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Inddhh exige el cierre inmediato del antiguo centro Tribal del INAU por “violencia institucional exponencial”
“La situación exige la adopción de medidas urgentes e inmediatas, al verificarse circunstancias que comprometen de manera directa la integridad física y psicoemocional de los adolescentes y que en ciertas situaciones configura riesgo de vida”, dice la institución
Sede central del Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU).
En un movimiento que eleva la tensión sobre las políticas de niñez en Uruguay, la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (Inddhh), a través de su Mecanismo Nacional de Prevención (MNP), remitió el pasado 2 de marzo un oficio urgente al ministro de Desarrollo Social, Gonzalo Civila, con copia a todos los integrantes del Gabinete de Primera Infancia, Infancia y Adolescencia. En el documento, al que accedió Búsqueda, manifiesta su “preocupación por la urgente e inminente situación de vulneración de derechos con riesgo a la integridad física, psicológica y de vida” de los menores atendidos en el Centro de Breve Estadía para adolescentes varones masculino (CBEM, antes denominado Tribal), y enmarca la denuncia en un monitoreo nacional desarrollado por el MNP de los centros de protección de todo el país entre 2023 y 2025.
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Según el texto, firmado por la directora del Inddhh Jimena Fernández, el estudio reveló una brecha alarmante entre el marco normativo y la realidad institucional, al subrayar que Uruguay mantiene la “tercera tasa más elevada de institucionalización de niñas, niños y adolescentes de América Latina”, con un umbral que se mantiene estancado en los 3.000 residentes en centros de 24 horas. A su vez, detalla que el sistema de protección especial no solo es “ineficiente”, sino que, en ocasiones, profundiza el daño físico y psicoemocional de quienes debería proteger mediante “permanencias prolongadas” que promedian los siete años de institucionalización. Esto se debe, agrega, a una “violencia territorial en aumento”, en la que grupos criminales captan a los menores “antes, durante y después de su paso por el sistema”, y a la exposición a situaciones verificadas de “explotación sexual y/o redes de trata y tráfico”, así como desapariciones de niños y adolescentes del sistema de protección que se han extendido hasta por un año.
En la misma línea, asegura que en Uruguay “no se cuenta con las condiciones para asegurar egresos protegidos” para la mayoría de los niños y jóvenes, e, incluso, denuncia que la acumulación de daño y vulneraciones en sus trayectorias individuales “generan prácticas de discriminación” en los propios organismos públicos e instituciones educativas, así como dificultades para acceder a la Justicia.
“El principal desafío es construir un sistema de protección que efectivamente brinde garantías a las niñas, niños y adolescentes atendidos, que tenga la capacidad para interrumpir las vulneraciones que originan su ingreso y que, al mismo tiempo, repare el daño, restituya derechos y favorezca condiciones para su desarrollo integral”, indica el documento.
Escenario de “violencia institucional”
La situación más crítica se localiza en el CBEM, conocido anteriormente como Tribal, en Montevideo, que el documento describe como “un escenario persistente de violencia institucional”. Según detalla, desde el 2018, el MNP de la Inddhh ha emitido informes y oficios alertando sobre la situación de riesgo en la que se encuentran los adolescentes que están bajo su amparo y, si bien reconoce que las diferentes administraciones implementaron estrategias de mejora, la institución sostiene que se “sigue observando de manera sostenida” situaciones “estructurales de violencia institucional y riesgo inminente a la integridad física y psicoemocional, e incluso de vida”.
Menciona que en enero de este año “se constató una situación de violencia institucional exponencial caracterizada por graves vulneraciones de derechos”, y que se ha constatado la falta de abordajes acordes a la complejidad de las problemáticas que atraviesan los adolescentes, lo que se traduce en un contexto institucional que termina agravando su situación. El oficio relata diferentes hechos ocurridos en 2025, entre ellos el suicidio de un adolescente vinculado al centro mientras se encontraba en una licencia con seguimiento del CBEM; un intento de autoeliminación que dejó a otro joven en estado grave, sin que el centro tuviera condiciones para atenderlo; y el fallecimiento, el pasado 31 de diciembre, de un joven que residía allí hacía apenas 20 días y que no recibió la atención especializada necesaria.
Para la Inddhh, el centro “no se constituye como un espacio reparador y contenedor frente a las múltiples vulneraciones; por el contrario, resulta potencialmente revictimizante y generador de un daño mayor”, insistiendo en que las conductas de los jóvenes no deben abordarse desde una “lógica punitiva”, sino entenderse como “expresiones de sufrimiento psicosocial”.
Ante este diagnóstico, la Inddhh plantea una serie de consideraciones y líneas de acción recomendadas para los organismos integrantes del gabinete, entre las cuales entiende “imprescindible declarar en situación de emergencia” a los adolescentes atendidos en el CBEM, debido a su especial condición de vulnerabilidad, “que alcanzó un nivel extremo de gravedad”.
“La situación constatada exige la adopción de medidas urgentes e inmediatas, al verificarse circunstancias que comprometen de manera directa la integridad física y psicoemocional de los adolescentes y que en ciertas situaciones configura riesgo de vida”, enfatiza al respecto.
El documento propone algunas líneas de acción “sustantivas” para avanzar en un sistema de promoción y protección integral. Entre ellas recomienda la revisión exhaustiva del sistema de protección especial de niñas, niños y adolescentes integrando los principios transversales a todos los derechos humanos para garantizar la prevención, protección y restitución de los derechos de las infancias y adolescencias que se encuentran bajo el amparo estatal. Para ello, agrega, será necesario implementar un sistema que integre el accionar interinstitucional de los diferentes organismos estatales, jerarquizar en los presupuestos sectoriales la atención inmediata y prioritaria de niños y adolescentes que se encuentran bajo el amparo del Estado, y disponer su acceso prioritario a las mejores respuestas del sistema de protección social existentes y a la atención inmediata en salud, en particular en salud mental, entre otros puntos.
Al mismo tiempo, la Inddhh reafirma la necesidad de “adoptar de manera urgente y prioritaria todas las medidas necesarias para garantizar la protección integral de los adolescentes atendidos en el CBEM-ex Tribal, en atención a la situación de emergencia constatada y a la especial gravedad de las vulneraciones de derechos y riesgos inminentes”. Para eso, señala, se deberá “disponer de manera inmediata” el centro por “constatarse de manera sostenida en el tiempo que expone a los adolescentes a riesgos exponenciales de violencia institucional” y, por tanto, no puede garantizar su protección integral. También plantea trasladar de forma inmediata a los adolescentes que se encuentran residiendo en dicho centro a dispositivos que garanticen su protección; disponer un “plan de abordaje integral y reparación del daño” a todos los adolescentes por haber sufrido situaciones graves de violencia institucional, y brindarles atención inmediata en salud, en especial en salud mental.
