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Hace unos días el gobierno informó públicamente de la concesión de seis aeropuertos del interior, nacionales e internacionales, de acuerdo a la ley recientemente aprobada, que incluyen el aumento en 30 años de la concesión de AIC nuevo y de Laguna del Sauce.
Los aeropuertos que fueron concesionados fueron Rivera, Salto, Cerro Largo, Carmelo, Paysandú. Debemos aclara que en lo institucional y personal, no estábamos de acuerdo con esa decisión, pero es ley y el Estado en uso de sus atribuciones puede hacer la concesión, sin pasar por la licitación. También debemos mencionar que hubiera sido más conveniente y transparente la licitación, pero se concesiona directamente.
Sabemos también que interesada había una sola empresa, la que tiene Carrasco y Laguna del Sauce.
Por qué llegamos a esta situación: En el primer gobierno del Dr. Tabaré Vázquez, su ministro de Economía D.Astori decretó retirar los proventos de Dinacia, que en aquella época eran aproximadamente 60 millones de dólares de producto bruto por año, para RRGG, dejándole para su supervivencia de tres millones de dólares.
Como es lógico, con esa cifra de limosna ninguna unidad ejecutora se puede mantener con vida con toda la infraestructura que tiene hoy, que es mucha, por lo cual la operativa e infraestructura de todos los aeropuertos se hace insuficiente, desgastándose, hasta hoy en forma muy mal.
O sea, no se cumplió con una gestión eficaz y eficiente de mantenimiento aeroportuario, por negligencia del Estado (léase MEF), no de las autoridades de Dinacia, que hicieron milagros con lo poco que le daban.
Como decía, los aeropuertos hoy tiene déficit en seguridad perimetral, parque tanque defectuosos, infraestructuras deficitarias y operadores y técnicos mal pagos.Y lo que es peor un personal en déficit y capacitado pronto para jubilarse
Recordemos ahora que el proyecto de red de aeropuertos fue de los últimos días del gobierno anterior, y replanteado por este gobierno, votado por todos los legisladores menos Cabildo Abierto. Con informes varios de los actores aeronáuticos negativos pidiendo que se parara el proyecto, no se plebiscitaran o concesionaran estos aeropuertos
O sea que no se tuvo en cuenta la opinión de actores aeronáuticos, con excepción de dos en particular, el concesionario de Carrasco y Laguna del Sauce, con una ampliación de la concesión a 30 años.
No se tuvo en cuenta el asesoramiento del actor principal, apolítico, Dinacia.
Es allí donde aparece lo peor. Además de dejar la parcialidad de los aeropuertos en mal estado, el gobierno anterior dejó en peor situación al personal de la Dinacia.
La falta de recursos económicos de la Dinacia provocó una avalancha de retiros en esta unidad ejecutora, al no haber recambio generacional, educación laboral y técnica administrativa, lo que lo pone al borde del abismo operacional. No hablemos del incumplimiento por parte de MEF del gobierno anterior de la Ley 9977/40 y sus decretos reglamentarios no cumplidos.
En unos años la Dinacia va a pasar de 600 funcionarios a 300, al borde de no poder cumplir con las actividades, operaciones del Estado.
Con respecto al concesionario, esperemos que le vaya bien como le fue en Carrasco y Laguna; pero si le va como les fue en sus empresas comunes en Argentina y otros países, la industria está herida de muerte. Sabemos que en el mercado hoy era el único para presentarse.
Además a la Dinacia hay que mejorarle sus recursos o producto bruto o proventos, porque aun tiene otro aeropuerto que mantener y de los concesionados le queda mantener lo más caro, el personal técnico capacitado.
Protejamos al Estado sin olvidar lo que dijo Artigas: No venderé el rico patrimonio del Estado al bajo precio de la necesidad, como se vio en el gobierno anterior.
Qué hay que hacer ahora: una unidad de control al concesionario a cargo de Dinacia, efectiva, eficiente y controladora, con asesores de varias especialidades, con misión y objetivo muy claros. Para que esta unidad ejecutora la Dinacia pueda apoyar y gestionar la eficacia de Estado en la aviación general.
Esta carta está amparada en el art. 29 y 30 de la Constitución.
