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El International Mobile Equipment Identity (IMEI) es un código de quince dígitos pregrabado en los teléfonos móviles que funciona como la cédula de identidad de esos dispositivos. A diferencia de la tarjeta SIM, que contiene la información del cliente y el número telefónico, el IMEI le da al aparato una identificación única a nivel mundial.
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En diciembre de 2011 Antel, Claro y Movistar acordaron aprovechar juntos los IMEI para crear una “lista negra” que solucionara el problema de los robos de celulares en Uruguay. El acuerdo supone intercambiar las denuncias que cada operador recibe por móviles robados y extraviados. Al recibir la denuncia, piden al usuario el código IMEI, lo ingresan en una lista de datos común, lo bloquean y el celular queda inutilizable en nuestro país. O sea que las personas deben conocer su código IMEI para poder denunciar.
Teóricamente eso lograría descender el número de robos de celulares, ya que no tiene valor apropiarse de un celular con el cual no es posible realizar ni recibir llamadas o mensajes. Sin embargo, datos de la Cámara de Telecomunicaciones del Uruguay sostienen que desde aquel diciembre hasta hoy las tres compañías han recibido un total de 232.000 denuncias por hurtos de móviles, con un promedio mensual que se mantiene constante en alrededor de 7.000 denuncias al mes.
“Llama un poco la atención. Lo que preocupa es que pese al acuerdo los teléfonos se siguen robando, se mantienen constantes las cifras”, aseguró a Búsqueda José Pedro Derrégibus, presidente de la Cámara.
Derrégibus considera que una de las principales razones para que los hurtos no desciendan es la falta de información en la población, para lo cual es necesaria una política entre la Cámara y el Ministerio del Interior. “Hay que difundir más esta situación. Por un lado para que los dueños de los teléfonos denuncien los robos y nos aseguremos de que todos los teléfonos robados queden bloqueados, y por otro lado para que aquellos que quieren robar los teléfonos sepan que esos teléfonos no tienen valor de mercado”, afirmó.
A su vez descartó la posibilidad de que, a pesar de que sean bloqueados como teléfonos, en ciertos casos los aparatos igual sean robados porque también pueden utilizarse como computadoras. “Aunque vienen aumentando, en nuestro país los smartphones solo forman el 30% del mercado. Es decir que el 70% de los celulares restantes funcionan solamente como teléfonos, y esos teléfonos si se roban, y denuncian e inhabilitan, no se pueden operar”.
Internacional.
Más allá de que el desconocimiento del público sobre la existencia de la “lista negra” atenta contra el descenso del robo de celulares, Derrégibus cree que otra posible causa es que los móviles se hurten para luego ser comercializados en el exterior.
Ante esa situación, como el acuerdo entre Antel, Claro y Movistar funciona a nivel nacional, la Cámara está “evaluando ver si este año” puede impulsar una alianza similar a nivel internacional. Son optimistas de que la iniciativa interese a las empresas telefónicas de otros mercados, “porque así como de acá pueden salir celulares robados para Argentina, Brasil o Paraguay, de esos países también pueden entrar para acá”.
Hoy la Asociación GSMA, que reúne a operadores móviles de todo el mundo, posee una base de datos de IMEIs para contrarrestar el robo de celulares. A nivel global hay más de 123 operadores de 44 países conectados a la base, 47 de ellos pertenecientes a 16 países latinoamericanos. “Ya hay algunas empresas uruguayas que estamos alimentando esa base de datos, pero algunas empresas lo hacen y otras no porque todavía no es obligatorio. La idea es buscar cómo hacerlo más formal, oficial y obligatorio, entre comillas”, explicó Derrégibus.
Según la GSMA, los acuerdos bilaterales y soluciones locales no abordan el problema de los robos en forma integral. “Para combatir realmente este problema es fundamental compartir la información entre los operadores de un mismo país y además brindar la posibilidad de hacerlo regionalmente, así los terminales robados en un país no pueden ser utilizados en otro”, sostiene en su sitio web.
Datos.
Derrégibus también se refirió a un decreto aprobado por Presidencia y amparado en el artículo 75 de la Ley 19.149 de Rendición de Cuentas del año pasado. “El País” informó el martes 7 que el decreto obliga a las empresas operadoras de servicios de telefonía móvil a “llevar en forma actualizada un registro de las personas físicas o jurídicas que les contraten servicios prepagos o postpagos”.
El dirigente señaló que el requisito no cambiará las actuales políticas de privacidad de los operadores. “Brindaremos la información de los titulares de la línea cuando exclusivamente haya una solicitud de un juez penal que haya sido analizada por nuestros departamentos legales. Se van a resguardar los datos personales de los clientes tal como lo estamos haciendo hasta el momento”, sostuvo Derrégibus.