Corinnavirus real

Se omite destacar como sorprendentes sus bienes en España y en el exterior, sobre los cuales nunca rindió cuentas pese a que fueron adquiridos durante su reinado sin otro ingreso que su asignación presupuestal. En cambio se abunda sobre la variedad (y calidad) de sus amantes (“amigas especiales”) que acumuló durante décadas y que son de dominio público.

En España se sostiene que el ex rey fue clave en el proceso de transición democrática hacia las elecciones de 1977, luego de la muerte del dictador Francisco Franco. Destacan además que en 1981 se mantuvo firme contra una insurrección militar con visos de sainete que encabezó el teniente coronel Antonio Tejero.

Participó tanto allí como aquí, pero de ahí a atribuirle un rol central parece exagerado. Con la presencia del rey o sin él, tanto la democracia uruguaya como la transición española se hubieran concretado como fruto del repudio internacional, de la militancia popular y de la convicción y trabajo de los líderes políticos y sindicales. En España suelen disimular que fue Franco quien instaló a Juan Carlos en el trono. En los hechos, hijo político del dictador. Más tarde, en 1975, una ley lo ratificó en esa condición y la monarquía parlamentaria se consolidó en 1978 con la nueva Constitución.

Los devaneos sociales y amatorios de Juan Carlos y el arbitrario y oculto manejo del dinero obtenido a través de su influyente función quedaron al desnudo en 2014. James Badock, corresponsal del diario británico The Telegraph, reveló que la fiscalía suiza investiga si en 2012 el rey de Arabia Sudita, amigo de Juan Carlos, le pagó una comisión de US$ 100 millones para facilitar la construcción del tren AVE de alta velocidad entre España y La Meca a un costo de 6.736 millones de euros.

De esa comisión Juan Carlos le regaló 65 millones a su última amante conocida, Corinna Larsen. La semana pasada la mujer lo ratificó en una entrevista con la BBC. Por la razón que fuere, Corinna se convirtió en un virus casi imposible de combatir que no solo contagió a Juan Carlos, sino a la monarquía como institución. Y cuando se lee entre líneas, la mujer parece haber acumulado mucha información durante los diez años de relación con Juan Carlos.

Felipe VI, rey desde 2014, cuando su padre abdicó, aparecía como segundo beneficiario de la fundación offshore Lucum creada en Panamá en 2008. Cuando se hizo público, rápidamente tomó distancia y renunció a todo beneficio. Le quitó a su padre su asignación anual y lo radió de intervenciones públicas. Bradock se pregunta con razón cómo mantenía Juan Carlos su rumbosa vida con los 15.000 euros mensuales de su asignación oficial. ¿A nadie de su entorno familiar o del sistema político le llamaba la atención?

Como la ampliación de denuncias y los comentarios sacudían a la monarquía, había que sacar a Juan Carlos del ojo del Huracán. Se refugió en Arabia Saudita, país de origen de la comisión de los 100 millones de euros del AVE. Felipe y los juristas afines al rey sostienen que Juan Carlos comparecerá ante la Justicia cuando sea citado y exigen que se respete el principio de inocencia.

No solo católicos monárquicos quiebran lanzas por Juan Carlos. Sorprende Alfonso Guerra, un socialista de la primera línea que fue diputado, vicesecretario general del PSOE entre 1979 y 1997 y vicepresidente de Felipe González entre 1982 y 1991. Fue enfático: “El rey emérito no puede pasar a la historia en la página de sucesos por mucha importancia que tenga el suceso, tiene que pasar a la historia de otra manera, no se puede tirar al estercolero a la historia”.

Difícilmente sea imputado en España. La Constitución lo blinda de toda actuación durante su gestión que se extendió hasta 2014. Habrá que ver si se ubican delitos anteriores a esa fecha o si el lavado de dinero se sigue cometiendo ahora y es sancionado por la Justicia.

Queda sin embargo el juicio moral que en realidad debe ser mucho más severo porque su sanción no tiene plazo como el judicial. Está protegido. La devoción formal que se le concedió cuando le cedió el trono a su hijo estableció por decreto que conservará el título de rey emérito en forma vitalicia para “plasmar la gratitud por décadas de servicio a España”.

Por todo lo dicho, a los uruguayos que tienen una sólida formación republicana les resultará complicado entender los vericuetos de la monarquía que parece tener a la impunidad como centro, porque también desde el gobierno se digitan los hijos de la justicia.