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    Crece el peso estatal en la economía a máximos en la década

    Cada cierto tiempo resurge en Uruguay la discusión sobre el rol del Estado en la economía, aunque entre los que están de uno y otro lado existe relativa coincidencia en que tiene un peso relevante. Ello es notorio en algunos sectores de actividad —en particular los monopólicos o con baja competencia—, si bien resulta difícil estimar con exactitud la participación del sector público.

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    Una aproximación de esa magnitud la da el empleo público. La cantidad de vínculos laborales con el Estado pasó de 305.023 al término de 2015 a 306.269 un año después (suba de 0,4%), lo que representa 17% de todos los ocupados. Dicha proporción había bordeado el 22% a comienzos del siglo, bajó a niveles de en torno a 16% entre 2006 y 2012, volvió a aumentar, y después se estabilizó desde 2013.

    En departamentos como Treinta y Tres, Durazno y Cerro Largo los cargos públicos llegaron a ser el año pasado casi uno de cada cuatro empleos. El mínimo era uno de 10, en Canelones.

    Estos datos de 2016 forman parte de la información entregada por el Poder Ejecutivo junto con el proyecto de ley de Rendición de Cuentas y Balance de Ejecución Presupuestal que entró al Parlamento la semana pasada. Tras surgir algunos cuestionamientos, la Oficina Nacional de Servicio Civil defendió el aumento del número de funcionarios públicos ese año alegando que fue para reforzar áreas consideradas prioritarias. “En esto no hay milagros: o hay mayor cobertura docente, o hay mayor cobertura médica. O si no, es una declaración de propósitos”, dijo su director, Alberto Scavarelli, el jueves 22 en una conferencia de prensa.

    Otra medida de la participación estatal en la economía surge de comparar los costos laborales (la masa salarial) en los que incurrió el gobierno central con el Producto Bruto Interno (PBI). Utilizando datos del balance de ejecución presupuestal de 2016, Búsqueda calculó que el conjunto de remuneraciones, cargas legales y beneficios sociales por sus empleados sumaron el equivalente a US$ 4.271 millones, lo que representó 8,1% del PBI.Ello significó un incremento frente a 2015, cuando esa relación era de 7,8%. Dicho peso de las áreas del sector público abarcadas por el Presupuesto Nacional es el mayor, al menos en lo que va de la presente década.

    En 2016 el costo de personal del gobierno central fue 30% del total de los gastos de funcionamiento e inversiones. El inciso que más dinero destinó al rubro fue la Administración Nacional de Educación Pública (unos US$ 1.470 millones), que a fin del año pasado contaba con casi 87.300 vínculos laborales.

    El proyecto de Rendición de Cuentas que ahora empieza a analizar el Parlamento propone para 2018 un incremento de fondos (US$ 72 millones, que se suman a otros US$ 100 millones ya previstos en leyes anteriores), precisamente en mejoras de salarios docentes y en el Poder Judicial, además de reforzar la seguridad pública y el sistema de cuidados.

    El método de comparar la masa salarial pública con el PBI es aceptado como una aproximación a la magnitud del Estado de los países, más allá de que las variaciones en el costo laboral como porcentaje del Producto muchas veces obedecen a cambios en la economía en los años específicos, así como al peso de la actividad estatal en otros niveles administrativos y las entidades descentralizadas (que no fueron incluidas en el cálculo, dado que están por fuera del Presupuesto Nacional y las rendiciones de cuentas). De hecho, un estudio del Banco Interamericano de Desarrollo publicado en 2014 estimaba, para 2012, que la administración pública representaba 5,6% del PBI en el promedio de los países de la región. La tendencia era de un crecimiento.

    Liberalismo “cool ”

    Desde los albores de la modernidad como país, Uruguay quedó marcado a fuego por el Batllismo y la idea del Estado como escudo de los débiles, un legado ideológico que hasta hoy es disputado por colorados y grupos de izquierda. Así, con frecuencia la participación estatal en la economía reaparece como motivo de planteos y debates. Usualmente, de un lado se ubican los empresarios y sectores políticos liberales que pretenden menos injerencia, y del otro los sindicatos y el Frente Amplio. Con nuevas denuncias sobre supuestos manejos irregulares en Ancap y la Rendición de Cuentas como telón de fondo, el tema sobrevuela la agenda pública actual.

    El martes 13 la Confederación de Cámaras Empresariales —que reúne a cerca de una veintena de organizaciones— envió una nota al presidente Tabaré Vázquez en la que se expresó a favor de un sector público “robusto y eficiente, tanto en la prestación de servicios básicos como en el aseguramiento del buen funcionamiento de los mercados, permitiendo el mayor espacio para el desarrollo del sector privado, que es el principal generador de riqueza de una nación”. También bregó porque se reduzca el gasto público y la suspensión de nuevos ingresos de funcionarios al Estado, “al menos hasta que se corrija el resultado de las cuentas públicas”. El déficit fiscal se ubicó en unos US$ 1.880 millones en los 12 meses cerrados en abril, es decir 3,5% del PBI, según datos oficiales.

    “Cada tanto estamos con problemas de déficit fiscal, y eso pasa cuando la actividad se enlentece, aunque sea un poquito, porque nos gastamos todo cuando la cosa anda bien. Ese fenómeno no tiene color político, sino que nació con el Uruguay independiente; siempre tuvimos inconducta fiscal”, se quejó la presidenta de la Academia Nacional de Economía y gerenta de UniónCapital AFAP, María Dolores Benavente, en declaraciones al semanario Crónicas publicadas el viernes 23.

    Por su parte, Axel Kaiser, un abogado liberal y director ejecutivo de la chilena Fundación para el Progreso, dijo en El País el sábado 24 que en Chile y Uruguay “hay discursos demagógicos redistributivos que se van instalando y ponen el acento de manera muy irracional en la desigualdad, y piensan en nuevos impuestos y en hacer crecer al Estado, generar nuevas redes clientelares, acabar con instituciones más de libre mercado que pueden haber existido antes. Eso es preocupante porque los países que se terminan arruinando no se arruinan de un día para otro. Cuando empezamos con estas tendencias que vemos en Chile y Uruguay de mayor restricción a la libertad económica, de nuevos impuestos que se crean, terminamos en un camino que genera problemas económicos”.

    Las apreciaciones de Kaiser —quien disertó el miércoles 28 en un evento organizado por la Cámara Nacional de Comercio y Servicios— fueron criticadas por un jerarca del gobierno. Álvaro García, director de Planeamiento y Presupuesto, escribió en su cuenta de Twitter: “Fórmulas viejísimas y archiconocidas que nuestros países sufrieron duramente, en envases nuevos: El liberalismo ‘cool’ para pocos”.