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Del caos a la organización pasaron menos de dos semanas. En ese lapso los productores rurales autoconovocados demostraron la necesaria capacidad de orden y eficiencia para generar una importante reacción del presidente, que los terminó por recibir a ellos en una audiencia privada y en otras dos ocasiones a las gremiales rurales que los apoyan en la protesta. Allí Tabaré Vázquez dio amplias respuestas públicas a sus reclamos, anunció medidas concretas de aplicación inmediata y se comprometió a continuar la discusión conjuntamente. Lo que a inicios de año parecía un movimiento reducido a las redes sociales y con dificultad de derivaciones en el gobierno, terminó por generar que el propio mandatario bregue por lograr en Uruguay un acercamiento definitivo entre la ciudad y el campo.
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“Si el 15 de enero me hubieran dicho de reunirme con los productores autoconvocados, habría preguntado: ¿con quiénes?, ¿qué organización tienen? y ¿qué tema van a presentar? Nadie me habría sabido responder. Era el caos. Después del 23 de enero se me hizo saber que tenían una mesa representativa, que tenían 150 delegados y que habían nominado a cinco representantes para traerme una propuesta. Ah, ahí ya había una organización”, afirmó Vázquez el lunes 29 en conferencia de prensa, para explicar por qué tres días antes decidió recibir en la residencia de Suárez por primera vez a los productores autoconvocados.
En esa reunión, en la del 15 de enero con los gremios rurales y en la del lunes 29 que también mantuvo con las agremiaciones, Vázquez comunicó las acciones que tomará el gobierno para asistir a los productores de pequeño y mediano porte de los sectores lechero y granjero. Entre otras, la constitución de un fondo de garantías para reperfilar deudas, el congelamiento de las rentas para los colonos, una rebaja en el precio del gasoil y una disminución del 15% en la tarifa de la energía eléctrica.
Además, Vázquez insistió en invitarlos a formar, inmediatamente después de la semana de Carnaval, una mesa de trabajo para debatir otras medidas. Aunque tanto los productores como los gremios se pronunciaron descontentos con las acciones anunciadas y no confirmaron su participación en la mesa, Vázquez destacó el “respeto”, “la tolerancia” y la convocatoria “multitudinaria” de su protesta, e indicó que aunque declinen la invitación igual se van “a estudiar cada uno de los puntos” de su reclamo.
Dentro del gobierno analizan este posicionamiento del presidente como una respuesta lógica “ante un planteo concreto” que se le está haciendo, cuya claridad en el contenido “va mucho más allá de lo que hizo la oposición” hasta el momento, señaló una fuente del Poder Ejecutivo a Búsqueda. Otra fuente agregó que Vázquez está “totalmente convencido” de que el camino a seguir es el del “diálogo institucional” con quienes lideran el movimiento, más allá de las posiciones contrarias que existen en el oficialismo sobre cómo abordar el tema.
En años.
Integrantes de las gremiales agropecuarias reconocen que la movida ruralista, principalmente la manifestación realizada el 23 de enero en Durazno, sacudió la interna del Poder Ejecutivo, algo que creen no lograron ni la oposición ni las asociaciones del agro. Obtuvieron una rápida respuesta oficial con soluciones específicas para paliar los problemas de la producción de leche, arroz y hortifrutícola, además de que el presidente admita la necesidad de poner sobre la mesa el tratamiento de ciertos asuntos en próximos encuentros.
“En pocos días (los autoconovocados) lograron algunas medidas que las gremiales no logramos en años”, valoró el presidente de la Asociación de Cultivadores de Arroz, Alfredo Lago, al ser consultado por Búsqueda sobre el tema. La movilización “sorprendió a todos, a las propias gremiales del agro, a la oposición que no sabe cómo pararse ante esto, y ni hablar al gobierno”, advirtió por su parte a Búsqueda Álvaro Rivas, presidente de la Sociedad Rural de Durazno.
Por lo pronto, Vázquez se ha encargado de enviar “señales”, como él mismo definió, de que el gobierno está atento a lo que los ruralistas piden. “Lo que más importa es, lo digo con total modestia, la actitud de un gobierno que escucha, que dialoga y que trata de encontrar soluciones. Quizás no todas las que el sector pide, pero por algo tenemos que comenzar”, dijo en la conferencia de prensa.
Justamente, durante su alocución se preocupó de demostrar la seriedad con la que ha tomado el movimiento, por ejemplo al valorar sus planteos y evitar relacionarlos con intereses partidarios, como sí lo han hecho públicamente legisladores del oficialismo y el Secretariado del Frente Amplio. “El hombre es un animal político y el término político se refiere a las relaciones humanas. Una cosa es la política y otra cosa es la partidización. Político es todo. Con los productores autoconvocados hablamos de política y quedó bien claro que ellos no están partidizados”, zanjó. Incluso, en un mensaje más profundo, recalcó la “dependencia histórica” del país vinculada al campo y a la producción agropecuaria, “que lamentablemente a través del tiempo ha ido sedimentando una división” entre la sociedad uruguaya con la confrontación campo/ciudad.
“Esto lo tenemos que superar con una cultura nueva: el campo precisa la ciudad como la ciudad precisa al campo. La ciudadanía se alimenta de lo que produce el campo. Pero el campo sin los servicios que lo atiende, tampoco tendría los beneficios que tiene. Tenemos que destruir algunos mitos. Tenemos que generar la cultura de la importancia que tiene el agro. Pensemos en un país distinto, revolucionado por el cambio de concepto, entre otro la separación entre campo y ciudad”.
Insuficientes.
Este punto sobre la discusión de “la cultura general vinculada a las relaciones de todo el país y de toda la sociedad uruguaya con la actividad agropecuaria”, es uno de los que está encima de la mesa de trabajo y que el gobierno impulsa. Los otros son el tipo de cambio, el combustible y la energía eléctrica. Con la supervisión de Vázquez, esa mesa estará integrada por los ministerios de Ganadería, Economía e Industria, la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP) y la Secretaría de Presidencia. Las gremiales rurales y los productores autoconvocados aún deben definir si aceptan la invitación.
El miércoles 31 de enero productores agropecuarios y empresarios vinculados a la industria, el comercio y los servicios, organizados bajo el movimiento Un solo Uruguay, iniciaron por varias rutas del país una vigilia que continúa hoy jueves 1º. Su intención es mantener la presión al gobierno para que adopte medidas que tengan un mayor alcance en cuanto a los costos internos y el manejo de las finanzas públicas. Respecto a la posible participación del grupo en la mesa de trabajo propuesta por el gobierno, Rivas señaló que los “condiciona” no poder “cortar el diálogo”, pero “el formato de la mesa de trabajo es una manera de dilatar en el tiempo el asunto y enfriar un movimiento que justamente lo que se busca es mantenerlo vivo”.
Rivas sostuvo que las medidas anunciadas por Vázquez son “insuficientes” y reconoció que eso “calentó” aún más el ambiente entre los manifestantes ruralistas. “O la estrategia (oficial) es muy sutil y muy fina, que no se sabe cómo viene, o le están errando, porque están mal informados y se los ve que están descolocados”, opinó. El sábado 3 los delegados de distintas zonas del territorio se reunirán en Durazno para resolver los pasos a seguir en cuanto a nuevas movilizaciones, y en ese encuentro se analizará aplicar medidas de protesta en Montevideo.
Además, los líderes del movimiento ruralista tienen previsto mantener reuniones con integrantes de otros poderes del Estado. En ese sentido, el lunes 29 un grupo de “autoconvocados” fue al Palacio Legislativo a solicitar audiencias con las comisiones de Hacienda y de Ganadería de las cámaras de Senadores y de Diputados, pero les respondieron que hasta el 1º de marzo no se pueden registrar pedidos de audiencias.
Entre los planteos está la aprobación de una ley fiscal que obligue a cualquiera sea el que gobierne en el próximo período a no gastar más de lo que le ingresa al Estado. Proponen también suspender el ingreso a la función pública por tres años o hasta alcanzar el equilibrio de las cuentas fiscales, a excepción de aquellos cargos con requisito de título habilitante o que tengan atención directa a la población en servicios de salud, educación y seguridad.