Corporativismo judicial

Preocupa porque la presunta defensa de la jueza del Crimen Organizado de 2º turno, María Elena Mainard, disfrazó una realidad de extrema sensibilidad y angustia para los ciudadanos. Nadie puede negar que el poder material o económico del narcotráfico se ejerce en diferentes ámbitos, como en este caso en el judicial, mediante la falsificación de documentos presuntamente oficiales. Lo peor es que los delincuentes conocen de afuera y de adentro las vulnerabilidades del sistema. Sin un freno firme, se agrandan.

Un informe de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos que reprodujo El País advierte que esas organizaciones son cada vez más poderosas e incontenibles en la región, en especial en grupos brasileños y argentinos. Casi todas utilizan la hidrovía Paraguay-Paraná para su tráfico de drogas a Europa y con frecuencia el Puerto de Montevideo, donde también untan bolsillos con plata sucia.

La errónea decisión de Mainard de concederle la prisión domiciliaria al narcotraficante Juan Antonio González Bica con la excusa de recibir sesiones de diálisis terminó con su fuga. El narco rompió la pulsera electrónica de control.

La decisión se basó en documentos falsos que pasaron el control de la jueza, que los dio por buenos. Ante la insistencia de la fiscal que intervenía, Mainard envió luego un oficio de consulta (burocrático trámite escrito) al Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) para averiguar si podían atender al recluso. Pero ya estaba todo cocinado. Cuando el INR respondió que podía darle asistencia, González Bica estaba desaparecido. Mainard pudo informarse personalmente o mediante una simple llamada telefónica, pero no lo hizo. La morosidad que genera la burocracia atrapa.

Con toda razón Heber reaccionó con dureza criticando esa decisión que le causaba “indignación”. ¡Qué menos! Más tarde reiteró sus críticas cuando Mainard, a raíz de un habeas corpus, ordenó flexibilizar las condiciones de reclusión del narcotraficante Ricardo Cáceres Correa, condenado por narcotráfico, extorsión, violencia privada y lesiones personales. Por su peligrosidad estaba en una cárcel de máxima seguridad dentro del perímetro del Comcar que la jueza consideró excesiva.

Con adjetivos demagógicos, la AMU le atribuyó al ministro “reiterados ataques” a los jueces, “afectación de la independencia judicial” y exponer a Mainard al “escarnio público”. Falso, porque nada de eso dijo.

La cara visible de la AMU ante los medios fue el presidente del gremio, Leonardo Méndez, pero tan responsables como él son los restantes directivos: los magistrados María Alejandra Álvarez, Rodrigo Maciel, Jimena Rosas, Darwin Pandolfi, Viviana Galletto, Lorena García y Adriana Cittadino. ¡Habrá que estar alerta y que a nadie se le ocurra criticar cualquier decisión judicial porque la AMU lo excomulga!

Tan alerta como sobre las posiciones gremiales de los jueces habrá que estar para defender y garantizar la constitucional libertad de expresión y evitar que se la cercene como pretenden quienes nos juzgan a todos. Se creen impunes y por encima del bien y del mal.

Si recorremos el pasado reciente, la AMU nunca cuestionó duramente la deshonestidad de sus asociados procesados y condenados por diversos delitos. Una tibia excepción fue el caso de la exministra del Tribunal de Apelaciones y dos veces presidente del gremio, Anabella Damasco, condenada por apropiación indebida y estafa sobre cuya criminalidad AMU expresó “sorpresa y congoja”.

Luego de los reproches de la AMU, Heber reflexionó: “Me preocupa mucho que no se tenga debida conciencia de que nos estamos enfrentando a una organización muy poderosa, que está haciendo daño a la sociedad uruguaya. Y que la ley tiene que ser muy dura con esa gente: entre otras cosas genera hurtos, rapiñas y homicidios. No vamos a bajar los brazos”.

Más tarde la propia Justicia le dio la razón. Mercedes Acosta, abogada de González Bica, y el falsificador fueron procesados por falsificación de los documentos que habilitaron la fuga del narcotraficante. Mientras, la Suprema Corte de Justicia reclamó a los jueces información sobre casos similares.

Esta parece ser la punta de una madeja corrupta que comenzó a desenredar con energía la fiscal Mónica Ferrero. Es que la jueza de Crimen Organizado de 1er turno, Adriana Chamsarian, admitió haberle concedido prisión domiciliaria al narcotraficante Miguel Ángel Leal da Costa sin pulsera de control, lo que facilitó su fuga. Fue sancionada por la Corte con un proceso disciplinario y un traslado y hay otros casos bajo investigación.

Mientras tanto, respecto de Mainard la Corte le sigue una investigación administrativa. Al cabo de esta el máximo organismo judicial decidirá si toma alguna medida sancionatoria o se pliega al corporativismo de la AMU.

Se trata de un viejo aserto pero mantiene plena vigencia. El francés Albert Camus, filósofo y premio Nobel de Literatura, dijo: “Si la humanidad fracasa en conciliar la Justicia y la libertad, fracasa en todo”.

Así nos va.