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    Confederación de empresarios hizo críticas al gobierno y lanzó medio centenar de propuestas

    Una de las premisas de la recién creada Confederación de Cámaras Empresariales es poner el foco en los asuntos de largo plazo y evitar entrar en aspectos de la coyuntura. Un fino límite. Su primer documento, enfocado en la competitividad del país, incluye valoraciones críticas sobre la gestión gubernamental y un conjunto de propuestas en áreas diversas, desde el manejo fiscal a la seguridad ciudadana.

    La nueva supragremial, presidida por Diego Balestra, había tenido su presentación en sociedad pocas semanas atrás, cuando firmaron su adhesión 20 organizaciones del agro, la industria, los frigoríficos, la construcción, la banca privada, el transporte de carga, la pesca y el turismo, entre otros sectores. El martes 11, en el Hotel Radisson Montevideo, divulgó un primer documento sobre los “Desafíos en materia de competitividad” para alimentar el debate público.

    La confederación resalta en el documento que Uruguay tuvo un “destacado desempeño macroeconómico en la última década”, pero acota que en parte por la “descoordinación de las políticas” se generaron “desequilibrios”.

    Las críticas se centran en el manejo fiscal procíclico. Eso, sumado a una política monetaria contractiva, hizo que Uruguay se encareciera en términos relativos, particularmente con Brasil: al cierre de 2015, el desvío de precios con ese socio se ubicó próximo a 40%, señala. Fue así que el sector público “agotó su margen de reacción para contrarrestar la desaceleración de la actividad”, a la vez que se hizo “impostergable” introducir un “ajuste fiscal”, con impacto “recesivo”, agrega.

    Matiza al aludir al “sistema de empresas públicas”, que para la confederación “no parece tener un problema desde el punto de vista de la eficacia”; la discusión “gira en torno a la eficiencia en la provisión de servicios por su impacto en los costos y en la competitividad”.

    Otro cuestionamiento refiere a las relaciones laborales. En la última década se dictaron diversas normas “en oposición” a los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ratificados por el país “y a la posición empresarial”, dice la supragremial. Además, la negociación colectiva reinstalada en 2005 afectó “la productividad y eficiencia en las empresas”. Agrega que su diseño actual es “inadecuado” y que en situaciones de bajo o nulo crecimiento deja en evidencia sus consecuencias negativas sobre los niveles de empleo.

    En el documento figuran unas 55 propuestas, algunas concretas y otras de carácter enunciativo. A continuación Búsqueda presenta una síntesis.

    Inserción comercial.

    Los aranceles pagados en algunos mercados implican una “carga muy importante” a las exportaciones. En función de ello, se propone introducir “cambios o fortalecer” la política de inserción comercial con una estrategia de negociación junto al Mercosur y también bilateral. Los empresarios sugieren buscar tratados de libre comercio con la Alianza del Pacífico, China, India y Japón, por ejemplo, y lamentan que el gobierno se haya retirado de las discusiones del TISA (sigla en inglés del acuerdo sobre servicios).

    Regla fiscal.

    Propone estimular el debate académico sobre el eventual diseño e implementación de una regla fiscal que limitaría la discrecionalidad en el manejo de las finanzas públicas. Sugiere basarla en la variación del Producto Bruto Interno (PBI) de largo plazo tomando el promedio histórico o definiendo una metodología pública, transparente y objetiva sobre estimación del PBI tendencial, como se hizo en el caso de Chile. La regla debería tener mecanismos de flexibilización y de salida en casos excepcionales.

    Empresas públicas.

    La confederación plantea racionalizar la normativa de las empresas estatales en un marco jurídico homogéneo para dar mayor certeza jurídica a la toma de decisiones y contribuir a delimitar competencias y responsabilidades. Asimismo, propone que las empresas públicas se manejen con marcos legales flexibles que faciliten relaciones comerciales más competitivas. Sugiere también explorar la constitución de un holding de entes.

    Otras ideas son, por ejemplo, profesionalizar la conducción y la supervisión de la dirección; establecer, ex ante, metas de contribución, criterios de distribución de dividendos y prioridades para las inversiones, y que las empresas públicas provean información sobre riesgo fiscal mediante informes sobre pasivos contingentes.

    Infraestructura.

    Recomponer el rezago de inversión de la red vial, así como mantener el dragado del puerto en al menos 14 metros, son las dos líneas de acción “estratégicas” de corto plazo planteadas en el documento. La confederación reclama acelerar los procesos de evaluación de obras y publicación de llamados bajo el régimen de participación público-privada, y evaluar la conveniencia económica de recomponer la infraestructura del tren.

    Educación.

    En esta área, las organizaciones empresariales enuncian como propuesta impulsar una “transformación estructural en el modelo educacional” que propicie la capacidad de innovar, la promoción de una “cultura de trabajo” y el emprendedurismo. También plantean institucionalizar un Sistema Nacional de Formación Profesional para la capacitación para el trabajo y llevar a más sectores el proyecto Inefop-OIT que opera para la cadena forestal-madera, turismo y la construcción.

    Seguridad pública.

    Ante el aumento del costo para las empresas asociado a los robos y otros delitos registrado en los últimos años, se sugiere como medida dar un beneficio fiscal (exoneración de IVA y deducciones del IRAE para gastos e inversiones en seguridad) y la exoneración de aportes patronales o similares para firmas que hayan sido asaltadas, así como la eliminación de las retenciones de impuestos para pequeños comercios por ventas hechas con medios de pago electrónicos.

    Trámites.

    Para simplificar la burocracia que genera costos, la confederación pide extender la iniciativa Trámites en Línea a todo el sector público, incluyendo los gobiernos departamentales. También reclama instalar una ventanilla única dentro de cada organismo para presentar toda la documentación y fijar un límite temporal para cada trámite, por ejemplo.

    Estímulos.

    Se entiende “indispensable” mantener los beneficios fiscales que otorga la ley de promoción de inversiones, que según la confederación tuvo un “impacto muy positivo sobre la tasa de inversión” en el país. Dado que en la coyuntura actual menos favorable resultará más difícil generar renta neta fiscal suficiente —lo que se exige para recibir la exoneración—, propone como ajuste al régimen ampliar temporalmente los plazos para usufructuar el beneficio.

    Además, la confederación pide que se clarifique la información pública sobre cuáles son los montos efectivamente exonerados, que son “sustancialmente menores” a los “promovidos”, para de esa forma evitar “conclusiones erróneas respecto a cuál es el sacrificio fiscal efectivo” asociado a este régimen.

    Pymes.

    En materia de innovación, el documento aboga por instrumentos adaptados a las pequeñas y medianas empresas (Pymes) que contemplen además las especificidades sectoriales. En lo que hace a su financiamiento, propone considerar una readecuación del Fondo Sistema de Garantía para las Pymes (incluyendo una eventual ampliación de topes de montos, coberturas y plazos), así como avanzar en la estandarización de información contable de las firmas.

    Compras estatales.

    Las organizaciones empresariales reclaman mejorar el sistema de compras públicas en términos de “transparencia y eficiencia”, clarificando aspectos como la fecha y condiciones de pago, así como mecanismos de ajustes en casos de incumplimiento. También piden reservar una parte de dichas compras para proveedores locales.

    Relaciones laborales.

    A partir de un balance crítico sobre el marco laboral instalado en la última década, la confederación plantea varias medidas, como por ejemplo: derogar el decreto que regula las ocupaciones de los lugares de trabajo; salvaguardar en la práctica el derecho a la libertad de trabajo de los no huelguistas y del empresario, y en forma previa a la aprobación de las normas laborales, “analizar sus consecuencias económicas, prioritariamente en el empleo y en las micro, pequeñas y medianas empresas”.

    Específicamente sobre los Consejos de Salarios, reclaman ámbitos de negociación bipartita para discutir aumentos o ajustes de sueldos y otras condiciones de trabajo, y de tipo tripartito únicamente para definir mínimos por categoría, “en armonía con las normas internacionales ratificadas por Uruguay”. También considerar explícitamente la realidad de las firmas chicas y medianas, revisar los grupos y subgrupos donde existe heterogeneidad, así como la inclusión de cláusulas de salvaguardia “automáticas” tanto frente a afectaciones sectoriales como por empresas.