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Al Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed) lo integra actualmente un consejo directivo donde el único cargo rentado es del presidente y luego hay varios cargos representativos de organismos públicos y privados. La ley de urgente consideración (LUC) prevé bajar los miembros de siete a tres y que todos sean rentados y designados por el Poder Ejecutivo.
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En diálogo con Búsqueda, el ministro de Educación, Pablo da Silveira, señaló que la propuesta busca solucionar el problema de “una conducción falsamente colegiada” que tiene el instituto.
“Hay solo una persona rentada, por lo tanto, hay solo una persona que puede dedicarle el tiempo y la energía a estar ahí, a seguir los asuntos, a tener una visión completa y detallada de lo que pasa. Los otros cobran unos viáticos que son poca plata y que los obligan necesariamente a dedicarse a otras cosas. Por otro lado, actualmente hay un responsable técnico del Ineed, una especie de gerente técnico, y hay una mala definición de roles entre el presidente y esta otra figura. El resultado histórico es que esas dos figuras han chocado y generaron dos crisis que condujeron a la renuncia de dos de esos responsables técnicos” (Pedro Ravela y Mariano Palamidessi), opinó el ministro.
“Hay un problema de diseño institucional. Y a eso se agrega el otro problema, que es que en la directiva tienen mucho peso los evaluados, es decir, la Administración Nacional de Educación Pública y la educación privada. Y hay un principio básico del diseño institucional moderno que entiende que en las instituciones evaluadoras tienen que estar bien separados el evaluado y el evaluador. Nosotros proponemos ir hacia una estructura realmente colegiada: más chica, de tres personas, pero los tres rentados en pie de igualdad”, explicó.
Consultado sobre si el hecho de que las autoridades sean designadas por el Poder Ejecutivo no afecta la independencia del instituto evaluador, Da Silveira sostuvo que no porque el “el Poder Ejecutivo no es el evaluado”. Uruguay “no es, como son muchas otras democracias contemporáneas, un país donde el Ministerio de Educación maneja escuelas. En ese caso sí el Ejecutivo estaría del lado del evaluador y el evaluado. Pero no funciona así. En este esquema, el Ejecutivo es el representante de los ciudadanos que financian el esfuerzo educativo y se ven beneficiados o perjudicados por el buen o mal funcionamiento del sistema educativo, pero no es el que brinda los servicios”, argumentó.