Martínez, que asesora empresas hace 30 años en Uruguay y en Argentina, participó el sábado 7 de febrero en el plenario de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA), que lo contrató para dar una charla sobre el tema. Recién el año pasado, un juez letrado llamó a un fabricante para ver qué calcomanía tenía, qué información de seguridad tenía disponible el operador sobre el uso seguro de esa máquina. Y todo eso sucedió porque hubo un accidente y una denuncia penal de por medio, criticó el especialista.
Para Martínez, es fundamental que el Estado forme especialistas en seguridad agropecuaria, y también que se comiencen a regular aspectos como este a través de la legislación, ya que no hay demasiadas disposiciones en materia de seguridad de maquinaria. En Uruguay, por ejemplo, no es obligatorio para los comerciantes vender tractores con Roll Over Protective Structure (ROPS), es decir, con una estructura que sea capaz de soportar el peso del vehículo. Al tiempo que hay un vacío legal, las aseguradoras que están cubriendo los riesgos laborales exigen que el tractor tenga una buena estructura de seguridad, lo que genera una contradicción, opinó.
A veces se puede comprar un tractor que haya venido de origen con una estructura de seguridad homologada. También se suelen construir, a falta de otra cosa, cabinas caseras, que garantizan que, si el tractor vuelca, el operario resulte ileso. Esto en los papeles no es reconocido, pero en los hechos puede salvar una vida, valoró.
Pero más allá de la falta de leyes que hay al respecto, lo fundamental para que disminuyan los accidentes laborales en el campo es que haya un cambio de “actitud”. En este marco hay que evitar que los trabajadores y los productores se suban o se bajen de una cosechadora en marcha, apuntó Martínez. “Un tractor puede volcar de costado, para atrás, está expuesto al ruido, a la vibración y a contaminantes ambientales, y cuando la persona baja corre riesgos por tomas de potencia, arranques inesperados y aplastamiento por golpes”, describió en la charla a los contratistas.
“Piensen que el tractor, desde el punto de vista mecánico, es una máquina inestable: es angosto, es corto y tiene un centro de rueda alto, o sea que está muy expuesto al vuelco, sobre todo si es un tractor de baja potencia”, advirtió.
Otro de los accidentes con tractores suelen ocurrir cuando se trabaja sobre terraplenes, donde existe mucha posibilidad de derrape, o de que esa estructura de tierra se rompa y el tractor se caiga, dijo Martínez. Eso sucede en mayor parte cuando se realizan actividades en las que se implementan sistemas de riego, apuntó, y dijo que los predios arroceros son el típico ejemplo.
En estos casos son imprescindibles buenas estructuras de seguridad. También que el operario del tractor tenga el cinturón puesto, para que, en caso de que se caiga, quede retenido, no salga expulsado y sea aplastado por el vehículo, dijo Martínez. “Sacarle un tractor de encima a un trabajador es una tarea difícil, sobre todo en el medio del campo”, comentó.
Pero, además de los accidentes de este tipo, en el marco de la jornada de trabajo suelen suscitarse situaciones de riesgo relacionadas estrictamente con el comportamiento, evaluó Martínez. “Sobre lo que tenemos que trabajar es sobre las “actitudes” de nuestros muchachos, porque es la única forma de salvarlos, de otra forma, siempre van a estar expuestos a siniestros”, afirmó.
El desafío de la cinchada de tractores, por ejemplo, un clásico cuando llega una máquina nueva que consiste en poner dos vehículos de espaldas para determinar cuál tiene más potencia, puede terminar en una “fatalidad”, al igual que subirse cinco personas en un mismos tractor. Y eso es puramente “actitudinal”, observó Martínez.
“Susto colectivo”
La cantidad de accidentes que hay en el sector rural es superior a la del resto de las actividades económicas. Incluso superan a la construcción. No obstante, desde que se aprobó la ley de responsabilidad penal empresarial a principio del año pasado, y los productores y encargados corren riesgos de ir presos cuando uno de sus empleados se lastima, los pedidos a Martínez para dar charlas sobre seguridad aumentaron significativamente. “Hubo una especie de susto colectivo”, evaluó, y dijo que, al menos, ese efecto de la nueva legislación fue positivo, porque ahora “todo el mundo se preocupa”.
La mayoría de las veces, no obstante, quienes adquieren sus servicios le piden que realice talleres sobre cómo mejorar la eficiencia operativa y, muy rara vez, sobre seguridad. “La proporción debe ser 100 a 1”, graficó. Y lamentó que la mayor parte de esas ocasiones, es cuando acaba de pasar un accidente grave.
Además de la demanda por asesorarse sobre seguridad rural, que aunque haya ido en aumento sigue siendo poca, uno de los problemas para evitar los accidentes en las actividades agropecuarias es que los profesionales que se especializan en materia de seguridad, llamados técnicos prevencionistas, saben poco sobre el tema.
En Argentina, de donde proviene Martínez, por ejemplo, la carrera que involucra una preparación en este sentido está enfocada en la industria, lo que es un mundo totalmente distinto al del campo, tanto en idiosincrasia, en costumbres y en tiempos, como en el tipo de maquinaria que se emplea.
Cuando llega un profesional que nunca se vinculó con el agro a dar una charla, y comienza a brindar un discurso abrumador que incluye un sinfín de requerimientos, el productor se “acobarda” y no “hace más nada”, aseguró Martínez. Por eso, recomendó, hay que empezar por lo “esencial”, por aquellos aspectos que “no son negociables”. Y agregó: “no boludeen al productor con pavadas porque después lo aburren y generan rechazo”.
“Nos ha pasado en Argentina que una persona está desmochando una flor de maíz al aire libre con un casco puesto, y a esa persona se le está friendo la cabeza con el calor a 40 grados a la sombra, cuando en realidad no hay peligro alguno para que tenga el casco puesto. Y eso es una decisión de un prevencionsita o de alguien que se fue más allá del sentido común”, razonó el especialista.
“No hay que pedir pavadas. Lo que hay que hacer es darle un carácter científico a los riesgos serios, los que son innegociables, ponerle las tintas a eso, y no a las cosas minúsculas”, apuntó. Por ejemplo, que un operario en el campo utilice un botín de seguridad no tiene mayor sentido, porque el mayor riesgo que puede tener es que se la caiga una planchuela en el pie y le rompa un dedo, dijo. “Las cosas que le pasan a nuestros muchachos, por las que se matan todos los días, no es por el botín de seguridad”, aseguró.
Estos dos factores, de ignorancia por parte de los profesionales en la materia y el poco interés por parte de los productores sobre la seguridad, forman un “círculo complejo”, describió. Fueron, de hecho, estas circunstancias las que llevaron a que el propio Martínez empezara a especializarse cada vez más sobre el asunto.
“Las barbas en remojo”
“Tenemos varias quejas de colegas que no han cobrado la siembra”, advirtió el contratista Alberto Urrestarazú durante una reunión de la Cámara Uruguaya de Servicios Agropecuarios (CUSA). “Se viene una brava parece, y hay que cuidarse bastante más que antes”, dijo, y recomendó pensar a quien se le va a prestar servicios.
La dificultad de estos empresarios para poder recibir el dinero por los trabajos hechos es uno de los temas que está presente en la mesa de la gremial.
“Tenemos que poner las barbas en remojo”, dijo en la misma línea el contratista Raúl Rossi, y sugirió realizar un contrato con las empresas que los contratan. Su propuesta es firmar un documento en el cual se establezca que, si no pueden pagar con dinero, que la retribución sea a través de granos. “Tal como sucede en el arroz”, señaló. Al mismo tiempo, para darle garantías a quienes los contratan, que el acuerdo establezca que no se puedan “levantar las máquinas” hasta que no termine el trabajo. De no ser así, las máquinas quedan embargadas por el dueño de la chacra, explicó Rossi. “Eso es lo que estoy pensando, lo hablé el otro día con el gerente de una empresa en la que trabajo, y le pareció bien”, comentó.
