Hay más ruido que de costumbre. Tanto, que superó los ámbitos de discusión privada y ahora algunos comienzan a hablar en público de una “grieta” que se abre. El gobierno, el Frente Amplio y sus sectores, y el entramado de organizaciones sociales de todo tipo —que en el léxico de la izquierda se llama “la base social”— están lejos de mantener una relación armónica como la que exhibieron durante los primeros años de gobiernos frenteamplistas.
Tradicional reducto de la izquierda frenteamplista, las organizaciones no gubernamentales vinculadas a los derechos humanos, por ejemplo, reclaman desde hace meses la destitución del ministro de Defensa, Eleuterio Fernández Huidobro, al que acusan de proteger y amparar torturadores. Pero ni el entonces presidente José Mujica ni el actual mandatario Tabaré Vázquez accedieron a ese planteo.
Ahora, con Gabriela Fulco al frente del Sirpa, los problemas se multiplicaron. Pese a que renunciaron los otros dos directores que la acompañaban, la jerarca consiguió el respaldo de Vázquez por su actuación y por las denuncias que provocaron el procesamiento con prisión por torturas de 17 funcionarios del Sirpa. El episodio generó además, el relevo de José Lorenzo López, procesado sin prisión, de su cargo de vicepresidente del PIT-CNT.
El debate sobre la participación de Uruguay para alcanzar un acuerdo en servicios (TISA-Trade in Services Agreement) y la discusión por la estructura y los objetivos del Fondo de Desarrollo (Fondes), dividieron al oficialismo, que recibió críticas de su “base social”, y desnudaron distintas visiones dentro del Poder Ejecutivo. Pero lo que terminó de crispar la armonía de la “familia” de la izquierda frenteamplista fue la aprobación, el 24 de agosto, de un decreto que declaró la esencialidad de la educación, una medida adoptada por el Poder Ejecutivo ante la sucesión de paros docentes.
El desalojo el martes 22 de las oficinas del Consejo Directivo Central (Codicen) de la Administración Nacional de Educación Pública (ANEP), ocupadas por algunas decenas de liceales, complicó aún más el panorama. Y provocó, hasta ayer, el procesamiento sin prisión de diez personas, entre estudiantes y dirigentes del sindicato del Taxi.
El malestar de los gremios estudiantiles con el gobierno se agravó cuando varios de los implicados en los incidentes fueron detenidos por efectivos de Inteligencia policial, vestidos de particular y conduciendo autos no identificados, en medio de manifestaciones pacíficas en los días siguientes al desalojo.
Pintadas con la leyenda “Tabaré facho” y algunos cánticos entonados por varios cientos de estudiantes fueron registrados con preocupación por parlamentarios del oficialismo. “Che vos PIT-CNT/Che vos PIT-CNT/Vos no estás con el pueblo/Estás con el facho de Tabaré”, cantaron en algunas marchas.
La falta de “interlocutores de peso y el cambio de roles que han tenido varios” que pasaron de la dirigencia sindical al gobierno, “es uno de los problemas”. “Cuadros de la central que se fueron ahora o hace años al gobierno se quejan, se molestan y hasta rompen puentes porque no soportan que los que quedaron del lado sindical no hagan lo que ellos entienden que se debe hacer”, comentó a Búsqueda un ex dirigente gremial con amplia experiencia.
“Oscar Andrade era el jefe del Sunca y movía miles, ahora es un único diputado de un partido importante pero muy minoritario entre los 50 frentistas que son representantes. No es lo mismo”, evaluó esa fuente.
El presidente de la Cámara de Diputados y una de las figuras que aparecen como parte del recambio generacional en el Movimiento de Participación Popular (MPP), Alejandro Sánchez, dijo en una entrevista con “Brecha”, publicada el viernes 2, que fue “un error garrafal” que la Policía realizara detenciones en el marco de una movilización. El jefe político de todos los policías es su compañero de sector, el ministro del Interior, Eduardo Bonomi.
Sánchez fue duro al referirse a la actuación del Frente Amplio y la izquierda. “¿Qué puentes estamos rompiendo para que haya oportunidades y aparezcan quienes poco tienen que ver con una posición constructiva?”, se preguntó. Asumió que en todo esto “hay mucha responsabilidad de la izquierda”.
Castillo.
En menos de cinco años, el comunista Juan Castillo pasó por tres áreas de ese entramado. Durante casi 20 años integró el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, hasta que en el 2012 la entonces presidenta del Frente Amplio, Mónica Xavier, lo nombró uno de los tres vicepresidentes la coalición. A partir del 1º de marzo, Castillo es el director Nacional de Trabajo, un cargo de gran visibilidad e importancia en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).
“Tenemos problemas de familia que ya no son solo berrinches infantiles. Sería de necios no reconocerlo. Y la verdad que por estos días ya no podemos comer todos juntos los ravioles del domingo. Cuando pasan cosas como esta, no queda otra que hablar y hablar más y más entre compañeros. Menos cámara y más mate compartido debería ser la consigna”, opinó Castillo al ser consultado por esta suerte de conflicto entre la izquierda política y social.
Hombre fuerte del Partido Comunista (PCU) junto a Andrade y el secretario general de la central sindical, Marcelo Abdala, Castillo sostuvo que las distintas partes que componen la izquierda frenteamplista “por decisiones de todo tipo, justas quizás, pero mal transmitidas, quizás, trasladadas de manera poco humilde, no están en época de abrazos. Asumo que en estas semanas afloran muchas desconfianzas y portazos. Pero así la cosa no puede seguir”.
“Queriendo, sin querer, por torpes o por apurados estamos casi imperceptiblemente abriendo una grieta entre la izquierda política y social. Sería un problema grave que esto pueda hacernos retroceder. Yo y muchos no estamos dispuestos a bancar eso. Para atrás, solo para tomar impulso”, aseveró Castillo.
El jerarca de MTSS consideró que en este momento se debe tener “mucha cabeza fría y filtro para decir cosas en público”. “Lo más fácil es calentarse, es una papa, hay estadios llenos de calentones; lo más bravo es bajar la pelota y pensar a quién jodemos mirándonos y hablándonos por encima del hombre cuando todos somos de la misma familia. Y para mí, la familia es la de los cambios progresistas que queremos seguir profundizando”, añadió.
Castillo dijo tener “constancia que por estos días algunos compañeros ministros y algunos de la central tienen el diálogo complicado”. Y agregó: “Puedo entender algunas cosas y creo que el tiempo cicatriza algunos problemas, pero la verdad que jamás me perdonaría pavimentarle el camino a la derecha con nuestros desencuentros o miserias”.
Además manifestó que tiene “bien claro” que si algo va a “privilegiar es el fortalecimiento del bloque político y social de los cambios”.
El mismo lenguaje que Castillo, empleó el 6 de agosto el presidente de la central obrera, Fernando Pereira, al evaluar el paro general de 24 horas desarrollado ese día. Sostuvo que “no está” en la intención del PIT-CNT “romper el bloque político y social de los cambios”.
MPP y Comunistas.
Episodios como la esencialidad y la desocupación del Codicen con la Policía dejaron secuelas en sectores del oficialismo. Y dieron espacio a pronunciamientos que para algunos pueden ser contradictorios y para otros una muestra de que “no se puede dejar a la barra de cada uno en banda”.
Así se debe entender el comunicado del Frente Estudiantil del MPP luego del desalojo del Codicen por parte de la Policía, explicaron fuentes del sector. Ese frente apuntó directamente contra uno de sus jefes políticos: el ministro Bonomi.
El Frente Estudiantil del MPP rechazó “enfáticamente los actos violentos y represivos” ocurridos en las afueras del Codicen. “La protesta es un derecho y fuerzas que reprimen compañeros deben ser eliminadas de nuestra sociedad”, expresaron.
Poco días después, Bonomi presentó videos filmados por la Policía y negó que hubiera habido represión policial. En el salón de conferencias del Ministerio del Interior, escuchando atentamente la exposición había varios ministros y viceministros y los diputados Sánchez, Daniel Caggiani y Susana Pereira del MPP.
También estaban y asentían con su cabeza los dichos de Bonomi la ministra de Desarrollo Social, Marina Arismendi, y la subsecretaria, Ana Olivera. Ambas son comunistas. Luego del desalojo, “El Popular”, órgano oficial del Partido Comunista, abordó el tema con una nota titulada “Así no”
“Repudiamos la represión y reclamamos e impulsaremos un debate y acciones políticas y populares que conduzcan a superar las contradicciones con mayor participación, organización y unidad”, dice el artículo del semanario comunista.
