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La ley sobre funcionamiento de los partidos políticos tiene “problemas de aplicación” y a la Corte Electoral le “faltan recursos humanos, materiales e infraestructura” para poder controlar lo que gastan en sus campañas los partidos políticos, los que además presentan rendiciones de cuentas que “no reflejan exactamente la realidad” de lo que invirtieron.
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Ese es el panorama que presentaron los ministros de la Corte Electoral cuando, el miércoles 27, asistieron a la Comisión Especial del Senado que analiza la financiación y publicidad electoral de los partidos políticos. La comisión fue creada para analizar si se debe actualizar la legislación para mejorar los controles y evitar posibles casos de corrupción. El tema genera preocupación entre los dirigentes políticos, que además quieren abatir los gastos de campaña.
La ley que regula el funcionamiento de los partidos políticos fue aprobada en mayo de 2009. El Parlamento estableció en ella la forma en que se constituyen los partidos y los dos mecanismos para financiar las campañas electorales: el pago que hace el Estado por voto y los aportes del sector privado.
El presidente de la Corte Electoral, José Arocena, dijo que después de las elecciones de 2014 quedó demostrado que hay “problemas de aplicación” de la ley porque al organismo le “faltan recursos humanos, materiales e infraestructura”. Y añadió: “¿Qué es lo que hace actualmente? Revisa las rendiciones de cuentas. Porque, por ejemplo, en las elecciones municipales y departamentales del 2015 se presentaron 1.014 listas y se debería revisar la rendición de cuentas de cada una de ellas. Nosotros aspiraríamos a tener los medios no solo para revisar sino también para auditar”.
Arocena informó que hoy la Corte Electoral tiene “solo tres contadores” que están ocupados con la “gestión ordinaria” del organismo. Por eso, los integrantes de la Corte plantearon a los legisladores la necesidad en contar con más profesionales para hacer otras tareas.
El vicepresidente de la Corte, Wilfredo Penco, dijo que las rendiciones de cuentas que presentan los partidos luego de cada elección “no reflejan exactamente la realidad”.
Penco señaló que “muchas veces” los partidos redistribuyen la masa de dinero que reciben por los votos obtenidos, lo que “no corresponde exactamente” al “monto por voto que obtuvo cada lista”.
Indicó que la ley tiene más problemas. Establece un monto máximo a donar por persona de 300.000 unidades indexadas (al valor actual, $ 1.031.130). A la vez, prohíbe que las empresas concesionarias o adjudicatarias de obras públicas aporten a los partidos y candidatos. En esto se plantean dos inconvenientes, dijo Penco. “En primer lugar, hay empresas que son al mismo tiempo adjudicatarias de obras públicas y concesionarias de servicios públicos. Esta situación genera una dificultad interpretativa muy importante. En segundo término, hay otro problema que refiere a las empresas adjudicatarias de obras públicas, por cuanto el legislador estableció que los partidos, sectores internos o listas de candidatos no podrán aceptar donaciones directa o indirectamente. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que un director de una empresa adjudicataria de obra pública tampoco puede efectuar una contribución a título personal a un partido político porque sería una forma indirecta de eludir la prohibición?”, se preguntó.
Candidatos empresarios.
El miércoles la comisión también recibió al catedrático de la Facultad de Ciencias Sociales y director de Factum, Oscar Bottinelli. Para el experto en temas electorales, la ley de partidos políticos “ha fracasado un poco” en cuanto a los controles. “Incluso, hemos visto algunas escapatorias porque la ley establece que no puede contribuir ninguna empresa que sea concesionaria pública, pero si un notorio concesionario público realiza grandes contribuciones, dice que como persona no está impedida, que quien está impedida es la sociedad anónima. Es decir que han surgido escapatorias a la ley. No se han implementado controles porque son caros y, a su vez, han surgido escapatorias”. Una situación de este tipo se dio con Eduardo y Martín Eurnekian, cuyas empresas tienen concesiones con el Estado, pero la Corte Electoral entendió que sus donaciones a las campañas fueron a título personal, según informó el portal “Sudestada” en abril de este año.
Bottinelli planteó además su preocupación por la presencia de candidatos con mucho dinero pero sin respaldo de un partido. “Se trata de los partidos apuntalados por la riqueza personal de un candidato o de un líder”, advirtió. “El caso más paradigmático es el de Silvio Berlusconi, pero también lo es el de Álvaro Novoa en Ecuador, con capacidad para financiarse toda la campaña electoral. En esos casos, no adquieren compromisos externos, no tienen que salir a recaudar fondos, no necesitan del Estado y tienen una ventaja competitiva sobre el resto del sistema político”.
