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El viernes 27 de mayo, María del Carmen Martínez estaba en la Embajada de Argentina en Montevideo. Fue invitada por el embajador Guillermo Montenegro a escuchar el veredicto de la Justicia argentina en la causa “Plan Cóndor”, donde ella fue una de las testigos. Décadas atrás estuvo detenida en el centro de torturas clandestino Automotores Orletti. El viernes, luego de la sentencia del juez, rompió en llanto. “No puedo decir que pueda alegrarme porque hubiera preferido que no pasara, pero reconforta que exista al final justicia y que los tipos por lo menos tengan que tener su condena”, dijo Martínez a la cadena Telesur.
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Ese día en el Tribunal Federal Oral Nº 1 de Buenos Aires, la Justicia argentina condenó al coronel retirado uruguayo Manuel Cordero a 25 años de prisión por ser parte del llamado Plan Cóndor, una asociación ilícita dedicada a la desaparición forzada de 105 personas, entre otros delitos, durante las décadas de los 70 y 80, plena época de dictaduras militares en Sudamérica. En la misma causa se condenó al ex dictador argentino Reynaldo Bignone a cumplir 20 años de prisión y a otros 13 ex jefes militares y de inteligencia acusados por “asociación ilícita” con sentencias de entre ocho y 25 años.
El Plan Cóndor consistió en un sistema de coordinación entre las dictaduras de Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Bolivia y Uruguay para desaparecer a opositores a esos regímenes y fue ideado en noviembre de 1975 en Chile.
En marzo de 2003 se inició el juicio con 32 acusados, de los cuales 15 murieron, uno de ellos el dictador argentino Jorge Rafael Videla. La causa se basó en dos tramos: el Plan Cóndor y Automotores Orletti, donde se probó que los acusados cometieron crímenes de lesa humanidad. Entre las 105 víctimas hay 45 uruguayos, 22 chilenos, 14 argentinos, 13 paraguayos y 11 bolivianos.
De acuerdo a la sentencia, Cordero fue “partícipe necesario, penalmente responsable de privación de libertad” en once casos. Uno de ellos es la desaparición de María Claudia García, madre de Macarena Gelman, hoy diputada por el Frente Amplio, y nuera del poeta argentino Juan Gelman. Los otros diez son: Washington Cram González, Alberto Cecilio Mechoso Méndez, León Gualberto Duarte Luján, Ruben Prieto González, Ary Cabrera Prates, Adalberto Soba Fernández, José Hugo Méndez Donadío, Francisco Edgardo Candia Correa, María Emilia Islas Gatti de Zaffaroni y Jorge Roberto Zaffaroni Castilla.
Los fundamentos de la sentencia se conocerán el próximo jueves 9.
“No innova”.
Las organizaciones sociales argentinas celebraron el fallo. La abogada Luz Palmas, del Centro de Estudios Legales y Sociales, una ONG de derechos humanos que representó a familiares de desaparecidos, destacó que es “el primer juicio en Latinoamérica que logra arribar a una sentencia que dé por cierta la existencia del plan criminal que significó el Plan Cóndor”.
En Uruguay la ex fiscal Mirtha Guianze, actual presidenta de la Institución de Derechos Humanos, aseguró a Radio Uruguay el lunes 30, que el fallo “es importante, pero no innova en el sentido de reconocer el Plan Cóndor”.
“Se reconoció en las sentencias de 2006 y 2007. Esos juicios, que fueron con la Ley de Caducidad vigente, se limitaron a los hechos que habían ocurrido en el exterior”, dijo Guianze, quien actuó en la mayoría de las causas judiciales por las que se encarceló a personas por violaciones de derechos humanos durante la dictadura, entre ellos a Gregorio Álvarez, Juan Carlos Larcebeau y Carlos Calcagno.
Agregó que “es importante ver cómo es la política pública en Argentina y cómo el Estado se ha movido para conseguir las pruebas”.
“En Uruguay estamos prácticamente en que las víctimas son las que tienen que conseguir las pruebas y todo es demasiado lento. La lentitud de los juicios hace que la Justicia no llegue”, dijo.
Y concluyó que lo hecho por Cordero fue “terrorismo de Estado”, porque “viajaba a la Argentina, secuestraba personas y estuvo en las desapariciones y torturas”.
