“Me hicieron el carné, me presentaron compañeros, me llevaron a la parte de stock y envasado. Todo estuvo bien. En un momento, le dije a una subjefa que soy TEA (trastorno del espectro autista). Eso solo para que supiera que capaz que algunas cosas me podían costar más, que iba a preguntar más”, le cuenta a Búsqueda este joven de 21 años. Había dejado quinto año en el turno nocturno del Liceo 10 por esta oportunidad laboral largamente esperada. Ya había informado de su condición en aquella entrevista. Ese aviso a su superiora ocurrió entre el primer y el segundo día, el martes 5, el que pasó, sobre todo, envasando mercadería.
El miércoles 6 fue su tercer y último día. Preguntó qué hacer y uno de los encargados lo llamó a su oficina. “No vas a hacer los tres meses a prueba”, le dijo. “¡Ah!, ¿ya quedé?”, preguntó Alan. “No, lamentablemente, te tenemos que despedir”, le respondieron. Que no encajaba con “el perfil” que buscaban. Que estaban necesitando “una mujer” en el puesto, algo que nunca se había manejado antes. Que se fuera lo antes posible, “de inmediato”. Paralizado, firmó algo que aún no sabe qué fue. No recibió copia de eso. Se fue.
“En ese momento, él no se dio cuenta de que sufrió discriminación. Él solo se preguntó qué hizo mal”, dice su madre Patricia Ballesta, empleada pública, a Búsqueda. Como expresidenta de la Asociación Asperger TEA del Uruguay (ATU) y como madre de Alan, sabe perfectamente cuáles son las barreras que la sociedad suele levantar ante la población neurodivergente. “Es una continua vulneración de derechos y discriminación. Lo fue en la escuela, en el liceo, ahora en lo laboral. A mí solo me ha faltado encadenarme a alguna reja para reclamar”, añade.
Por ley, se entiende por personas con discapacidad a aquellas con “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales de largo plazo” que, “al interactuar con barreras del entorno”, no puedan desarrollarse como los demás. En alguien TEA (desde los colectivos se defiende la perspectiva personal y no la del trastorno, por lo que prefieren decir que “se es TEA” y no “se tiene TEA”) su capacidad de comunicación e interacción social es su mayor déficit. Alan, además, está inscrito en el Registro Nacional de Personas con Discapacidad por su diagnóstico.
Otra norma invocada fue la Ley 18.651, de Protección Integral de Personas con Discapacidad, que obliga al Estado a darles el 4% de los puestos laborales a ser llenados por esta población. La tercera fue la 16.045, que prohíbe todo tipo de discriminación en el ámbito laboral.
En la denuncia, a la que accedió Búsqueda, se pedía “una inspección urgente” en ese supermercado e investigar “la eventual existencia de prácticas discriminatorias” en el despido de su hijo.
Pese a que la denuncia no tuvo andamiento, la situación de Alan puede tener una vuelta de tuerca. A través de su agencia de comunicación (Signo), GDU reconoció, luego de ser consultados por este semanario, que este caso “se trató de un error no solo en la evaluación inicial, sino también en la forma en que posteriormente se manejó la situación con el trabajador”. Fue “un error de comunicación”, resumió.
La empresa —que inició una revisión interna de lo ocurrido el martes 19, fecha en la que el “padre del joven” se comunicó con ellos— explicó que, en una primera instancia, “no se analizó adecuadamente si el área en la que (Alan) comenzaría a desempeñarse era la más adecuada para sus necesidades”.
GDU “pidió disculpas” y aseguró que el joven “podrá incorporarse nuevamente a trabajar en un rol que se adapte tanto a sus necesidades como a las de la compañía”. Justamente, el “error de comunicación” fue no haberle explicado que “existen otros sectores dentro de la empresa donde podía desempeñarse”.
En ese comunicado, la empresa añadió que tiene “más de 50 personas con discapacidades o capacidades diferentes trabajando en distintos roles y áreas”.
Ese eventual desenlace resuelto entre privados es la perspectiva más positiva que maneja la familia, ya que la respuesta del MTSS no fue la esperada. “Me dijeron que como él ya estaba desvinculado de la empresa, ya nada podían hacer”, afirma Ballesta. También denunció lo ocurrido en la Institución Nacional de Derechos Humanos (Inddhh) y en el Instituto Nacional de Discapacidad del Ministerio de Desarrollo Social (Mides). “Ahí me comunicaron que ellos se ocupan más de estos casos cuando pasan en la órbita del Estado”, añade.
“Sería bueno tener mi plata, mis amigos hablan de lo lindo que es ganar su propia plata, y yo no tengo ni cien pesos...”, dice Alan. Todos los días revisa las webs con información laboral en las que está anotado, como Uruguay Concursa y el Instituto Nacional de Empleo y Formación Laboral (Inefop, donde le sugirieron a su madre que eliminara el concepto TEA de su currículum), así como de las cinco apps de búsqueda de trabajo que bajó en su celular. Y nada.
“La inclusión laboral de esta población es... terrible”, dice Ballesta.
El Censo 2023 reflejó que en Uruguay 21.465 personas declararon ser TEA. Según la agrupación Adultos Autistas del Uruguay, en este país hay un subdiagnóstico: ese número representa el 0,7% de la población, que a nivel mundial se ubica más en el entorno del 1%.
De acuerdo con esa misma asociación, y sobre la base de estudios internacionales, el 80% de esta población en el mundo está desempleada o subempleada. Uruguay no es la excepción.
Contexto
Ni el autismo ni el asperger —considerado antes como una variante de alta funcionalidad, que recién en 2013 fue incluida dentro del espectro— son enfermedades. Según el DSM-V, algo así como la biblia de los trastornos mentales, el TEA se divide en tres niveles de gravedad según sus dificultades de interacción social con sus pares (e incluso con sus familiares) y comportamientos repetitivos. Desde ser “el raro” de la clase (algo que los vuelve especialmente propensos a ser víctimas de bullying, ya que, aunque no tengan dificultades cognitivas, su inteligencia emocional no está a la par del resto) hasta quienes apenas se vinculan con su entorno. Ballesta recuerda la emoción de los padres que integraban ATU (que nació como un grupo de Facebook) cuando veían que sus hijos jugaban por primera vez con otros en una placita, se ataban los cordones solos, les sostenían la mirada o incluían algo nuevo a su muy poco variado menú.
Si algo falta en un universo tan amplio son estadísticas certeras. La actual presidenta de ATU, Verónica Figueira, señala que aproximadamente el 10% de los jóvenes TEA puede culminar la educación secundaria, hoy casi un requisito básico para entrar al mercado laboral. Raquel Navarro, directora general de la Asociación Autismo en Uruguay, dice que a nivel mundial se maneja que “aproximadamente la mitad de los adultos autistas, si fueron correctamente tratados en la niñez o en la adolescencia, están habilitados a desarrollar una tarea” que se pueda entender como trabajo. Esto equivale más o menos a la proporción de TEA nivel 1 que hay en el total, agrega. El empleo no calificado, tareas sencillas y rutinarias es el destino mayoritario para esa población.
Amalia Zinger, vocera de Adultos Autistas Uruguay, diagnosticada ya de adulta, es arquitecta. No es la única profesional de ese grupo, donde también hay comerciantes, empleados, cuentapropistas, funcionarios públicos y otros en la eterna y difícil búsqueda. El subempleo, trabajar (y ganar) menos horas que lo habitual, es sumamente frecuente, a tono con la tendencia global. “Que me haya recibido no quiere decir que no haya tenido problemas. No se trata solo que no sepamos comprender el sarcasmo”, se permite bromear. Si bien hoy la interacción social no le resulta un problema, sí lo fue durante su niñez y adolescencia, cuando obviamente vibraba en una sintonía distinta al resto. En su agrupación, que define como “un colectivo de ayuda mutua, que comparte experiencias y problemas”, el acceso al mercado laboral es uno de los principales problemas, mucho más que para el grueso de la población.
“Si bien cada uno tiene problemas diferentes, hay dos grandes barreras comunes. Una es la sensorial: a los autistas nos resulta muy difícil funcionar en ambientes muy ruidosos o iluminados en exceso. Lo otro, obviamente, es la interacción social: a veces es difícil que no haya malentendidos en una simple entrevista de trabajo”, resume.
Zinger apunta a las “adaptaciones razonables”, concepto que gira en torno a las modificaciones en el ambiente laboral para que una persona con discapacidad pueda trabajar a la par de los demás, como una herramienta para facilitar la inserción. Esto puede incluir la reducción del uso de parlantes en una oficina o la iluminación. “En un lugar con mucha luz o mucho ruido se nos ‘gasta’ el cerebro y terminamos no funcionando”, dice, y señala que eso puede desembocar en enfermedades derivadas del estrés. “Claro, eso muchas veces es visto como caprichos. Por más que se diga lo contrario, la gente es poco tolerante”, añade.
El contexto institucional tampoco ayuda. A criterio de la arquitecta, la Ley 19.691, de 2019, es una norma “con la que todo el mundo quedó bien”. Sin embargo, al no estar reglamentada, “no hay forma de hacerla cumplir”. De esta propia agrupación también tienen reparos hacia la Ley 18.651, referida al Estado. No hay una penalización, entonces, tampoco hay nada que se pueda hacer si no se cumple, señalan ahí. El muy elevado porcentaje de desempleo y subempleo, aseguran en Adultos Autistas del Uruguay, es una consecuencia lógica. “Y eso que acá somos todos autosuficientes”, dicen en ese colectivo.
