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La contratación de la organización Uruguay Adelante como encargada de manejar recursos públicos para atender unas 300 ollas populares y 150 merenderos produjo dudas entre los senadores del Movimiento de Participación Popular (MPP). Al punto tal que el lunes 10 presentaron un pedido de informes al Ministerio de Desarrollo Social (Mides) para que entregue detalles del vínculo con dicha organización.
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El Mides anunció en abril un acuerdo firmado con Uruguay Adelante (con la personería jurídica de Empatía Uruguay, que pertenece a Canastas.uy) para la distribución de los kits de alimentos. El entonces ministro Pablo Bartol informó a los representantes del movimiento de ollas que el Estado transferiría $ 65 millones de pesos del Fondo Coronavirus a Uruguay Adelante, casi una tercera parte de los $ 200 millones anunciados como apoyo por el presidente Luis Lacalle Pou.
En ese momento, el exdirector frenteamplista del Mides Juan Pablo Labat cuestionó la decisión. “Uruguay Adelante no deja de ser una entidad oscura y misteriosa de la cual no se sabe demasiado y es una nueva estrategia del gobierno de negociar con las ollas populares algún tipo de interacción a través de un tercero, sin muchas transparencias”, dijo.
Documentos a los que accedió Búsqueda muestran que si bien el anuncio del convenio fue el 15 de abril, el Mides autorizó la compra directa a Uruguay Adelante mediante una resolución del 17 de marzo. En el documento se detalla que se trata de una contratación “por excepción” con “plazo de inicio desde la notificación del acto administrativo hasta el 31 de julio a favor de la Asociación Civil Empatía Uruguay”.
En la resolución firmada por Bartol se indica que el 23 de febrero ambas asociaciones solicitaron al Mides su “colaboración” para “minimizar las consecuencias de la crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19, en materia alimenticia, mediante la coordinación de esfuerzos con otros actores de la sociedad civil, colaborando con ellas populares y merenderos”.
La información que manejan los legisladores es que en ese entonces ninguna de las dos asociaciones estaba inscripta en el Registro Único de Proveedores del Estado (RUPE), ni en estado “ingreso” o “activo”, incumpliendo con un requisito básico para su contratación. Luego la Asociación Civil Empatía Uruguay pasó a tener estado de “activo” el 18 de marzo.
Esta inquietud llevó a que los senadores del MPP Lucía Topolansky, Charles Carrera, Sandra Laso y Alejandro Sánchez presentaran un pedido de informes para que el Mides comunique los detalles del contrato que firmó con la organización Uruguay Adelante. En la solicitud de seis puntos los legisladores consultan si existió un llamado público previo a que se firmara un contrato con dicha organización. Reclaman además copia del expediente administrativo del contrato, así como las intervenciones del Tribunal de Cuentas y la constancia de control donde se indique el estado “activo” en el RUPE de Uruguay Adelante. Y también solicitan al Mides que informe “el motivo por el cual se definió en la zona metropolitana un mecanismo de distribución de alimentos (a través de Uruguay Adelante) que es diferente al implementado en el interior del país” y qué alimentos se dieron en las ollas populares.
