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La reestructura interna que desde 2010 implementó el Ministerio del Interior le permitió aumentar de 3.200 a más de 5.300 los automóviles, motocicletas, camionetas y ómnibus policiales. Al asumir el gobierno, las nuevas autoridades del ministerio se encontraron con una situación de la que fueron alertados por los sindicatos antes del 1º de marzo: muchos de los móviles, especialmente los autos, no están en condiciones idóneas para trabajos de seguridad. Kilometrajes sobrepasados, marcas menos duraderas y un crecimiento de las tareas operativas son las principales razones para una situación especialmente problemática en el interior del país, a la que el ministerio busca una solución en un escenario de reducción de gastos.
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“A nivel nacional tenemos conocimiento de que el 50% de la flota del interior está al menos en mal estado”, dijo a Búsqueda Jorge Madrid, presidente del Sindicato Único de Policías del Uruguay (SUPU), que en febrero se reunió con el entonces ministro designado Jorge Larrañaga para discutir este y otros temas de reclamo gremial. En Tacuarembó, departamento en el que trabaja, Madrid señaló que hay comisarías distantes de la capital departamental que directamente no tienen vehículo porque los móviles quedaron en desuso ante la demora en proveerles repuestos. Un escenario similar ocurre en Maldonado, donde el sindicato de policías de ese departamento afirma que hay 25 móviles que circulan solo porque están obligados. “Están atados con alambre, hechos pedazos, al punto que a veces algunos policías deciden usar autos particulares”, dijo su presidente, Julio Acosta.
Un automóvil policial cuesta en promedio US$ 15.000, adquirido mediante licitación pública, importados y despachados directamente por funcionarios del ministerio y exonerados de impuestos a través del Ministerio de Economía con un informe previo del Ministerio de Industria. Se adquieren con las medidas de seguridad correspondientes —frenos ABS, airbag frontales en las plazas delanteras, apoya cabeza en plazas delanteras y traseras, barrales de led con sirena y megáfono— y con el sistema de comunicaciones Tetra. Son luego empadronados y se les agrega el sistema de control Sisconve, que analiza el consumo de combustible y permite el monitoreo satelital de los recorridos.
A partir de las directivas de la Dirección Nacional de Policía luego se distribuyen a las diferentes unidades a partir del mapa de delitos, con la Guardia Republicana y las jefaturas de Montevideo, Canelones, San José, Maldonado, Salto y Paysandú como las que disponen de más vehículos.
La última gran inversión del ministerio fue en 2018 por unos US$ 6 millones para adquirir automóviles Fiat Grand Siena Essence 1.6 sedan, camionetas Nissan NP 300 S doble cabina, camionetas blindadas Chery y furgones Hyundai H1. Estas marcas se suman a otras ya existentes como el Mitsubishi Mirage G4 y el Geely CK. Los policías consideran que el incremento de modelos fabricados por empresas chinas derivó en mayores arreglos mecánicos, necesidad que se vio profundizada también porque en 2019 aumentó a 70% la cantidad de móviles que se usan para patrullaje, que tienen mayor desgaste que los de apoyo.
“La flota ha ido decayendo, se ha desvirtuado y bajado la categoría de los vehículos, renovándose con modelos chinos que no tienen la misma solidez que autos de origen japonés o francés”, señaló Madrid. “Los patrulleros chinos son un negocio redondo al momento de la compra para el ministerio, pero a la larga no sirven porque son autos familiares, no policiales. Viven rotos”, agregó Acosta.
Aunque sin nombrar marcas, Larrañaga sí admitió públicamente que “hay un porcentaje importante de móviles rotos y fuera de funcionamiento”, entrevistado el domingo 10 por el programa Séptimo día de Canal 12.
En abril el ministerio inició una licitación pública para adquirir hasta 60 camionetas doble cabina 4x2 y hasta 20 camionetas doble cabina 4x4. Esta compra y la situación debilitada de los patrulleros se da en un contexto complicado para la cartera, que mientras intenta bajar ciertos costos también procura enfrentar con más dureza el abigeato, un delito que exige camionetas adaptadas al medio rural. “Hay que invertir y hay que arreglar lo que tenemos”, se limitó a decir Larrañaga.
Los arreglos se realizan a través de un convenio firmado en 2012 con el Centro de Talleres Mecánicos de Automóviles, que brinda al ministerio el acceso a 100 talleres especializados y repuestos originales, con un costo calculado por hora de la mano de obra y por la demora de la reparación.
El acuerdo buscó mejorar la eficiencia en las reparaciones y eliminar la corrupción que tenía el centro mecánico de la Policía —llamado Cuerpo de Abastecimiento y Mantenimiento Automotriz (Cayma)—, donde algunos patrulleros gastaban US$ 4.000 por mes en arreglos que se repetían y autos particulares eran anotados como policiales para pasar la factura al ministerio.
Aunque evitó estos problemas, el sistema actual tampoco es sencillo por las demoras administrativas que produce la solicitud de presupuestos y los pagos que se emiten desde el ministerio.
