Contrato a respetar

La Constitución es un contrato con nuestros gobernantes. Deberían ser las condiciones que les ponemos a quienes elegimos como representantes y que de ninguna manera deben ser rebasadas por los que gobiernan ni por el Estado. La idea es que sabemos que los gobernantes caerán en la tentación del poder, pero tienen reglas claras que cumplir y límites que no deben rebasar. Las mejores constituciones son las que aseguran una mayor libertad al individuo y para ello limitan el poder de los gobernantes.

Axel Kaiser, un constitucionalista chileno, sostiene: “En América Latina tenemos una obsesión con transformar las constituciones, cambiarlas, partir de cero, como si eso nos fuera a dar el desarrollo, la prosperidad, la paz que todos queremos”. Los países que han recurrido a una mayor cantidad de cambios dicen mucho: República Dominicana, 32 cambios; pero más dice Venezuela, que tiene 26, aunque los últimos a partir del chavismo han sido los más nefastos. Por su parte, Haití tiene 24, Ecuador 20 y Uruguay con sus seis cambios ofrece mejor panorama.

Volvamos a la analogía con un contrato. El contrato generalmente es redactado por expertos a partir de las necesidades y requerimientos de los contratantes, pero no son ellos quienes lo escriben porque no tienen la especialidad requerida.

Las constituciones liberales, en su gran mayoría, están fuertemente influenciadas por el momento histórico determinado por las grandes revoluciones liberales y burguesas, americana y francesa, de finales del siglo XVIII. Fue entonces cuando, gracias a los principios teóricos de la ideología liberal encarnada en la obra de Montesquieu, y a los del pensamiento político democrático formulado por Rousseau, hicieron su aparición en la historia los primeros textos que podemos denominar constituciones. En el caso de la de EE.UU., fue escrita por la mente brillante de Thomas Jefferson, con el apoyo de John Adams y Benjamin Franklin. De allí proviene el principio democrático basado en la afirmación de que el titular del Poder Constituyente es el pueblo, un principio liberal basado en la defensa y garantía de los derechos y libertades de la persona mediante las declaraciones de derechos y la separación de poderes, que afirma la sujeción del gobernante y del resto de los poderes constituidos y de todos sus productos normativos a la Constitución.

Este es el momento en el que se encienden algunas alarmas en el proceso que decidió seguir Chile, un cuerpo constituyente no tan diferente al que tuvieron otros países como Venezuela, Ecuador y Bolivia. Los chilenos tendrán en sus manos reescribir el contrato entre la ciudadanía y sus gobernantes, sin especialistas. Lo que surja deberá ser sometido nuevamente al voto popular. Algunos intelectuales sostienen que es la primera vez que la Constitución será escrita por la ciudadanía y no desde las altas esferas del gobierno, un camino diferente que presentará peligros.

El No a la reforma constitucional de 1980 que pretendía imponer la dictadura uruguaya, nos salvó de esta ordalía que hoy vive Chile, que en el mismo año votó Sí.

Sirve para recordar que la última palabra la tiene la ciudadanía: en la Constitución están sus condiciones, las libertades que están dispuestos a compartir y las que no. Su redacción y respeto no deben dejar dudas.