Durante dos horas hubo una “lluvia” de preguntas y el interés del público —en general de parte de socios y asesores jurídicos y notariales de inmobiliarias afiliadas a la gremial— por obtener respuestas que dejó en evidencia la preocupación del sector por el posible impacto del acuerdo en sus negocios y también por el proyecto de ley que, entre otras cosas, obliga a identificar en un registro a los titulares de las sociedades a estudio del Parlamento.
El expositor dijo que “seguramente” la puesta en práctica del acuerdo bilateral con Argentina provocará un “reacomodo” de los capitales dirigidos al mercado inmobiliario uruguayo.
El nivel de transacciones inmobiliarias se desaceleró en los últimos meses y los operadores puntaesteños acusan el impacto.
Escaparse de a poco.
En la noche del miércoles 13 las consultas que en varias oportunidades encabezó el presidente de la Cámara Inmobiliaria Uruguaya, Gabriel Conde, intentaron agotar las posibilidades jurídicas y la casuística para sortear el eventual impacto en sus clientes argentinos a partir de las respuestas que ensayaba Costa munido de un micrófono de corbata.
De la interacción con el disertante surgieron algunas advertencias y consejos que merecieron anotaciones y comentarios del estilo: “Hecha la ley, hecha la trampa” o “¡se van a venir un montón!”.
Entre las advertencias, Costa señaló a los inmobiliarios que la Dirección General Impositiva (DGI) tiene un registro patronímico desde el 2004 por el cual conoce a qué persona física o jurídica pertenece determinada propiedad, sugiriendo que asesoren al respecto a sus clientes.
“Muchos argentinos tienen interés de sacar la residencia acá” y “hay gente que se está viniendo”, informó el experto.
“De alguna forma si yo tengo la cédula uruguaya, puedo empezar a escaparme de a poco”, ilustró. Y opinó: “Creo que es psicológico (...) Si saco la residencia, de alguna manera me traigo la familia y empiezo a generar vínculos de ligazón con Uruguay... De a poco eso está pasando”, señaló.
Según cifras de la Dirección Nacional de Identificación Civil proporcionadas a Búsqueda, en lo que va de este año 864 ciudadanos argentinos tramitaron la cédula de identidad uruguaya. Eso es más que las 650 que fueron gestionadas por personas de esa nacionalidad en todo 2011 y, de mantenerse esa tendencia se llegaría a unas 1.800 cédulas, lo que supondría un récord para los años recientes. En efecto, 492 argentinos tramitaron ese documento en 2008, lo hicieron 653 en 2009 y 776 en 2010 (ver gráfico).
Las consultas en la charla intentaron discernir si es necesaria la residencia legal para obtener la “residencia fiscal”, algo que hoy no es un requisito.
De acuerdo a un dictamen de la DGI recogido por un boletín tributario, una persona física adquiere la calidad de “residente fiscal” “cuando permanezca en territorio uruguayo más de 183 días durante el año civil” o si radica en el país el “núcleo principal o la base de sus actividades o de sus intereses económicos o vitales” (cuando genera rentas de mayor volumen que en cualquier otro país). Ese organismo es el que emite los certificados acreditando la residencia fiscal en Uruguay.
Según consultas realizadas por Búsqueda, la tramitación por parte de extranjeros de la residencia en Uruguay “se está dando mucho, desde hace un tiempo”. Primero obtienen la residencia legal y luego terminan con la fiscal, ampliaron.
Explicaron que eso es relevante por ejemplo para las explotaciones agropecuarias, porque de ser sociedades anónimas están obligadas a tener sus acciones identificadas o nominadas. Y en el caso de que no hayan declarado esos activos en Argentina, si los accionistas pasan a ser residentes fiscales uruguayos entonces no cabe lugar a que la AFIP pretenda cobrarles impuestos.
Costa también fue consultado por los agentes inmobiliarios acerca de la estrategia de poner una propiedad a nombre de una sociedad del exterior con acciones al portador, en especial de origen panameño. “Nunca vi tantas (sociedades) panameñas”, admitió ese experto, que aclaró que no se dedica al negocio de constituir esas empresas y venderlas.
Fuentes de un estudio que sí lo hace consultadas por Búsqueda dijeron que el uso de las sociedades panameñas se ha incrementado en los últimos años para la tenencia de inmuebles. Señalaron que el “exito” de recurrir a las mismas radica en que son las más conocidas, tienen la facilidad del idioma (no requieren de traducción en los documentos societarios), continúan siendo al portador y resultan fáciles de administrar.
El costo aproximado de una sociedad panameña es de entre U$S 1.200 y 1.500, agregaron.
En términos tributarios, las personas físicas y jurídicas no residentes en Uruguay pagan por las ganancias obtenidas en el país el 12% por concepto de impuesto a la renta, mientras que las empresas residentes abonan 25% de Impuesto a la Renta de las Actividades Económicas más el 7% adicional si distribuyen dividendos.
Durante su exposición Costa explicó por qué para Uruguay era “muy difícil” evitar un tratado de intercambio de información con Argentina y opinó que el texto “estuvo muy bien negociado” y preguntó: “¿Podía ser mejor? No tengo duda, pero con el respeto de estar en la vereda de enfrente”.
Se mostró confiado en que la DGI no accederá a pedidos masivos de información, al estilo “expediciones de pesca”. “Uruguay es muy formalista. Va a ser muy celoso de los datos. Creo en esta administración tributaria”, señaló.
El freno inmobiliario
Uno de los destinos donde los argentinos dirigieron sus inversiones en “ladrillos” en los últimos años fue en Punta del Este. Allí se localizan edificios enteros que pertenecen por ejemplo, a un grupo de amigos “del golf” que viven en Córdoba y vienen a pasar el verano juntos con sus familias.
Desde el anuncio de su negociación, el convenio fiscal generó incertidumbre en el mercado inmobiliario y ralentizó las operaciones, que en algunos casos quedaron en stand by.
Según fuentes del sector, algunos proyectos importantes de origen argentino ahora “buscan otros horizontes” menos convulsionados por los cambios en las reglas jurídicas (como el proyecto de identificación de participaciones patrimoniales al portador con media sanción legislativa) y tributarias.
En el último año Maldonado vivió el período de mayor inversión inmobiliaria de su historia, con unos 723.000 metros cuadrados gestionados para realizar obras y operaciones por unos U$S 2.000 millones.
Pero esa expansión inmobiliaria se desaceleró al iniciarse este año, según datos de la comuna fernandina: entre enero-abril cayó 30,5% el área solicitada para edificar, en relación a igual lapso de 2011 (Búsqueda Nº 1.664).
En esa línea, el asesor de la Dirección General de Turismo de la Intendencia de Maldonado, Ramón de Isequilla, proyectó el viernes 15 en un seminario organizado por la Universidad ORT que las operaciones del mercado de viviendas en Punta del Este este año rondarán los U$S 1.470 millones, lo que significaría una caída de alrededor de 26% frente al año anterior.
Señaló que la cantidad de obras en 2012 se ubica en 79, aunque apuntó que dentro de ese número hay algunas iniciadas en años anteriores (desde 2006) que no se han finalizado porque “no todas se venden con la misma rapidez”.
“Hoy encontramos señales que indican” que el flujo de capitales para el sector “puede llegar a variar”, dijo Isequilla a Búsqueda. Añadió que “de hecho” eso se “ha producido en los últimos meses”.
Opinó que el mercado puntaesteño “va a salir fortalecido ya que el mismo valora un desarrollo ordenado y mira con desconfianza los crecimientos desmedidos (...) depurando algunos oportunismos, producto de la trascendencia mediática que tuvo la actividad en los últimos años”.
En el mismo seminario, titulado “Situación y perspectivas del mercado global, regional y local de los negocios inmobiliarios”, el economista Horacio Bafico dijo que el aumento del tipo de cambio va a impactar en el mercado inmobiliario en general, porque el hecho “genera incertidumbre” a la hora de tomar decisiones de compraventa, y se suma a una serie de factores como la desaceleración de la economía, la probable desmejora del mercado laboral y las presiones inflacionarias, etc.
En un análisis por sector, planteó que el segmento de inmuebles suntuarios podría tener “problemas” por la situación de Argentina y aludió a la caída que registró en abril (23,5%) la recaudación del Impuesto a las Transmisiones Patrimoniales.
Dijo que el sector de viviendas “medio” ha mostrado “cierto dinamismo” por el aumento del ingreso de los hogares y el crédito bancario, aunque consideró que si el mercado laboral desmejora podrían presentarse algunos problemas de pago.
Para el mercado de viviendas de interés social, Bafico evaluó que la evolución de los costos de la construcción, en especial de la mano de obra, puede encarecer y dificultar este tipo de desarrollos.
Por su parte, el operador inmobiliario Julio Villamide dijo que el valor de las propiedades no refleja un aumento desmedido y afirmó que “no hay un fenómeno de burbuja” ni en Montevideo ni en Punta del Este.
Consideró que en el escenario actual de “incertidumbre” comienza a “pesar la decisión de los argentinos” que están esperando “a ver qué pasa” e inciden “mucho más” las restricciones a la compra de dólares del gobierno de Fernández.
La Intendencia de Maldonado afirma en un informe citado en “El País” el martes 19 que es “altamente factible” que los inversores retomen su actividad cuando perciban que el tratado de intercambio de datos fiscales no tendrá efectos “tan perjudiciales”. Sin embargo, señala que “no se descarta un impacto en el mediano plazo de persistir la situación internacional y regional” de crisis e inestabilidad.
Contratapa
2012-06-21T00:00:00
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