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Empezaba 1995 y Luis Alberto Lacalle y Julio María Sanguinetti procesaban una transición del mando en Uruguay, mientras una crisis en México agitaba los mercados financieros latinoamericanos con el nombre de “efecto tequila”. En ese contexto el Mercosur comenzó a aplicar los mismos niveles de impuestos a los productos de fuera de la región que entraran a sus cuatro países miembros, lo que transformó al bloque en una unión aduanera. Pero desde un principio el arancel externo común (AEC) tuvo excepciones que le dieron el mote de “imperfecto” a este estadio de integración, el cual se vio reafirmado la semana pasada cuando los presidentes, reunidos en Brasilia, prorrogaron algunas situaciones especiales y habilitaron nuevas.
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Como las de los últimos años, esta cumbre —realizada el viernes 17— estuvo más centrada en cuestiones políticas. La delegación encabezada por el presidente Tabaré Vázquez pidió un “sinceramiento” del Mercosur, con la intención de que Argentina deje de aplicar restricciones comerciales y que se le permita a Uruguay negociar tratados de reducción arancelaria con terceros países en forma individual, pero bajo un marco convenido junto a sus socios. No hubo avances concretos sobre este plano.
Sin embargo, el jueves 16, previo al encuentro de los mandatarios, sesionó el Consejo del Mercado Común —el máximo órgano político del bloque, integrado por los ministros de Economía y los cancilleres— y aprobó varias decisiones relativas a la unión aduanera, alegando que “una adecuada gestión de la política arancelaria del Mercosur debe tener en cuenta la coyuntura económica internacional”. También ratificó la vigencia del Fondo para la Convergencia Estructural del Mercosur (Focem) que busca compensar las diferencias en las economías regionales, creó un registro de organizaciones sociales, unificó un texto de normas para los funcionarios del bloque y aprobó acuerdos marco de asociación con dos países sudamericanos.
Bienes de capital.
En materia de maquinaria y equipos que llegan desde fuera de la región, la decisión Nº 25 permite a los Estados del Mercosur, a partir del 1º de julio de 2015 y hasta fines de 2021 “con carácter excepcional y transitorio”, mantener los regímenes nacionales vigentes para su importación. Complementariamente, Paraguay, Uruguay y Venezuela podrán aplicar, hasta fines de 2023, un arancel de 2% para las importaciones de esos bienes de capital.
La intención del bloque es poner en vigor un régimen común para estos productos a partir de 2022 para Argentina y Brasil, y desde 2024 para los demás socios.
Informática y telecomunicaciones.
La misma decisión habilita a Uruguay y a Venezuela a aplicar, hasta el 31 de diciembre de 2022, una alícuota distinta al AEC —incluso de 0%— a la importación de bienes de informática y telecomunicaciones no producidos en el Mercosur. Argentina y Brasil también gozarán de esa excepción, pero hasta fines de 2021, y Paraguay hasta el cierre de 2023 (aunque la intención es que desde ese año entre en vigor un régimen común).
Excepciones.
Ya en 2010 los socios del bloque habían acordado que cada país podría apartarse del AEC y aplicar el impuesto aduanero que quisiera para una lista delimitada de productos. En la reunión de Brasilia, la decisión Nº 26 extiendió la vigencia de esas excepciones al régimen arancelario común: los 225 ítems de Uruguay que vencían a fines de 2017 pasarán a hacerlo al término de 2022; para los otros socios la prórroga es de entre cuatro (Paraguay) y seis años (Argentina y Brasil).
Admisión e insumos.
La decisión Nº 24 autorizó a los Estados parte del Mercosur a utilizar los regímenes de draw back y admisión temporaria para el comercio intrazona hasta el 31 de diciembre de 2023. Hasta esa fecha, y en la medida en que no empleen dichos mecanismos, Paraguay y Uruguay podrán permitir la entrada a sus mercados de insumos agropecuarios con arancel 0% de acuerdo con una lista que deberán comunicar a la Comisión de Comercio del Mercosur. Y a Paraguay se le autorizó, además, a importar bajo un régimen especial —con vigencia hasta fines de 2023— una lista “reducida” de materias primas.
Barreras.
Otra decisión del Consejo del Mercado Común aprobada en Brasilia instruyó a un órgano técnico del bloque a elaborar un “Plan de acción para el fortalecimiento del Mercosur comercial y económico” en este segundo semestre del año. Sus ejes deberán ser las “barreras arancelarias y no arancelarias y medidas de efecto equivalente”, y las disposiciones que “afecten la competitividad relativa de los países”, entre otras.
Focem.
También se aprobó la continuidad del Focem, así como los aportes que debe hacer cada Estado en los próximos 10 años y los recursos destinados al financiamiento de los proyectos a los que pueden acceder los socios. La contribución anual de Uruguay será de U$S 2 millones, el doble que la de Paraguay, pero mucho menor que la de Argentina y Venezuela (U$S 27 millones); Brasil aportará U$S 70 millones al año.
El 43,6% del dinero del Focem se deberá destinar a proyectos presentados por Paraguay y 29,1% a los que promueva Uruguay. El acceso al fondo será idéntico: (9,1%) para los tres miembros plenos.
Acuerdos marco.
Mediante las decisiones Nº 18 y Nº 20 del Consejo del Mercado Común se aprobó un acuerdo marco de asociación entre el Mercosur con la República Cooperativa de Guyana y la República de Surinam, respectivamente. En materia de comercio e inversiones, ambos textos enuncian el compromiso de las partes de fortalecer las actuales relaciones por medio de un tratado de complementación económica que puede incluir apéndices bilaterales negociados por uno de los socios con Guyana.
Venezuela expresó su reserva sobre el acuerdo con Guyana “en aras de preservar sus legítimos derechos” sobre el territorio Esequibo que reclama como propio.
La sinuosa unión
La aplicación de un AEC por parte de un grupo de países es lo que define una unión aduanera; el Mercosur lo es desde 1995, cuando sus miembros empezaron a cobrar los mismos aranceles —con 11 niveles en un rango de 0% a 20%, y un promedio de 12%— para la gran mayoría de los productos de extrazona que entraran a sus mercados. Quedaron por fuera de ese régimen general sectores como el automotor, azúcar, los bienes de capital, y los de informática y telecomunicaciones —entre otros— por su sensibilidad para las economías del bloque.
En los primeros días de 1995 el Poder Ejecutivo uruguayo aprobó varios decretos para adecuar las normas internas a los acuerdos establecidos con los socios del bloque. Uno puso en vigencia el AEC, que reconoció una tasa máxima de 20% y las “listas de excepciones” a ese esquema aduanero común (admitiendo un arancel máximo de 32% para algunas mercaderías que debían ir convergiendo en determinados plazos al nivel general). Un segundo decreto mantuvo los Precios Mínimos de Exportación que protegían a 160 productos frente a la competencia que llegaba desde terceros países, pero los eliminó para otros 450, aproximadamente.
En el transcurso de sus 20 años de vida, el AEC tuvo una historia sinuosa. “El arancel común limitaba las posibilidades de los grupos de presión domésticos en términos de obtener de sus gobiernos la aplicación de medidas proteccionistas. Sin embargo, los países miembros han adoptado en varias ocasiones esta clase de medidas, invocando fundamentalmente razones macroeconómicas y desviándose de lo acordado inicialmente. (...) “Así, la política comercial común ha sido manejada con un grado de discrecionalidad creciente y se han producido varios desvíos acordados de carácter transitorio (...)”, afirman los autores de la investigación “Aranceles de importación en el Mercosur: el camino al arancel externo común”, publicada a fines de 2005 por el Departamento de Economía de la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República.
En rueda de prensa con enviados de medios de comunicación uruguayos a la cumbre de Brasilia de la semana pasada, el ministro de Economía, Danilo Astori, dijo: “La unión aduanera está perforada por todos lados. El mercado común, ni soñarlo” (ver Búsqueda Nº 1.825).