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En Uruguay, la mayor parte del incentivo otorgado por la Ley Forestal, a fines del siglo pasado, fue aprovechado por pequeños inversores no agrarios, que forestaron sus campos sin tener un destino industrial específico. Esta falta de objetivo comercial explica cambios en la actual estructura de propiedad de los bosques locales: “En el 2004, 50% de la superficie estaba en manos de las empresas y 50% en manos de pequeños productores, mientras que a 2012, los fondos previsionales que invierten en forestación y las grandes empresas con integración vertical, concentraban el 80% de la administración de la superficie forestada”.
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Así lo indica un informe sobre el complejo forestal, realizado por la profesora en gestión de empresas de la Facultad de Agronomía, Martha Tamosiunas, quien advirtió que las compras de campos forestados hoy están desarrollándose en un entorno más competitivo. “La decisión de compras de tierra de UPM y Montes del Plata presiona las ventas de nuevas fracciones de tierra y las compras hoy se están tornando agresivas”, destacó en ese trabajo, que está incluido en un libro titulado “Dinámica y competencia intrasectorial en el agro en Uruguay” (ver Campo 15).
Consultada por Campo, esa académica explicó que el objetivo es asegurarse masa forestal como materia prima para la fabricación de pasta de celulosa, tanto por parte de UPM, que está ubicada en Fray Bentos, Río Negro, como de Montes del Plata,que próximamente entrará a operar su fábrica construida en Conchillas, Colonia.
El acuerdo alcanzado entre esas firmas y productores que tienen campos ya forestados o donde se pueden realizar nuevas plantaciones es una de las alternativas empleadas por esas grandes compañías de origen escandinavo.
Según Tamosiunas, la mayor competencia y presión en el mercado para alcanzar esos objetivos no son precisamente concretadas en los departamentos donde se instalaron las mencionadas firmas foráneas, sino que hay otros puntos detectados hacia donde apuntan las negociaciones entre los propietarios de los campos y esas empresas.
Las plantaciones forestales realizadas en los departamentos de Tacuarembó y Rivera muestran mejores resultados en productividad, en comparación con otros lugares más cercanos a donde se instalaron las grandes fábricas de pasta de celulosa, que terminan compensando y los mayores costos de fletes, explicó.
En alusión a los diferentes factores que inciden en los resultados financieros de esas inversiones, la experta destacó que esas son inversiones de plantas de última generación y de las más eficientes a escala internacional.
Aspectos novedosos
Respecto a la colocación de otros productos madereros más procesados, como tableros y enchapados, dijo que las empresas instaladas en Uruguay buscaron mercados alternativos como Argentina, Chile, México y Colombia, luego que los destinos inicialmente planificados registraron una fuerte caída de la demanda, específicamente Estados Unidos, donde la crisis hipotecaria inmobiliaria perjudicó esos negocios.
Un dato novedoso y poco analizado es que mucha de la celulosa que exportan las empresas instaladas en Uruguay a China no es utilizada para fabricar papel de revistas o periódicos, como generalmente se cree, sino que se emplea en la elaboración de manuales de papel y de embalajes de gran cantidad de productos que fabrican los chinos, comentó a Campo.
En el trabajo que está incluido en el libro de la Facultad de Agronomía, a ser publicado próximamente, Tamosiunas encuestó a una serie de actores del sector forestal. Las exoneraciones impositivas fueron objeto de críticas al sector por algunas organizaciones sociales y grupos políticos. Con relación al tema, uno de los entrevistados por la autora del trabajo indicó sobre esa cuestión que “la Contribución Inmobiliaria no fue determinante en el cálculo de los costos de producción, pero la imagen simplificada de que deteriora caminos vecinales y no aporta a las Intendencias para su reparación, estigmatizó al sector. La propia Sociedad de Productores Forestales pedía que se eliminara la exoneración”.
En síntesis, la presencia de bosques generados a instancias de la Ley Forestal (1987) y la estabilidad de la política económica durante la instalación de las empresas multinacionales, fue la combinación de factores que garantizó la inversión industrial y con ella una estabilización de la demanda básica de madera, resumió.
Pero asi como algunas normas incentivaron la inversión y el desarrollo forestal, los gobiernos recientes establecieron nuevas leyes que generaron críticas por parte de varios actores del sector, que fueron consultados por Tamosiunas. En los últimos años hubo cambios de la política económica, sobre todo en aspectos tributarios que perjudicaron al complejo forestal, según algunos actores que coincidieron en que ”los impuestos a la tierra frenaron la inversión forestal”. Específicamente cuestionaron el monto del impuesto a la renta que se debe pagar cuando la madera no se vende a la exportación, o el monto de Imeba que resulta por la venta de bosques en pie, lo que perjudicó el comercio alternativo a los tenedores de bosques no corporativos.
Otro de los “grandes problemas”, conforme a la visión de los empresarios forestales, es la Ley de Ordenamiento Territorial, porque puede afectar el desarrollo futuro del sistema, ya que se sigue teniendo temor a la actividad forestal. Criticaron también la competencia fuerte con la agricultura al incorporarse áreas agrícolas en lo que son suelos de prioridad forestal. Esa competencia hay que verla en términos de la coyuntura”; el ciclo forestal es más largo y queda relegado frente al arrendamiento agrícola cuando el mercado forestal está deprimido, señalaron.
La diferencia con Brasil
A igual valor por hectárea, en Brasil cada 100 hectáreas se puede plantar solo un 40% a 50% del área y eso lleva a un mayor precio efectivo de la tierra para forestar. La diferencia con Uruguay es que se puede plantar en promedio un 60% del área. En los estados de San Pablo y Paraná existe competencia con la caña de azúcar y la soja. Entonces las empresas forestales están yendo hacia los estados del norte o noreste de ese país, pero ahí tienen la fuerte restricción de la estación seca, donde hay seis o siete meses de sequía al año y con ello se generan nuevos desafíos al encarecer el cultivo de árboles, según el trabajo de Tamosiunas.
Considera que así como se producen ese tipo de situaciones favorables para atraer inversores hacia el mercado uruguayo, el sector forestal de Uruguay puede tener dificultades de competitividad en la fase agraria al compararse con Brasil. El precio de la tierra uruguaya se elevó y genera dudas respecto a seguir invirtiendo; además, en el mercado brasileño los rendimientos forestales superan los 50 metros cúbicos por hectárea al año y aunque se defina que un 50% del área no se pueda plantar de reserva legal, esos rendimientos físicos hacen caer el atractivo de Uruguay, pues no se logran las rentabilidades financieras de 11% y 12% que ahí sí se consiguen y son las que atraen a los europeos y norteamericanos.
