Con el voto dividido en la CND, el gobierno dio luz verde para el “uso precario” de la planta de Metzen a sus ex trabajadores

En tanto, la Liga de Defensa Comercial (Lideco), que actúa como síndico del concurso y está tramitando la liquidación de la empresa “por partes”, expresó al Juzgado que “no advierte impedimentos” legales para la solicitud de la cooperativa, aunque pidió que el juez notifique acerca del pedido a otra serie de acreedores, entre los que se encuentran instituciones financieras, tenedores de obligaciones negociables y la sociedad propietaria del horno instalado en la planta, que permanece inactivo desde hace más de dos años.

En noviembre de 2011 el Tribunal de Cuentas inició una investigación sobre el sistema de control interno y concesión de créditos de la CND (ver Nº 1.664). Eso fue respondido el mes pasado por la Corporación con “unos 1.000 folios”, señalaron a Búsqueda los informantes.

La solicitud.

Luego de fracasar la primera vez que hizo el intento en noviembre de 2010, la Cooperativa de producción de Trabajadores Cerámicos Empalme Olmos solicitó nuevamente, a comienzos de este mes, el “uso precario” de la planta instalada en Canelones con el fin de ponerla en funcionamiento, recurriendo a un artículo de la ley de concurso. La norma prevé ese mecanismo “en caso de que exista riesgo en la percepción de los créditos laborales”.

Los ex trabajadores de Metzen que integran la cooperativa alegaron además en su petitorio que “jamás” ocuparon la planta o impidieron el acceso a la misma “siendo que está en juego desde el año 2009, el destino de alrededor de 600 familias”.

Mencionaron que existe un proyecto de “mantenimiento, reactivación y desarrollo productivo” de la planta elaborado “con el apoyo del denominado ‘gabinete productivo’ del gobierno nacional” y que el mismo “se mantiene viable y el transcurso del tiempo lo torna cada vez más imprescindible”.

La cooperativa añadió que “existen las soluciones jurídicas (Fondo para el Desarrollo), la voluntad permanente de los trabajadores y el respaldo incondicional de las autoridades, plasmados en el apoyo para la presentación del proyecto y el estudio de viabilidad económica”.

Señalaron que, de tener una respuesta favorable a la solicitud “se invertirá una cifra aproximada a los U$S 2 millones, monto que generaría valor agregado a los bienes que componen la masa activa, posibilitando que el producido de la liquidación pudiera resultar significativamente mayor al que se obtendría con la planta y maquinaria en desuso”.

Adicionalmente, la cooperativa se compromete “a entregar la planta cuando le sea requerido por la sede, en buenas condiciones de conservación y funcionamiento”.

Para algunas fuentes consultadas el uso precario en determinadas situaciones “mejora el valor de los activos”, porque es mejor que tener una fábrica inactiva, y en otros casos podría perjudicar los intereses de los acreedores, porque un eventual comprador podría ofrecer un precio menor por estar ocupada por terceros.

Sin embargo, señalaron que resulta difícil imaginar que haya otro interesado más que la cooperativa de trabajadores de hacerse de los medios de producción de Metzen y Sena.

Por su parte, el juez de Concurso Álvaro González González dijo a Búsqueda que primero deberá resolver sobre el procedimiento para liquidar los activos, que en pocos días debe plantear la Lideco, y luego expedirse acerca de la solicitud de la cooperativa.

Explicó que de decretarse el uso precario de los bienes, el mismo es “temporal, hasta tanto haya un remate y se pague y se traspase la propiedad” al comprador.

La Lideco expresó al juez que si resolviera a favor del pedido de los ex trabajadores, la cooperativa deberá hacerse cargo de los gastos de poner a funcionar la fábrica, contratar seguros de incendio, tramitar habilitaciones municipales, además de permitir “inspeccionar” el lugar cuando el síndico así lo requiera, entre otras cuestiones.

Los acreedores.

Según el escrito de concurso judicial, Metzen y Sena adeuda más de U$S 24 millones al Estado: U$S 14,5 millones a Ancap, U$S 4 millones a UTE y U$S 5,7 millones a la CND.

La comisión de acreedores de la empresa contestó el viernes 17 al juez que “no tiene reparos que formular a la solicitud” realizada por la cooperativa. Pero esa resolución generó divisiones en el Directorio de la Corporación y fue avalada por su presidenta, Adriana Rodríguez, y el vicepresidente, Pablo Gutiérrez.

Consultado por Búsqueda, el director de la CND en representación del Partido Nacional, Rodrigo Goñi, dijo que se opuso a otorgar el uso precario de la planta a la cooperativa: “No compartí la decisión y mi posición fue negativa y expresada en el Directorio. Prefiero remitirme a los argumentos consignados en el acta correspondiente, pero básicamente se fundamentó en considerarla inconveniente y entender que no facilitaba ni favorecía la mejor culminación del proceso concursal, ni tampoco se percibían ventajas para la situación desde una perspectiva general”.

Informó que la CND contestó afirmativamente “luego de conocer la posición favorable de UTE y Ancap”.