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“No se verificaron irregularidades e ilicitudes en la gestión entre los años 2000 y 2015”. En las más de 180 páginas del borrador del informe de los senadores oficialistas sobre la investigación de Ancap, la frase se repite una y otra vez. Sostienen, además, que en diez años de gobiernos frenteamplistas la petrolera estatal “se convirtió en un pilar del cambio en la matriz energética”, realizó “la mayor inversión ambiental del país”, instaló “cuatro plantas industriales de biocombustibles”, “mejoró el posicionamiento logístico” e “inició un proceso sistemático” de búsqueda de “recursos fósiles”.
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Los senadores del Frente Amplio (FA) se preparan para el enfrentamiento que tendrán con la oposición el miércoles 17 cuando se discutan los informes de la comisión investigadora sobre la situación económica y financiera de Ancap entre 2000 y 2015.
Pero antes de entrar en el debate, los legisladores del oficialismo deben ponerse de acuerdo en un informe único sobre la situación del organismo.
Existen diferencias con algunos puntos que hasta ayer miércoles, último día en el que se reunió la bancada, no habían sido superados. Hoy se realizará una reunión para buscar cerrar un acuerdo. La lista 711, sector del vicepresidente Raúl Sendic —cuya gestión en Ancap es objeto de investigación—, con el apoyo del Movimiento de Participación Popular, escribió el texto a estudio.
En relación con las pérdidas, el informe del FA reconoce los resultados deficitarios, aunque advierte que “no registran los impactos medioambientales o en la salud de la gente, las consecuencias sociales y económicas de la zona de influencia del grupo”.
El texto indica que hay costos que no fueron reconocidos por el Ministerio de Economía como causa de los deficitarios resultados en los balances. El 50%, unos U$S 400 millones, por incremento en los costos de distribución de la planta de Ancap hasta las estaciones de servicio, 25% por costos de logística y por inversiones, 12,5% (U$S 100 millones) pago de intereses del financiamiento del endeudamiento y otro 12,5% por variación del tipo de cambio.
“Los resultados de los ejercicios 2011 a 2014 son deficitarios en U$S 602 millones y en el mismo período la empresa podía haber recibido U$S 800 millones”, dice el borrador, y agrega que “algunos costos no se trasladaron a las tarifas por el control de la inflación”.
En el Frente Líber Seregni (FLS) discrepan con esta visión. El sector del ministro Danilo Astori no tiene representantes en la comisión investigadora. El documento llegó a manos de algunosde sus dirigentes y fue analizado por el titular de Economía. Como respuesta, escribió un “texto anexo” para que sirva de aporte a la bancada oficialista. La intención del FLS es negociar para poder incluir su posición en el informe final.
En el documento, divulgado ayer miércoles por el diario “El País”, el FLS afirma que “el traslado a tarifas no puede ser la mecánica elegida a los efectos de reconocer costos” en las empresas públicas. Además considera “sorprendente” argumentar que el déficit del ente aumentó por la política antiinflacionaria impulsada por Economía. “La conducción económica no recibió, hasta mediados de 2015, planteos en el sentido de que las tarifas fijadas por el Poder Ejecutivo estaban provocando que la empresa incurriera en severas pérdidas”, dice.
Las inversiones.
En el borrador del documento que elaboró el senador Marcos Otheguy (lista 711), el legislador afirma que las acusaciones de la oposición sobre presuntos sobrecostos en la inversión son una “novela periodística”. “No se puede comparar el costo de inversión real total con un estudio de factibilidad que tiene un nivel de precisión muy bajo”, dice.
Y agrega que los denunciantes “no toman en cuenta” la variación en los costos a lo largo del período, como el precio del hierro, acero, mano de obra, medidas gremiales, modificaciones del proyecto original, como el software de última generación para el comando de la refinería de La Teja que costó U$S 10 millones, o los cambios de diseño para la toma y devolución de agua del Río de la Plata que costó U$S 30 millones.
El plan de inversiones, agrega Otheguy, estuvo incorporado en los presupuestos anuales aprobados por Economía. Además, señala que los representantes de la oposición en el Directorio de la petrolera tampoco cuestionaron esas iniciativas.
En el informe, el senador afirma que no se verificó “ningún acto administrativo” irregular o ilícito en la denuncia respecto a que Ancap diera publicidad por U$S 5.000 a la radio “La Propia” de Quebracho (Paysandú) cuando no estaba al aire. En la respuesta a esta denuncia, sostiene que la pauta salió al aire y se detallan las fechas en que ello ocurrió.
El oficialismo rechaza la denuncia respecto a los atrasos en la entrega del remolcador Kychororo por parte de la Armada a Ancap. Se cuestionó que la empresa no recibiera esa embarcación y que se verificaron fallas en su funcionamiento. En el informe, el oficialismo dice que existieron “incumplimientos no imputables” a Ancap, en los plazos de entrega.
Otra de las denuncias de la oposición tiene que ver con el papel de la empresa Exor como intermediaria entre Petróleos de Venezuela (Pdvsa) y Ancap para cancelar anticipadamente la deuda que tenía la estatal uruguaya. Exor fue retirada del negocio e inició un juicio a las empresas estatales de ambos países. El oficialismo concluyó que la intervención de Exor “se ajustó a derecho”, ya que “fue la única firma interesada en brindar una ingeniería financiera que permitiera a Ancap precancelar la deuda a largo plazo con Pdvsa”. En cuanto al juicio que inició Exor, se entiende que no hay “fundamento alguno” para que se lleve adelante.
La oposición cuestionó la pertinencia del contrato con la empresa Pleno Verde para trasladar la cal a Brasil. Al respecto, el oficialismo sostiene que la contratación se realizó por “razones de competitividad en un mercado muy competitivo”. “Por tanto —insiste—, no le resultan exigibles en la especie la aplicación de los procedimientos previstos en el Tocaf para seleccionar la mejor oferta”.
