, el 25 de setiembre de 2029.
Algo similar ocurrirá en el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA); Eduardo Vázquez Cruz debe retirarse el próximo 10 de diciembre y Nilza Salvo el 30 de enero de 2023.
Para el lector ajeno a la actividad judicial es necesario recordar que para las sucesiones a la Corte y el TCA, la Constitución establece que las designaciones las realizará la Asamblea General por dos tercios de votos del total de sus componentes. Si los acuerdos políticos resultan imposibles, a los 90 días de cada vacante queda automáticamente designado el miembro de los tribunales de apelaciones con mayor antigüedad en el cargo.
Para el ingreso de Morales a la Corte como para los anteriores, incluido el TCA, en los últimos años resultaron imposibles los acuerdos e ingresaron los más antiguos. Ante la probabilidad de que a partir de ahora tampoco se logren acuerdos, vale remarcar las fechas de cese por cumplir 70 años. Es lógico porque los enroques de las sucesiones irán cambiando en función de esa circunstancia, y algunos de los ceses por edad son cercanos a las jubilaciones obligatorias. Por eso la recomendación de bolígrafo y papel.
Veamos las fechas de ceses por 70 años; José Balcaldi (17/4/2025), Beatriz Tommasino (8/5/2025), Ángel Cal (25/7/2025), Beatriz Venturini (8/11/2026), Daniel Tapié (5/2/2027), Marta Gómez Haedo (31/2/27), Gustavo Mirabal (2/6/2027), Loreley Opertti (27/6/2027), Rosina Rossi (26/9/28), Eduardo Cavalli (1/10/2028), Alberto Reyes (7/10/2028), Lina Alonso (17/3/2029), Nanci Corrales (5/4/2029), Mónica Besio (9/5/2029), María del Carmen Díaz (29/5/2029), Marta Álvez de Simas (12/6/2029), Julio Posada (13/7/2030), Ricardo Míguez 17/12/2030).
Hasta aquí las jubilaciones por edades. Sigamos con birome y papel para completar un mapa con parte de la lista de antigüedades de ministros de los tribunales de apelaciones: Rosina Rossi, José Balcaldi, Ángel Cal, Mary Alonso, Alberto Reyes, Julio Posada, María del Carmen Díaz, Álvaro França, Sergio Torres, Daniel Tapié, Julio Olivera Negrín, Edgardo Ettlin, Eduardo Cavalli y Graciela Gatti.
Los tres primeros, Rossi, Balcaldi y Cal, tienen la misma antigüedad en el cargo a los efectos de lo establecido en la Constitución. Ante la igualdad, la prioridad la tiene el juez con más años de desempeño en la judicatura, pero Rossi y Balcaldi tienen la misma (29/8/86). Ante esta situación nada hay establecido sobre a quién le corresponde la prioridad ni quién la determina. No es menor porque las vacantes de Vázquez, Cruz y Salvo están a la vuelta de la esquina y por antigüedad les corresponderían.
En las fracasadas recientes negociaciones políticas –con un alto contenido partidario antes que técnico– el Frente Amplio impulsó alternativamente a Rossi o a Reyes para la Corte y la coalición de gobierno a Cal y Beatriz Venturini para el TCA. El oficialismo borró a Balcaldi, a quien el herrerismo le reprocha haber procesado en 1996 a Enrique Braga y condenarlo en 2000 sin objeciones jurídicas. Se parece a una revancha avalada por el resto del oficialismo, pero también por el Frente Amplio que lo había admitido.
Para la reciente instancia, oficialismo y oposición buscaron armar un “paquete” para varios cargos. Cabildo Abierto se plantó firme y no quiso dejar fuera del acuerdo al futuro fiscal de Corte, cargo que actualmente ocupa interinamente Juan Gómez y que requiere los tres quintos de votos. Gómez podrá desempeñar el cargo hasta 2025, cuando cumple 70 años, y la pretensión de los cabildantes es designar al nuevo fiscal de Corte y al adjunto. Razonable pero muy difícil.
Veremos qué ocurre y mantengamos a mano el bolígrafo y el papel para ir rediseñando el mapa que se vaya configurando.