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Las críticas que el senador de Cabildo Abierto Guido Manini Ríos pronunció en el Parlamento sobre el procesamiento del exmilitar Lawrie Rodríguez fueron muy similares a los argumentos planteados por la defensa del imputado en una denuncia que presentó en la Suprema Corte de Justicia contra la jueza del caso.
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A pedido del fiscal Ricardo Perciballe, la magistrada Isaura Tórtora dispuso el 26 de marzo el procesamiento con prisión de Rodríguez por el crimen del militante anarquista Iván Morales. Tras conocer el fallo, la defensa del exmilitar presentó ante la SCJ una denuncia contra la jueza, cuestionando que haya dispuesto el procesamiento y la detención de una persona de avanzada edad y con problemas de salud durante la situación de emergencia sanitaria provocada por el Covid-19.
Además, criticó que la decisión se tomara mientras el Poder Judicial se encuentra funcionando bajo un régimen excepcional de feria, cuando solo se tramitan casos urgentes. Habilitar el trámite del caso y disponer el procesamiento en esas circunstancias demuestra una “absoluta falta de conciencia social, empatía y sensibilidad”, y pone en riesgo el “derecho a la salud” del involucrado, sus familias y abogadas, sostuvo la denuncia, a la que accedió Búsqueda.
Pocos días después, el senador Manini Ríos, ex comandante en jefe del Ejército, generó controversia al plantear reparos similares en una intervención en el Palacio Legislativo. “En un momento de feria judicial sanitaria en la cual la Justicia no actúa en un sinnúmero de casos, hace un par de semanas sí hubo justicia para encarcelar a un militar de avanzada edad y con enfermedades varias”, afirmó. “¿Hasta cuándo seguirá actuando este tipo de venganza? ¿Hasta cuándo se seguirán procesando y encarcelando militares octogenarios por hechos ocurridos hace 50 años?”, cuestionó.
Tras recibir la denuncia, la Corte pidió a la jueza un informe sobre sus actuaciones, y luego de analizar los argumentos, decidió no dar trámite al reclamo, informaron a Búsqueda fuentes de la corporación.
Según explicaron, la jueza indicó que el expediente se encontraba para resolución desde mediados de febrero y que dispuso el procesamiento ante el riesgo de fuga. Además, informó que la defensa solicitó la prisión domiciliaria del procesado, y que se dispuso la revisión por parte de un médico del Instituto Técnico Forense para evaluar esa posibilidad.
En su resolución, adoptada el lunes, la Corte consideró que la decisión de habilitar la feria para dictar el procesamiento es un asunto “enteramente jurisdiccional” sobre el cual no corresponde que emita opinión, ya que rige la independencia técnica de los magistrados. Por lo tanto rechazó el reclamo y no dio trámite a la denuncia.
